El borrador
se centra en la explotación e hipoteca nuestras
reservas de agua
07 febrero 2006 - Madrid, España
— Greenpeace presentará hoy sus objeciones
al borrador para la modificación del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) en materia de
aguas subterráneas en la reunión que
se celebrará esta tarde entre asociaciones
ecologistas y la Dirección General de Agua.
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente confirmó
a Greenpeace, en una reunión anterior, que
no tenía intención de legalizar extracciones
ilegales de agua subterránea, sus últimas
decisiones de cesar al Presidente y al Comisario
de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, confederación que estaba cerrando
pozos ilegales, y el texto del borrador nos hacen
pensar en lo contrario.
Greenpeace lleva años pidiendo
el cierre de los más de 500.000 pozos ilegales
que hay en España, ya que son causa directa
de la crisis que sufren los ríos de nuestras
cuencas. La sobreexplotación de los acuíferos
ha provocado ya el descenso generalizado de los
niveles piezométricos y freáticos,
ha desecado valiosos manantiales y humedales, ha
hecho desaparecer formas de vida asociadas a la
emergencia de aguas y ha provocado la salinización
de muchos acuíferos costeros.
Por eso, Greenpeace va a la reunión
con varios puntos innegociables:
• Es imprescindible no sólo eliminar del
borrador la disposición adicional cuarta
referente a la regularización de aprovechamientos
de aguas subterráneas, sino que se cumpla
la ley (la actual Ley de Aguas contempla el cierre
de los pozos ilegales). Su actual redacción
abre las puertas a una regularización total
de las extracciones ilegales, que la propia Administración
cifra en más de 500.000. La explotación
de estos pozos ha esquilmado nuestras reservas subterráneas,
amenaza ya el abastecimiento urbano en varios puntos
de Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía
y pone en peligro el futuro del agua.
• Es necesario que el texto se ajuste a los objetivos
de la Directiva Marco del Agua (DMA). La DMA es
una ley orientada a la gestión, al cuidado
de la calidad del agua, a la vigilancia medioambiental
y a la transparencia de costes en los usos del agua.
Para Greenpeace el texto presentado no tiene suficientemente
en cuenta aspectos relativos a la buena calidad
química de las aguas subterráneas.
Cuando sólo el 16% de nuestras aguas subterráneas
están en buen estado, el texto olvida el
objetivo último de la DMA: mantener el buen
estado químico de las aguas, es decir, asegurar
el agua para futuras generaciones. Un ejemplo de
cómo se antepone la explotación privada
a la conservación del agua es que los términos
“explotación y aprovechamiento” aparecen
12 y 19 veces, mientras que “calidad y conservación”
sólo se citan 3 y 2 veces, respectivamente.
• Hay que modificar el artículo 75 para que
prevalezca y se priorice el mantenimiento de los
caudales ecológicos frente a los derechos
de usos preexistentes de usuarios. La Administración
debe velar por la calidad y la capacidad de recarga
de los acuíferos, pues son nuestras reservas
de agua para el futuro. Los derechos de explotación
no pueden anteponerse a la supervivencia del agua
subterránea. De lo contrario, no podremos
acabar con problemas tan importantes como la desaparición
de caudales en kilómetros de cauces (caso
de los ríos Júcar, Segura o Guadiana),
la desecación de cientos de humedales (Parque
Nacional Tablas de Daimiel) y, sobre todo, pondremos
en peligro los ecosistemas acuáticos que
son los que aseguran la salud de nuestras aguas
continentales.
• Las comunidades de regantes tienen que estar controladas
siempre por la Administración. El texto da
a los regantes la capacidad de emitir informes sobre
el control de la calidad y la cantidad de agua,
una tarea que corresponde al Estado. Por eso es
necesario modificar el Artículo 87 bis.
El texto presentado como borrador
ha creado un gran malestar entre los colectivos
de agricultores afectados por extracciones ilegales,
organizaciones ecologistas y de consumidores y entre
los propios funcionarios de las confederaciones
dedicados a expedientar el robo de agua, que ven
así su trabajo totalmente desautorizado.
“El Ministerio de Medio Ambiente,
hasta ahora, nos ha dicho que están abiertos
a la negociación. Esperamos que hoy mantengan
los compromisos adquiridos con Greenpeace como el
de no dar amnistía a los pozos ilegales.
Vamos a la reunión con una propuesta clara
de modificación del borrador”, ha declarado
Julio Barea, responsable de la campaña de
Aguas de Greenpeace.
La reunión del grupo de
Aguas del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA)
se celebrará hoy a las 17:30 en el Ministerio
de Medio Ambiente.
