05 octubre
2006 - DF, México — Para poder continuar
destruyendo manglares sin restricción alguna,
la Asociación Mexicana de Desarrolladores
Turísticos AC (Amdetur) interpuso un recurso
de revisión al proceso de modificación
de la Norma Oficial Mexicana NOM-022, relacionada
con la protección de manglares (1). El sector
turístico se opone a cualquier modificación
porque la normatividad vigente le permite devastar
completamente estos ecosistemas, denunciaron Greenpeace
y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Las organizaciones informaron
que, poco antes de concluir el proceso de revisión
de la Norma 022, Amdetur intentó disolver
el grupo que venía trabajando varios meses
en este tema, y en el cual participó Greenpeace,
e impedir la aprobación de la nueva norma
ya que ésta les obligará a proteger
al menos el 95% de la superficie de manglar donde
pretendan operar.
“No podemos permitir que continúe
la devastación realizada por el sector turístico
e inmobiliario. La industria privada no puede atentar
impunemente contra los ecosistemas de México.
Primero, durante la administración del secretario
Alberto Cárdenas, la Norma 022 fue modificada
de forma ilegal bajo presiones del sector turístico
y ahora, después de ocho meses de trabajo
para revertir esa ilegalidad, el mismo sector turístico
intenta sabotear este proceso”, señaló
Alejandro Olivera, coordinador del área de
océanos de Greenpeace.
Los manglares, además de
servir como barreras contra inundaciones y huracanes,
protegen la línea costera contra la erosión,
sirven como purificadores de agua y albergan una
enorme biodiversidad. Hasta el 80 por ciento de
las especies de peces y crustáceos de interés
comercial y de los que viven en los arrecifes de
coral pasan una etapa de su vida en los bosques
de mangle. El valor estimado de los servicios ambientales
que este ecosistema brinda tan sólo a las
pesquerías mexicanas alcanza los 14 mil 850
millones de dólares al año.
En México existen 886 mil
1000 hectáreas de manglares, de las cuales
cada año desaparecían casi 10 mil
hectáreas. Por ello, hace una década
académicos, organizaciones civiles, empresarios
y distintos sectores del gobierno trabajaron durante
siete años para elaborar una norma de protección
a este ecosistema, la NOM-022, que fue publicada
en 2003. Sin embargo, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) modificó
de manera ilegal esa norma el 7 de mayo del 2004
para permitir la destrucción de manglar a
cambio de una ínfima “compensación
económica”. Esa modificación fue inmediatamente
aprovechada por 17 proyectos de desarrollo turístico
en perjuicio del ecosistema costero (2).
Dichas autorizaciones permitieron
la destrucción de 201 hectáreas de
manglar (ver tabla) en los estados de Baja California
Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Nayarit, Quintana
Roo, Sinaloa y Veracruz.
“Es importante señalar
que en materia de manglares es aplicable la Ley
General de Vida Silvestre, pero la Semarnat aplicó
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
de manera ilegal para justificar las autorizaciones
de cambio de uso de suelo forestal y pagar cantidades
mínimas por compensación del daño
ambiental ocasionado al ecosistema”, afirmó
Alejandra Serrano, coordinadora del programa de
biodiversidad del Cemda.
Del total de las autorizaciones,
3 fueron completamente ilegales, ya que las otorgaron
antes de modificar (también de manera ilegal)
la Norma Oficial Mexicana NOM-022. De estos tres
casos, destaca la tercera etapa del desarrollo turístico
de Costa Cancún, diseñada para arrasar
105.5 hectáreas de manglar. Los otros dos
casos son el proyecto Paraíso del Mar, sobre
el Mogote, en La Paz, Baja California Sur, que afectaría
1.19 hectáreas, y la apertura de cinco canales
artificiales para el fraccionamiento “El Dorado”,
en Boca del Río, Veracruz.
Por si fuera poco, el mismo José
Luis Luege Tamargo, titular de Semarnat, ha reconocido
la presión del sector turístico para
no cubrir el vacío que desde 2004 mantiene
la norma de manglares (3). Ese vacío permitió
al anterior titular de Semarnat, Alberto Cárdenas,
y ahora al subsecretario de Fomento y Normatividad
de esa dependencia, José Ramón Ardavín
(4), obsequiar autorizaciones para que desarrollos
turísticos e inmobiliarios deforestaran manglares.
A partir de febrero pasado y ante
la presión ejercida por grupos ambientalistas
y especialistas en manglar, se conformó un
grupo de trabajo representado por diversos sectores
y liderado por la Semarnat, para revisar y modificar
la norma, proceso que acaba de concluir restableciendo
condiciones de protección en al menos el
95% de la superficie de manglar donde pretendan
operar las empresas turísticas e inmobiliarias.
Greenpeace y Cemda exigen a la
Semarnat no volver a cometer en esta ocasión
el error de ceder ante presiones del sector turístico;
la norma aprobada por el grupo de trabajo debe ser
respetada.
