Greenpeace
desvela que las compañías eléctricas
españolas han puesto en marcha 4 veces más
potencia en Centrales Térmicas que en Renovables.
La organización propone
al nuevo ministro de Industria y Energía
que elabore una Ley de Energías Renovables.
08 septiembre 2006 - Madrid, España
— Greenpeace ha presentado hoy el informe "Quién
controla la energía en España",
un estudio sobre los flujos financieros de las compañías
eléctricas españolas en activos eléctricos
durante el periodo 1998-2005.
Coincidiendo con la toma de posesión
del nuevo ministro de Industria, Joan Clos, y bajo
la premisa de que “quien controla la energía,
cambia el clima”, la organización ecologista
ha dado a conocer los datos más relevantes
sobre las seis grandes compañías eléctricas
que operan en España, en el periodo comprendido
entre la aprobación del Protocolo de Kioto
y la apertura de los mercados eléctricos,
y la actualidad. Estos dos acontecimientos marcan
los ejes fundamentales del escenario energético,
pero por la actuación de la mayor parte de
las compañías no puede afirmarse que
Kioto haya influido decididamente en sus inversiones.
“Las compañías eléctricas
están cambiando el clima y tienen en sus
manos la osibilidad de que España cumpla
o no con Kioto; es obligación del nuevo Ministro
de Industria trabajar en favor de las energías
renovables y el ahorro, que son la única
solución posible y real a este problema”,
ha declarado Raquel Montón, responsable de
la campaña de energía y cambio climático
de Greenpeace. “El ministro Clos debe saber que
existen otras voces y otros intereses, a los que
también debe escuchar, diferentes a los de
las eléctricas, que son los que hasta ahora
han logrado la máxima influencia”.
La principal conclusión
del informe es que las inversiones de las compañías
eléctricas apuestan inequívocamente
por las centrales térmicas de gas de “ciclo
combinado”. Esta apuesta por el gas es 400 % más
elevada que la realizada por las energías
renovables, por lo que en la actualidad el parque
de generación de las eléctricas españolas
ha aumentado significativamente su capacidad de
emisión de gases de efecto invernadero, ocho
años después de la aprobación
del Protocolo de Kioto, aún teniendo en cuenta
el hecho de que una central de “ciclo combinado”
emita menos de CO2 que una térmica de
carbón. Esta tendencia se mantiene en los
planes estratégicos y proyectos en
marcha.
Llama la atención que apenas
hay implantación de instalaciones de energía
renovable por las eléctricas españolas
en Latinoamérica y que la aportación
en España de estas tecnologías limpias
es modesta si se compara con la cifra de las centrales
térmicas. Puede señalarse que la apuesta
por las renovables, en la mayor parte de los casos,
es más un elemento “decorativo” que inunda
de imágenes de aerogeneradores las emorias,
informes y publicidad de las compañías
eléctricas, pero que no alcanza la misma
dimensión en la práctica. Sólo
Iberdrola con más de 3.000 MW eólicos
tiene en consideración esta tecnología
(casi exclusivamente en Europa), aunque por debajo
de sus activos térmicos (11.240 MW) y nucleares
(3.334 MW).
La empresa que se decanta más
decididamente hacia las tecnologías de combustión
fósiles es Endesa, que ha incrementado su
parque térmico en 11.490 MW por sólo
1.615 MW de renovables.
“La política del Ministerio de Industria
debe cambiar radicalmente: no se puede seguir regalando
a las eléctricas derechos de emisión
y reduciendo los incentivos a las renovables ”,
concluyó Montón.
Las principales demandas de Greenpeace
al nuevo ministro de Industria se resumen en:
No subvencionar a las compañías
eléctricas en la emisión de CO2, no
asignando ningún derecho de emisión
gratuito al sector eléctrico en el Plan Nacional
de Asignación de Emisiones para 2008-2012.
El informe “Quién controla la energía
en España” demuestra que estas compañías
no necesitan tales subvenciones, pero que sí
es necesario que reciban la señal adecuada
de coste económico de las emisiones para
que procedan a reducirlas tanto como es posible.
- Una Ley de Energías Renovables.
- Desincentivos a las inversiones en nuevas centrales
térmicas.
- Refuerzo de las políticas de ahorro y eficiencia
energética.
- Plan de cierre de las centrales nucleares.
- Suspensión del plan de construir un almacén
centralizado (ATC) para los residuos radiactivos
de alta actividad.
- Garantizar el derecho efectivo de los consumidores
a elegir electricidad limpia, mediante unas tarifas
que reflejen los costes reales del suministro
El informe “Quién controla
al energía en España” está
disponible en http://www.greenpeace.es
