24 octubre
2006 - Washington, D.C., Estados unidos de america
— El 23 de octubre, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia
para tratar la injusta persecusión de los
campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel
y Teodoro Cabrera. Los comisionados manifestaron
su preocupación ya que prevalece la injusticia
y la impunidad en este caso.
Es una historia negra de la justicia
mexicana. Como se recordará, el 2 de mayo
de 1999, militares del 40º Batallón
de Infantería del Ejército Mexicano
irrumpieron en la comunidad de Pizotla, municipio
de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero,
disparando en contra de un grupo de integrantes
de la Organización de Campesinos Ecologistas
de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán
(OCESP). Causaron la muerte de Salomé Sánchez
Ortiz y detuvieron a dos de los líderes:
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En los días
siguientes, ambos fueron sometidos a torturas y
tratos crueles por parte de sus captores para ser
obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias
por delitos que no cometieron.
Luego de 5 días de incomunicación,
fueron puestos a disposición del Ministerio
Público Federal, que abrió un proceso
judicial plagado de irregularidades y dio validez
a las confesiones obtenidas mediante tortura. Al
cabo del proceso, Montiel y Cabrera fueron condenados
a prisión por 6 años ocho meses y
10 años, respectivamente. Los recursos de
impugnación presentados fueron infructuosos.
En el proceso se hizo evidente que las acciones
en su contra obedecían a la deliberada intención
de inhibir sus actividades como miembros de la OCESP,
en defensa de los bosques y los recursos naturales
de Guerrero.
El caso fue denunciado públicamente
y, tras un largo proceso de defensa y múltiples
muestras de solidaridad por parte de organizaciones
nacionales e internacionales, en noviembre del 2001
el presidente Vicente Fox ordenó la liberación
de Montiel y Cabrera "por razones humanitarias".
Eso significó que los campesinos ecologistas
no fueran absueltos de los delitos que falsamente
les imputaron y que no les fuera reparado integralmente
el daño ocasionado; por el contrario, debieron
dejar sus comunidades de origen por el recrudecimiento
del clima de hostilidad.
Además, el Estado no reconoció
públicamente su responsabilidad en los hechos
ni adoptó medidas para solucionar las causas
de fondo que dieron origen a estos lamentables hechos.
Pese a la excarcelación, la demanda de justicia
integral en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera permanece vigente.
Un recurso internacional
Tras agotar los recursos nacionales,
Montiel y Cabrera junto con diversas organizaciones
como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Greenpeace, el Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional, y el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
acudieron a la Comisión Interamericana para
denunciar que el Estado mexicano había violado
varios derechos: a la integridad personal, a la
libertad personal, al proceso legal, a la protección
judicial y al deber del Estado de respetar y garantizar
los derechos de las personas que se encuentran bajo
su jurisdicción. Precisamente, fueron estas
alegaciones las que se presentaron en audiencia
ante la CIDH a fin de que ésta externe una
evaluación sobre este caso.
Durante la audiencia, la representación
del Estado mexicano insistió en la postura
que ha sostenido en todo el proceso: descalificar
a las víctimas negando su carácter
de activistas ambientales, justificar la arbitraria
detención en instalaciones militares y minimizar
la problemática ambiental reduciéndola
a un problema originado por conflictos de tierra
en la zona, negando -sin mayor sustento- la responsabilidad
estatal en los hechos. No obstante, esto fue rebatido
por el propio Rodolfo Montiel quien, al dar su testimonio,
explicó su largo compromiso con la defensa
de los bosques y relató los hechos relacionados
con su detención y tortura, así como
las consecuencias que esto acarreó en su
vida y que se prolongan hasta el día de hoy.
Escuchados su testimonio y los argumentos de los
peticionarios, los comisionados de la CIDH manifestaron
su preocupación en cuanto a la competencia
que ilegalmente ejerció la Procuraduría
Militar para investigar el asunto, puesto que no
garantiza condiciones de imparcialidad en la investigación.
La relevancia de la audiencia
del caso Montiel y Cabrera es patente si se considera
que el hostigamiento y la represión en contra
de los ecologistas de Guerrero no ha cesado. Así
lo demuestran tanto el ilegal proceso seguido en
contra de Felipe Arreaga entre 2004 y 2005, como
la agresión sufrida por Albertano Peñaloza,
también en 2005, en la que fueron asesinados
dos de sus hijos.
Greenpeace y las demás
organizaciones estaremos atentas al seguimiento
que la Comisión Interamericana dé
al caso, así como a que sean acatadas las
recomendaciones que haga en su informe. En caso
de que el Estado mexicano se niegue a dar cumplimiento
a tales recomendaciones, presentaríamos el
caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y acudiremos a las instancias necesarias para que
cese la injusticia contra los ecologistas mexicanos
que defienden sus recursos naturales.
