Carta
abierta de WWF/Adena, Seo/BirdLife, Greenpeace,
Fundación Nueva Cultura del Agua y Ecologistas
en Acción
Madrid, 26 de junio 2006. La modificación
de los estatutos de autonomía de las Comunidades
Autónomas ha intensificado el debate político
acerca de la titularidad y las competencias sobre
las aguas continentales. En el debate, algunas Comunidades
Autónomas reivindican sus derechos sobre
determinadas aguas intercomunitarias frente a la
Administración General del Estado o a otras
Administraciones autonómicas.
Es un debate que santifica la
titularidad o competencia sobre las aguas como solución,
pero desvía la atención de los problemas
reales de los ríos, ecosistemas acuáticos,
del agua y de sus usos: la contaminación,
la sobreexplotación, la falta de garantía
y la ilegalidad.
Entendemos que esta discusión
puede y debe superarse mediante la aplicación
de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE).
Esta norma de la Unión Europea nos obliga
y nos brinda, a la vez, la oportunidad de planificar
y gestionar las aguas de forma integrada e integradora.
La superación de este debate se basa en las
siguientes razones:
En primer lugar la Directiva recuerda
que el agua no es un bien comercial como los demás,
sino un patrimonio que hay que proteger y defender.
No debemos concebir este patrimonio de manera fragmentada,
como un mero recurso económico, ya que forma
parte de ecosistemas esenciales para la vida.
En segundo lugar nos exige que
realicemos una planificación y gestión
integrada de todas las aguas, superficiales, subterráneas
y costeras. Para ello establece como unidad de gestión
la Demarcación hidrográfica, que comprende
toda la cuenca fluvial y aguas costeras, sean cuales
sean las divisiones administrativas de este territorio.
En tercer lugar la Directiva nos
obliga a llevar a cabo una planificación
y gestión integradora designando «la
autoridad competente apropiada, para la aplicación
de las normas de la presente Directiva».
Si la planificación y gestión
de las aguas ha de ser integrada respecto de todas
las aguas e integradora respecto de todas las competencias
concurrentes, se debería crear un órgano
de coordinación con capacidad de decisión
sobre los aspectos más relevantes de la planificación
y gestión de las aguas de la Demarcación.
En él deberían estar representados
con voz y voto los distintos departamentos de las
Administraciones públicas con competencias
concurrentes sobre las aguas. Su responsabilidad
principal sería la propuesta vinculante del
Plan Hidrológico de Cuenca y de los Programas
de Medidas y Seguimiento, a propuesta del Organismo
de Cuenca y tras la tramitación y participación
pública establecidas.
El papel competencial de las Administraciones
autonómicas es indiscutible, como también
lo es que el establecimiento de la demarcación
como unidad de gestión y la DMA obliga a
un esfuerzo de coordinación interadministrativa.
El conflicto de intereses acerca
de la titularidad o competencia sobre las aguas
siempre va existir y lo importante es crear espacios
duraderos donde sea posible debatir dichos intereses
y decidir con todos los actores implicados las soluciones
a los conflictos.
Estas son las razones que nos
llevan a pedir que los políticos abandonen
el conflicto por la titularidad o la competencia
sobre las aguas, e inicien un debate político
más fértil sobre la protección
y el uso sostenible de los ecosistemas acuáticos
en un espacio común y con una participación
pública activa.
Guido Schmidt
