07 marzo
2006 - Madrid, España — El Gobierno aprobará
este viernes un Real Decreto para Obras Urgentes
de Modernización de Regadíos, que
premia el consumo de agua en los regadíos
en lugar de fomentar el ahorro de agua.
El Ejecutivo afirma que el objetivo
es ahorrar 1.200 hm3 de agua y para ello se invertirán
2.400 millones de euros. WWF/Adena, SEO/BirdLife,
Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian
que el Real Decreto fomenta que el propio regadío
vuelva a consumir el agua supuestamente ‘ahorrada’,
al tiempo que desprecia la grave situación
que atraviesan los abastecimientos urbanos y los
ecosistemas acuáticos. Por ello, las asociaciones
ecologistas piden la revisión completa del
texto legal.
El Real Decreto establece que
el agua ahorrada se destinerá al regadío
y, por tanto, permite un mayor consumo de agua en
las explotaciones. Por ello, las organizaciones
ecologistas consideran que el Real Decreto no va
a aportar ni un litro de agua a los ríos
y ecosistemas acuáticos, ni a los usuarios
urbanos, considerados prioritarios por encima de
los actuales concesionarios agrarios: los regantes.
Debido a la situación de
extrema de sequía, las organizaciones ecologistas
sostienen que el agua ahorrada deberá destinarse,
en primer lugar, a devolver los caudales que se
están extrayendo de más como consecuencia
de los decretos de sequía que aprobó
el Gobierno en otoño del año pasado.
El Real Decreto supone, además,
una importante inversión pública,
cuando el Gobierno ni siquiera tiene claro el futuro
del regadío en España. El Ejecutivo,
antes de aprobar inversiones, tiene que desarrollar
un nuevo Plan Nacional de Regadíos en el
que se introduzcan los recientes cambios establecidos
en la política agraria (desacoplamiento,
nuevo reglamento de desarrollo rural, condicionalidad)
y del agua (precio del agua, objetivos ambientales
de la Directiva Marco).
Finalmente, WWF/Adena, SEO/BirdLife,
Greenpeace y Ecologistas en Acción critican
que el Real decreto delegue la vigilancia ambiental
a los propios regantes, una responsabilidad que
tiene que asumir la Administración ambiental.
Además, las Directivas Europeas establece
que el Gobierno está obligado a realizar
una Evaluación Ambiental Estratégica
antes de poner en marcha estas inversiones, cuestión
que el Decreto no contempla. Las organizaciones
ecologistas critican la falta de consulta y análisis
por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Por ello, las organizaciones ecologistas
piden que el Real Decreto se retire y sea revisado
con detenimiento por los Ministerios de Medio Ambiente
y Agricultura, teniendo en cuenta la situación
ambiental e hídrica de cada una de las cuencas
hidrográficas. Asimismo, consideran imprescindible
que la redacción del texto se base en un
proceso participativo en el que puedan intervenir
todas las organizaciones interesadas, incluidas
las ambientales.
