01 marzo
2006 - San Luis Potosí, México — Por
los graves impactos que provocaría el proyecto
minero que se pretende realizar en el Cerro de San
Pedro violentando la legislación ambiental,
Greenpeace solicitó al gobernador de San
Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga,
que contribuya al cumplimiento del estado de derecho
y garantice a los potosinos un medio ambiente sano
y seguro.
Durante la entrega de una carta
al gobernador, activistas de Greenpeace desplegaron
ante el Palacio de Gobierno una manta con el mensaje
“No a la Minera San Xavier” y mostraron imágenes
de sitios completamente destruidos a causa de la
extracción de oro y plata mediante tajo a
cielo abierto con la pregunta: “¿Hay algo
más destructivo que esto?”, en referencia
a la técnica que esa empresa quiere usar
en el sitio histórico de Cerro de San Pedro.
A la destrucción del entorno
se suman impactos que degradarían la calidad
de vida de los potosinos, como la sobreexplotación
de los mantos acuíferos y su potencial contaminación.
En la carta, Greenpeace expresa: “El valle de San
Luis Potosí ya tiene fuertes problemas de
abasto de agua. El recurso es escaso, la extracción
del líquido es superior a la recarga del
acuífero y se realiza cada vez a mayor profundidad.
Amplios sectores de la ciudad y los municipios suburbanos
tienen carencias serias de abasto. San Luis Potosí
requiere una política de desarrollo sustentable
que tenga como un eje central el manejo adecuado
del agua. Esta política debe establecer prioridades
y en ella no hay lugar para este tipo de proyectos”.
Minera San Xavier, filial de la
canadiense Metallica Resources Inc., planea separar
el oro y la plata de otros minerales con el uso
diario de 16 toneladas de cianuro de sodio, un compuesto
tóxico que podría llegar a contaminar
los mantos acuíferos por escurrimientos hacia
el subsuelo.
“La operación de Minera
San Xavier no se justifica desde ningún punto
de vista, pues al cabo de ocho años de operación
sólo dejaría al estado de San Luis
Potosí un enorme pasivo ambiental con severos
impactos por extracción de agua, contaminación
y alteración total del entorno”, declaró
Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México.
Este proyecto minero ha sido polémico
desde su origen y ha enfrentado diversos problemas
legales. En su misiva al gobernador, Greenpeace
explica que la empresa cambió las características
del proyecto descritas en el Manifiesto de Impacto
Ambiental (MIA) que presentó a la autoridad
federal. Esa situación, como lo establece
la ley, invalida la autorización otorgada
a Minera San Xavier. Asimismo, en fecha reciente,
un tribunal administrativo dictaminó que
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales debe anular la autorización que
había otorgado a la minera.
Si bien las anteriores son disposiciones
federales, conciernen al Estado de San Luis Potosí
en tanto que su misión es velar por el desarrollo
sustentable y por los bienes comunes que son derecho
de esta y las futuras generaciones. Por ello, Greenpeace
solicitó al gobernador De los Santos que
coadyuve en el cumplimiento del estado de derecho
y garantice el derecho de los ciudadanos a un medio
ambiente sano y seguro.
Al final de la demostración
pacífica Calvillo se entrevistó con
el secretario general de Gobierno, Alfonso Castillo
Michuca, para solicitar la revisión del proyecto
actual con la versión presentada originalmente
por la empresa en el MIA, pues los cambios invalidan
la autorización dada por la Semarnat y para
solicitarle que el gobierno estatal coadyuve en
garantizar el estado de derecho y el derecho de
los potosinos a un medio ambiente sano.
