Bogotá,
7 de julio de 2006. Con el fin de mejorar el desarrollo
de las diferentes regiones del país, el Gobierno
reglamentó los planes parciales, instrumentos
mediante los cuales se desarrollan y complementan
las disposiciones de los planes de ordenamiento
territorial (POT) para áreas determinadas.
De esta forma se establece que
los planes parciales deberán ser elaborados
por las autoridades municipales o distritales de
planeación, por las comunidades o los particulares
interesados, de acuerdo a lo que determine el POT
de cada municipio.
Con esta reglamentación
dispuesta a través del decreto 2181 del 29
de junio de 2006, se pretenden corregir los problemas
que existen en el desarrollo territorial de las
regiones, como el mal uso del suelo o las demoras
en la aprobación de los planes parciales
que atrasa el desarrollo.
La norma determina que se requieren
tres etapas (formulación y revisión,
concertación y consulta, y adopción)
para que los municipios puedan implementar los planes
parciales.
De esta forma se busca dar solución
a problemas que se presentan con normas, muchas
de ellas que incluso obstaculizan el desarrollo
de la vivienda de interés social (VIS); con
trámites o en materia de costos.
Por ejemplo, mientras el Gobierno
devuelve el IVA en materiales de construcción
para VIS, se imponen sobrecostos en las regiones
en servicios públicos.
De otra parte, si bien la ley
establecía que para desarrollar cierto suelo
hay que hacer planes parciales operativamente a
través de las oficinas de Planeación
o las Secretarias de Planeación, un plan
parcial se puede demorar hasta 48 meses, lo que
representa paralizar las posibilidades de desarrollo.
Por eso, con esta reglamentación
se busca solventar estos obstáculos y se
quiere evitar que se construya o destinen territorios
de construcción urbana en suelos que no son
aptos para ello o no cuentan con las condiciones
necesarias.
“Muchos municipios estaban otorgando
sin norma, sin reglamentación licencias de
parcelación en suelo rural. Este se volvió
como el suelo vulnerable, y al no tener criterio
ni reglamentación se pone en riesgo el tema
agrícola y el de recursos naturales como
la oferta hídrica”, explicó el ministro
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Juan lozano Ramírez.
De hecho –agregó- hay mucha
preocupación de que en algunas regiones del
país, donde se está buscando un desarrollo
grandísimo y no estaba claro el abastecimiento
de agua.
Por eso el Ministerio trabaja
conjuntamente con la comunidad, los entes territoriales
y los expertos, en varios frentes para que se disminuya
el impacto de quedar sin suelo urbanizable en el
poco tiempo.
Adicionalmente se trabaja en la
delimitación del suelo rural del municipio
porque muchos municipios estaban desbordados por
las solicitudes de licencias de parcelación
sin ninguna regulación, en otras palabras,
suelo rural desprotegido.
Para el Ministro es claro que
para generar oferta de vivienda debe haber gestión
del suelo que es uno de los más grandes obstáculos
que se tiene en el momento y que seguramente el
país va a tener en el mediano y largo plazo.
