Murcia,
11 de mayo de 2006.- Se estima que en España
existe medio millón de pozos ilegales y que,
con el agua extraída ilegalmente, se riega
cerca de una sexta parte del regadío español.
WWF/Adena denuncia hoy, en una acción reivindicativa
en Murcia, que la gran mayoría de estos regadíos
ilegales se beneficia de subvenciones agrarias públicas
y solicita al Ministerio de Agricultura y a las
Comunidades Autónomas que no concedan ayudas,
ni directas ni indirectas, a cultivos regados ilegalmente.
El sector agrario recibe cada
año una gran variedad de subvenciones, siendo
España el segundo país receptor de
fondos agrarios de la Unión Europea, con
una media de 6.600 millones de euros anuales. Estas
ayudas pueden ser de carácter directo, como
las percibidas por olivareros, arroceros o algodoneros,
o indirectas, como las que permiten la retirada
de frutas u hortalizas del mercado, la destilación
de crisis de los excedentes de viñedo y la
modernización de infraestructuras agrarias.
El cobro de subvenciones ha representado
durante años un incentivo para obtener de
manera ilícita agua para regar, pues permitía
incrementar el volumen de la producción y
así cobrar más. En la actualidad,
miles de agricultores siguen percibiendo ayudas
agrarias a pesar de hacer un uso ilegal del agua.
Del medio millón de pozos ilegales que hay
en España, WWF/Adena destaca estos datos:
La Mancha (22.000 pozos ilegales), Guadalquivir
(10.000 pozos ilegales) y Segura (100.000 hectáreas
ilegales en regadío).
WWF/Adena critica que se pueda
recibir una ayuda pública al tiempo que se
infringe la ley. Para evitarlo, en 2005 la UE puso
en marcha la llamada ‘condicionalidad’, que vincula
el cobro de las subvenciones directas de la Política
Agraria Común (PAC) al cumplimiento de la
normativa ambiental europea y de las buenas prácticas
por parte del agricultor. En España, la ‘condicionalidad’
incluye una penalización en las subvenciones
si el agua se extrae ilegalmente, pero sólo
cuando se realiza en acuíferos declarados
como sobreexplotados.
De una consulta oficial de WWF/Adena
a todas las Comunidades Autónomas, esta organización
tiene constancia de que "sólo se ha
detectado en un expediente la falta de licencia
para el riego", en Andalucía, lo que
supondría que en 2005 un único agricultor
en toda España habría sufrido una
reducción de la subvención agraria
por extraer agua de forma ilegal. “Es inaceptable
que la Administración siga dando ayudas a
quienes sacan agua ilegalmente. Esto significa estar
subvencionando con fondos públicos la sobreexplotación
de acuíferos y la utilización ilícita
de un bien público”, critica Guido Schmidt,
responsable de aguas continentales de WWF/Adena.
WWF/Adena exige al Ministerio
de Agricultura y a las Comunidades Autónomas
cambiar de forma urgente el pago de las subvenciones
en tres aspectos: aplicar el principio de condicionalidad
a todas las aguas superficiales y subterráneas
en España, excluir a los regantes ilegales
del cobro de cualquier ayuda agraria directa e indirecta
e incrementar las inspecciones (fijadas actualmente
en el 1% de los receptores de las ayudas directas).
Notas para el editor:
- La condicionalidad está regulada por el
Real Decreto 2352/2004. Los Estados Miembros definen
los requisitos mínimos de las buenas condiciones
agrarias y medioambientales, a la vez que establecen
los sistemas concretos para controlar su cumplimiento.
En la elaboración de este Real Decreto, el
Ministerio de Agricultura consultó a las
Comunidades Autónomas y a las entidades representativas
de los sectores afectados, pero no a WWF/Adena.
Además, sólo es de obligado cumplimiento
para los beneficiarios de pagos directos, con lo
que numerosos sectores que se benefician de pagos
indirectos quedan fuera de control. En cuanto al
uso ilegal del agua, sólo se refiere a los
acuíferos declarados sobreexplotados, de
los cuales sólo hay 15 en las cuencas intercomunitarias.
- Acuíferos sobreexplotados:
Según los trabajos realizados para la elaboración
del Catálogo de Acuíferos con problemas
de explotación o salinización (cuyos
resultados se publicaron en 1998), existen, de un
total de 411 acuíferos, 77 unidades hidrogeológicas
sobreexplotadas en las cuencas intercomunitarias
(fuente: Libro Blanco del Agua (2000)). De estas
unidades, sólo 15 han sido declaradas provisionalmente
(13) o definitivamente (2) sobreexplotadas. La distribución
de las unidades declaradas como sobreexplotadas
por cuencas es: Guadiana: 2 (1 definitiva), Guadalquivir:
5, Segura: 4, Sur: 1, Compartida Guadiana-Guadalquivir:
1 (definitiva), Compartida Segura-Júcar:
2.
- Consulta a las Comunidades Autónomas:
En diciembre de 2005 WWF/Adena solicitó por
escrito a todas las Comunidades Autónomas
el número de casos de incumplimiento del
principio de condicionalidad en el pago de las subvenciones
europeas agrarias en 2005, debido a la no-legalidad
del agua utilizada. Las solicitudes se enviaron
el 7 de diciembre de 2005 y, por ley, la Administración
tenía como máximo dos meses para responder.
A fecha de 11 de mayo, WWF/Adena había recibido
respuesta sólo de la Junta de Andalucía
y del Gobierno de Cantabria, a pesar de que, por
lo menos,las Comunidades de Castilla-La Mancha,
Murcia y Valencia tenían la obligación
de controlar la legalidad del agua utilizada por
tener acuíferos declarados sobreexplotados.
