13 junio
2006 - Ciudad de México, México —
La Cámara de Diputados solicitó a
José Luis Luege, titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que explique
bajo qué condiciones otorgó el permiso
a la canadiense Minera San Xavier para desarrollar
una explotación minera de tajo a cielo abierto
en el cerro de San Pedro, a pocos kilómetros
de la capital de San Luis Potosí, un proyecto
que amenaza el acuífero de esa región
y la salud de los potosinos.
Así, tras ocultar sus motivos,
ahora el funcionario se ve obligado a rendir cuentas
y hacer del conocimiento público por qué
ignoró todas las amenazas ambientales de
este proyecto (señaladas en documentos de
la propia Semarnat), con el único fin de
favorecer a la subsidiaria de la empresa canadiense
Metallica Resources.
En su punto de acuerdo, la Tercera
Comisión de Trabajo (Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones
y Obras Públicas) de la Comisión Permanente
pide al funcionario que explique "las características
y condiciones de dicha autorización; la justificación
y sustento de la misma".
Asimismo, le demanda aclarar cómo
es que se obsequió dicha autorización,
"tomando en consideración la resolución
de la Sala del Tribunal Superior de Justicia Fiscal
y Administrativa de 1999 y el impacto que el proyecto
respectivo pueda tener en el medio ambiente y la
salud de la zona".
¿Cuál es la duda?
En su petición, los legisladores
dan a entender que podría haber nueva información
que justificara el proceder del funcionario al otorgar
los permisos. Quizá piensan que por alguna
razón sobrenatural el acuífero del
Valle de San Luis Potosí se ha recuperado
de la condición crítica en que lo
identificó la propia Semarnat y de pronto
está en condiciones de soportar la extracción
de los mil millones de litros al año que
requiere la minera; o quizá piensan que existen
nuevos estudios que demuestran que el cianuro de
sodio es favorable para los humanos y no importará
que la minera vierta diariamente 16 toneladas de
este compuesto; o tal vez suponen que los miles
de toneladas de desechos tóxicos que dejará
la empresa luego de 8 años de operación
favorecerán la calidad de vida de los potosinos.
Esto sin considerar los daños
al patrimonio histórico de la región
y la violación del decreto estatal de protección
a la zona, razón por la cual el Tribunal
Superior de Justicia Fiscal y Administrativa instruyó
a la Secretaría para que cancelara los permisos.
A todo lo anterior deberá
responder Luege Tamargo, quien el pasado 10 de abril
emitió nuevos permisos a la minera, aún
en desacato del fallo judicial citado.
El funcionario dispone de 30 días
naturales para responder, contados a partir del
31 de mayo. De esta manera, la ciudadanía
podrá conocer los motivos que llevan al gobierno
a atentar contra el bienestar y los recursos naturales
de los potosinos y contra el patrimonio histórico
de los mexicanos.
