Ciudad
de México, México — El asesinato de
un guardabosque del gobierno estatal en Xalatlaco,
Estado de México, dentro del Gran Bosque
de Agua, evidencia el alcance de la tala ilegal
en esa entidad y la necesidad de que este problema
sea combatido desde el gobierno federal.
“Greenpeace lamenta profundamente
el enfrentamiento entre inspectores de Probosque
y talamontes de Xalatlaco y, sobre todo, el saldo
de inspectores muertos y heridos. Este no es un
hecho aislado. Desde 1991, al menos 30 inspectores
forestales han muerto en el país por cuestiones
relacionadas con su trabajo (en promedio dos inspectores
asesinados cada año). Es decir, en 15 años
se ha asesinado al equivalente a 10% del total de
la plantilla de inspectores en todo el país.
Es urgente que el gobierno federal, a través
de la Profepa, asuma el control del combate a la
tala ilegal y para hacerlo necesita recursos y atribuciones
suficientes”, explicó Héctor Magallón,
coordinador de la campaña de bosques y selvas
de Greenpeace México.
Cabe señalar que Probosque,
la instancia involucrada en el enfrentamiento del
jueves 29, surgió de un convenio entre federación
y gobierno mexiquense para delegar las labores de
inspección y vigilancia forestal, pero Probosque
ha sido ineficaz en su cometido. En los casi tres
años que lleva funcionando, la tala ha aumentado:
en la parte mexiquense de lo que Greenpeace llama
el Gran Bosque de Agua es donde se presentan los
más graves problemas de deforestación
(el Gran Bosque de Agua se extiende por 120,000
hectáreas de Estado de México, Morelos
y Distrito Federal).
“La tala se ha agravado, como
lo muestra la deforestación de 250 hectáreas
en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala y en zonas
del Izta-Popo”, dijo Magallón.
De acuerdo con la Profepa, en
México se producen 7 millones de metros cúbicos
(m3) de madera proveniente de la tala clandestina
realizada principalmente en 15 zonas críticas,
3 de las cuales están en Estado de México,
una de ellas en el Bosque de Agua.
Actualmente, la Profepa
carece de autonomía, recursos y facultades
suficientes para hacer su trabajo. Tiene alrededor
de 300 inspectores para vigilar los 56 millones
de hectáreas de bosques y selvas del país.
Es decir, a cada inspector le corresponden más
de 180 mil hectáreas, lo que equivale a la
mitad del estado de Tlaxcala. Actualmente, los inspectores
carecen de equipo y de atribuciones para investigar
o portar armas para su defensa, pese a que generalmente
se enfrentan a bandas de talamontes.
