Los más
de 35.000 hogares que se han sumado a la "OPA
Verde" de Greenpeace seguirán sin poder
elegir electricidad limpia
23 junio 2006 - Madrid, España
La nueva tarifa eléctrica que el Gobierno
prevé aplicar a partir del próximo
1 de julio seguirá escondiendo los verdaderos
costes de la electricidad, impidiendo que los consumidores
elijan el origen de la electricidad que compran.
Greenpeace hace un llamamiento a las organizaciones
de consumidores para que rechacen ser utilizados
como coartada para mantener unas tarifas que invitan
al derroche y cargan al consumidor hasta el año
2020 con una deuda económica y ecológica
que no ha elegido.
La subida propuesta por el Ministerio
de Industria, equivalente a menos de medio euro
mensual para un consumidor doméstico medio,
ignora que la demanda de electricidad limpia, registrada
en la "OPA Verde" de Greenpeace en sólo
22 días, ascienda ya a más de 111
millones de kilovatios-hora (111.118.408 kWh), equivalentes
al consumo anual de más de 35.000 hogares
(35.626).
"Mientras crece cada día
el número de consumidores que quieren ejercer
su derecho a elegir electricidad limpia, el Gobierno
se empeña en engañarnos con tarifas
artificialmente bajas y nos carga con una absurda
deuda de 15 años", ha declarado José
Luis García Ortega, responsable de proyectos
de la campaña de Energía de Greenpeace.
"Queremos que las tarifas eléctricas
digan la verdad y que nos dejen elegir".
Como se explica en las Observaciones de Greenpeace
al Proyecto de Real Decreto por el que se revisa
la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio
de 2006, el problema no es, para la mayoría
de los consumidores, la cuantía del recargo,
que para un consumidor a tarifa que pague una factura
bimensual de 60 supondrá apenas 41 céntimos
al mes, sino el mantenimiento de un sistema de tarifas
con consecuencias perversas y perjudiciales, como:
Los consumidores de los próximos 14 años
y medio se ven obligados a pagar por lo que no pagaron
los consumidores de 2005, que perfectamente pueden
no ser los mismos.
Durante 2006 se siguen acumulando nuevos déficits,
puesto que permanecen inalteradas las causas que
generaron el déficit en 2005: la tarifa es
inferior a los precios de la electricidad en el
mercado. ¿Quién pagará estos
nuevos déficits: los consumidores de los
años 2020 a 2035? ¿Hasta cuándo
se puede estar postergando el pago y acumulando
de manera absurda una deuda para los consumidores
que no han podido decidir sobre ella?
Puesto que la tarifa sigue siendo deficitaria,
al no cubrir la totalidad de los costes reales incurridos,
los consumidores están recibiendo una señal
equívoca, una información falseada
sobre lo que cuesta su consumo, lo que lleva a decisiones
incorrectas sobre lo que uno decide gastar: nos
hacen creer que la electricidad es más barata
de lo que realmente vale, con lo cual el resultado
es un mayor gasto de energía (y por tanto
más emisiones de CO2) y de dinero. Los perjudicados:
los consumidores y el medio ambiente.
Mientras se mantenga una tarifa inferior a los
costes de mercado, es imposible que exista ninguna
oferta comercial de electricidad. Como resultado,
los consumidores continúan sin poder elegir.
Entre ellos al menos los más de 111 GWh de
demanda eléctrica anual, equivalente a la
de más de 35.000 hogares medios, que querrían
poder elegir electricidad limpia, como ha demostrado
Greenpeace con la OPA Verde.
Las personas que participan en
la "OPA Verde", sumando sus kilovatios
en http://opaverde.greenpeace.es/, unen su voz a
la de Greenpeace para exigir del Gobierno unas tarifas
eléctricas que hagan posible la libre elección
de suministrador y un etiquetado eléctrico
que diga el verdadero origen de la electricidad
suministrada.
La propuesta de Real Decreto del
Ministerio de Industria establece una subida de
la tarifa media o de referencia de un 1,38% respecto
a la actualmente en vigor, que se traduce en un
recargo del 1,378% para los consumidores acogidos
a la tarifa integral y de un 3,975% de la tarifa
de acceso para los consumidores que opten por no
acogerse a la tarifa integral. Estos recargos se
aplicarán hasta el año 2020 con el
fin de recuperar el dérficit en la liquidación
de las actividades reguladas acumulado durante el
año 2005.
