Madrid,
17 de marzo de 2006- El Tribunal de Luxemburgo acaba
de condenar a España por incumplir la legislación
de impacto ambiental a raíz de una denuncia
realizada por WWF/Adena en 2001. Los expertos de
la organización detectaron que ciertos aspectos
de la Directiva se habían transpuesto de
forma incorrecta. Esto significaba, entre otros
fallos, que no se estaba informando públicamente
de las decisiones finales sobre la autorización
de determinados proyectos. Tras conocer la decisión
de la UE, WWF/Adena valora la importancia de esta
Sentencia.
En 2001, WWF/Adena interpuso una
queja ante la Unión Europea tras observar
en repetidos casos que la Directiva de impacto ambiental
se había transpuesto incorrectamente a la
legislación española. El Tribunal
de Luxemburgo ha dictado Sentencia hoy y, tras cinco
años, da la razón a la organización
que detectó que había un problema
de fondo que resolver.
Las infracciones que se denunciaban
eran cuatro, aunque la más relevante, a juicio
de WWF/Adena, era que se estaba incumpliendo el
artículo 9.1 de la Directiva 85/337/CEE y
que, como consecuencia, no se estaba informando
al público de las decisiones finales a la
hora de autorizar o no los proyectos.
La Sentencia estima que esta falta
de publicación de la autorización
del proyecto, su contenido,las razones por las que
se aprueba y las medidas correctoras y compensatorias
que lo acompañan trae como efecto inmediato
que el público español no tenga conocimiento
de las decisiones finales. Esto, a su vez, significa
que, al no darse a conocer la resolución
administrativa de autorización de una obra,
el público no puede en ningún caso
manifestar su opinión, ni comprobar el grado
de cumplimiento de sus condiciones, así como
tampoco puede reclamar contra ella, generando la
indefensión de todos los interesados en el
medio ambiente.
En cualquier caso, WWF/Adena quiere
resaltar el cambio positivo operado en las autoridades
españolas. De hecho, se ha pasado de no responder
al dictamen motivado a corregir los errores cometidos.
Así el Proyecto de Ley sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, actualmente en trámite
parlamentario, contiene en su Disposición
final la Modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986 de evaluación de impacto ambiental
en el sentido propuesto por la Sentencia del Tribunal
de Luxemburgo.
Juan Carlos del Olmo ha declarado:
“Esta sentencia es un triunfo para los defensores
del medio ambiente. Además, revela que el
proyecto de ampliación del puerto de Sevilla
y Dragados del río Guadalquivir se está
tramitando de forma defectuosa, ya que su resolución
de autorización no llegó a publicar
nunca”.
