02 agosto
2006 - Madrid, España El segundo suceso
más grave de la historia de la energía
nuclear en España se salda con una multa
que no va a suponer un cambio en la política
de seguridad de las centrales.
Greenpeace estima que la sanción
impuesta por el Ministerio de Industria a la central
de Vandellós II por la mala cultura de seguridad
y el ocultismo demostrado en la gestión del
accidente de agosto de 2004 es insuficiente, más
cuando el propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
lo ha calificado como el suceso más grave
en la historia de la energía nuclear española
después del accidente de Vandellós
I.
La central estuvo funcionando
violando gravemente las normas de seguridad durante
aproximadamente 8 meses, tal y como admitió
el CSN, quien permitió el funcionamiento
de Vandellós II a pesar de conocer el problema.
Aunque esta sanción confirma las denuncias
que Greenpeace hizo en su momento, no deja de ser
una cantidad ridícula en comparación
con las ganancias de Iberdrola y Endesa por la venta
de la electricidad producida por la central en ese
periodo (de agosto de 2004 a marzo de 2005).
No hay que olvidar que la propia
presidenta del CSN, María Teresa Estevan
Bolea, reconoció en el Congreso de los Diputados
que la central de Vandellós II funcionó
primando los beneficios económicos sobre
la seguridad.
"El caso de Vandellós
II ha demostrado que, con el actual régimen
sancionador, a las centrales nucleares les resulta
muy rentable funcionar violando las normas de seguridad,
poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente",
ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña
de energía y cambio climático de Greenpeace.
Esta sanción, a pesar de
ser la mayor jamás impuesta, no es la máxima
posible y sale muy barata a Endesa e Iberdrola,
ya que la cuantía de la multa no llega ni
a un 1% de lo que han podido ganar las empresas
propietarias de Vandellós II en esos 8 meses.
Por tanto, Greenpeace considera que esta multa no
va a determinar un cambio sustancial en la política
de gestión de la central.
Este caso no es más que
la demostración de que el régimen
sancionador es claramente insuficiente. Por eso
Greenpeace reclama una reforma urgente del régimen
sancionador y exige:
que las sanciones equivalgan al lucro obtenido
por las centrales mientras funcionan violando las
normas.
la desaparición de la figura del apercibimiento,
que el CSN ha utilizado con frecuencia para evitar
multar a las empresas infractoras, como demuestra
el reciente informe de Greenpeace Análisis
de la aplicación de la figura del apercibimiento
por el Consejo de Seguridad Nuclear del 2000 al
2005. El apercibimiento es una forma de amonestación
que utiliza el CSN en algunos casos en lugar de
aplicar sanciones económicas.
No hay que olvidar que el
Gobierno y el Parlamento se han comprometido a actualizar
la Ley de la Energía Nuclear para quitarle
su carácter promocionador, revisar el régimen
sancionador y la responsabilidad civil de las centrales
nucleares en caso de daño nuclear.
