08 marzo
2006 - Madrid, España — Tras analizar las
exportaciones españolas de armas en el primer
semestre de 2005, un año más, Amnistía
Internacional, Greenpeace e Intemón-OXFAM
comprueban con preocupación que armas españolas
son exportadas a países en conflicto, como
Colombia, Israel y Estados Unidos, y a otros destinos
preocupantes como Marruecos o Venezuela.
Estas ventas, que aparecen en
las “Estadísticas españolas de Exportación
de Material de Defensa y Doble Uso” recientemente
enviadas por el Gobierno al Congreso de los Diputados
estarían violando varios criterios del Código
de Conducta de la Unión Europea.
Las ventas de armas a Colombia
resultan doblemente preocupantes, a pesar de no
tener un gran valor económico. Además
de tratarse de un país inmerso en un conflicto
armado caracterizado por la sistemática violación
de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, estas ventas ignoran la Proposición
No de Ley sobre la suspensión de la venta
de armas a Colombia y el condicionamiento de la
ayuda al desarrollo al respeto de los derechos humanos,
adoptada en el Congreso de los Diputados en junio
de 2004.
Las cifras oficiales también
muestran venta de material en el capítulo
de bombas, torpedos, cohetes y misiles a países
con conflictos abiertos o en los que existen serias
preocupaciones de derechos humanos como Indonesia,
Kenia y Singapur. Persiste, además, la venta
de material policial y de seguridad a Venezuela,
país con evidentes tensiones internas.
Las organizaciones firmantes muestran
su preocupación por estas ventas y su alarma
por la política del Gobierno español.
Las perspectivas de futuras transacciones confirman
la falta de transparencia y control en el comercio
de armas españolas. En concreto, preocupan
los casos de Colombia y Venezuela. También
resultan alarmantes las últimas informaciones
aparecidas en prensa sobre la apertura de nuevos
mercados en países en situación de
conflicto (Tailandia) o donde hay denuncias continuadas
de violaciones graves de derechos humanos (Libia
y Vietnam).
Por otra parte, aunque el Gobierno
se comprometió a considerar la posibilidad
de seguir mejorando la información oficial
sobre exportaciones de armas, no se han producido
nuevos avances en materia de trasparencia y no se
han tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones
que las organizaciones presentaron a las autoridades
en noviembre de 2005, como la incorporación
de las mejores prácticas de otros países
del entorno o la inclusión de las exportaciones
autorizadas por el Gobierno para permitir un control
preventivo de las exportaciones.
Además, las estadísticas
facilitadas por el Gobierno no recogen algunos datos
que sí quedan recogidos en el registro de
Aduanas, como la exportación de armas ligeras
a República Dominicana y Sudáfrica,
y la exportación de munición a Malasia,
República Centroafricana y Venezuela.
Puesto que la transparencia en
los datos oficiales sobre trasferencias de armas
es muy mejorable y continúan llegando armas
españolas a destinos equivocados, AI, GP
e IO instan al Gobierno a elaborar con urgencia
una Ley sobre Comercio de Armas que garantice un
mejor control y transparencia de las transferencias
de material militar, policial y de seguridad, tal
y como ha solicitado el Congreso de los Diputados
el pasado mes de diciembre. La ley debería
incorporar:
• los criterios del Código de Conducta europeo
• un mecanismo preventivo para evitar las transferencias
de armas a destinos sensibles
• garantías de transparencia en la información
que da el Gobierno con especificaciones sobre el
grado de detalle con el que deben facilitarse al
Congreso las estadísticas oficiales.
La pronta elaboración de
esa Ley sería coherente con el compromiso
internacional expresado por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a favor de realizar
controles más estrictos del comercio mundial
de armas. Las ONG pedirán al ministro de
Defensa, José Bono, que comparezca ante los
diputados para explicar la política de transferencias
de armamento que está llevando a cabo el
Ejecutivo, y las autorizaciones de ventas de armas
que no cumplen el Código de Conducta.
