Bogotá,
17 de julio de 2006. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió
la resolución 1402 del 17 de julio de 2006
mediante la cual confirma que:
Ninguna persona natural o jurídica
podrá introducir al territorio nacional residuos
nucleares.
Ninguna persona natural o jurídica podrá
introducir al territorio nacional desechos tóxicos.
3. Ninguna persona natural o jurídica podrá
introducir al territorio nacional residuos o desechos
peligrosos si no cumple con lo consagrado en el
Convenio de Basilea, Ley 253 de 1996, Ley 430 de
1998, Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias.
En consecuencia cualquier movimiento transfronterizo
de residuos o desechos peligrosos, deberá
dar cumplimiento a lo establecido en las mencionadas
disposiciones.
4. En particular, se debe acreditar,
de conformidad con el trámite previsto por
la licencia ambiental, que se manejen en forma tal,
que no lesionen el ambiente, ni atenten contra la
salud humana, la integridad física y la vida
de los habitantes o cualquier otro derecho fundamental.
En todo caso, se requiere contar con autorización
del movimiento transfronterizo, establecido en el
convenio de Basilea y con la licencia ambiental
previa al movimiento transfronterizo, expedidas
ambas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
4. Siempre se exigirá que
cumpla con los requisitos internacionales de la
Convención de Basilea.
5. Para que exista total transparencia
e idoneidad técnica se deberá solicitar
una licencia en el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
6. La Corte Constitucional en sentencia 771 de 1998
dice textualmente que “los desechos peligrosos distintos
de los tóxicos y residuos nucleares pueden
ser objeto de importación o exportación
siempre y cuando nuestro país pueda manejarlos
de una forma apropiada y razonable para no causar
daños a la salud o la vida de los habitantes
ni se lesione el medio ambiente o cualquier otro
derecho fundamental”.
Adicionalmente el ministro de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan
Lozano Ramírez señaló:
1. El Ministerio comenzará
un proceso de deliberación pública
con los principales expertos (nacionales e internacionales),
para evaluar todos los temas de aplicación
de la Convención de Basilea y adoptar las
medidas que se requieran para asegurar que se cumplan
sus objetivos.
2. El Gobierno no permitirá que se vulnere
la Constitución.
3. El Ministerio no permitirá
que se vulnere el ordenamiento jurídico vigente,
ni que Colombia se convierta en un país cementerio
de residuos.
4. La ex ministra Sandra Suárez
Pérez procedió en todos sus actos
con rectitud y responsabilidad.
