EL CASO
PIZARRO - La Reserva Provincial de Pizarro, ubicada
en el departamento de Anta, Salta, fue creada a
fines de 1995. En febrero de 2004, el gobernador
salteño Juan Carlos Romero impulsó
una ley por la que se desafectó a la reserva
de su condición de área protegida,
con el objetivo de lotearla, remarla y destinarla
a distintas actividades productivas, pero, fundamentalmente,
al cultivo de soja.
El caso motivó el rechazo
de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes
de la reserva y de numerosas organizaciones no gubernamentales,
entre ellas la Fundación Vida Silvestre,
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) y Greenpeace, quienes reclamaron la nulidad
de la ley de desafectación de la reserva
ante la Justicia salteña, en primera instancia
y, actualmente, a través de una presentación
que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Durante un año y medio,
Greenpeace realizó acciones directas en la
zona, bloqueando las topadoras que desmontaban el
bosque nativo con un equipo de motociclistas especialmente
entrenado, denominado ‘Los Jaguares’, y denunció
la tala ilegal e irracional y la quema de los cordones
de madera una vez desmontados los montes.
En agosto de 2004, once activistas
de Greenpeace –entre ellos el director Ejecutivo
de la organización, Martín Prieto-
fueron arrestados cuando documentaban desmontes
en la región de Tartagal.
El conflicto tuvo su pico de tensión
hace un año, cuando un grupo de compradores
de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte
de la zona. Sin embargo, el 29 de septiembre de
2005, el presidente Néstor Kirchner se comprometió
a intervenir en el caso, luego de recibir a una
delegación de la comunidad wichi, acompañada
por numerosas personalidades.
El compromiso asumido por Kirchner
el año pasado se materializó hoy,
con el acto formal de cesión de tierras a
la comunidad wichi y el anuncio de la creación
del Parque Nacional Pizarro.
(1) En la Argentina, por año,
se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo,
principalmente en el Chaco Seco, donde el 70% del
bosque fue eliminado por la expansión agrícola.
El Chaco Húmedo y la selva pedemontana de
las Yungas forman parte también de la lista
de áreas amenazadas. La Selva Misionera alberga
la más alta biodiversidad del país,
pero sólo queda un 7% de la superficie original,
y la mayor parte se encuentra en nuestro país,
ya que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente
destruida. A la destrucción del bosque para
conversión en tierra de cultivo se le suma
el reemplazo de selvas por forestaciones implantadas,
para uso industrial.
(2) El ordenamiento ambiental
que propone Greenpeace es un instrumento de política
ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso
del suelo y las actividades productivas, con el
fin de lograr la protección del medio ambiente
a partir del uso sustentable de los bosques nativos,
tras una evaluación de las unidades presentes
en cada provincia.
