Madrid,
7 de febrero de 2007.- El Ministerio de Agricultura
está a punto de cerrar los documentos que
establecen el destino de los fondos de Desarrollo
Rural. WWF/Adena advierte que, de nuevo, el medio
ambiente será el gran perjudicado en el reparto.
Agricultores y ganaderos con terrenos ubicados en
espacios protegidos de la red Natura 2000 y productores
ecológicos se quedarán sin ayudas
de desarrollo rural, a menos que las Comunidades
Autónomas lo remedien.
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WWF/Adena sobre agricultura
El pasado 31 de enero terminó
el plazo de alegaciones al borrador del Marco Nacional
de Desarrollo Rural. Este documento, elaborado por
el Ministerio de Agricultura, establece aquellas
medidas de desarrollo rural que todas las Comunidades
Autónomas tienen que poner en marcha obligatoriamente.
WWF/Adena ya advirtió anteriormente que el
documento presenta graves carencias en cuanto a
actuaciones para conservar el medio ambiente, contrariamente
a lo establecido en las Directrices europeas sobre
desarrollo rural.
El Ministerio de Agricultura sigue
apostando, así, por un modelo continuista
de desarrollo rural, donde los regadíos vuelven
a ser prioritarios, así como los caminos
rurales y la agroindustria. Por el contrario, agricultores
y ganaderos en Natura 2000 o los productores ecológicos
quedan fuera de este Marco Nacional. Toda la responsabilidad
descansa ahora sobre las Comunidades Autónomas,
que deben decidir en sus Programas de Desarrollo
Rural si quieren apoyar a estas explotaciones, en
las que agricultura y conservación del medio
ambiente pueden ser compatibles.
El caso de los agricultores y
ganaderos con terrenos ubicados en espacios protegidos
de la red Natura 2000 es aún más sangrante,
puesto que las explotaciones forestales en la misma
situación sí contarán con ayudas
de desarrollo rural en todas las Comunidades Autónomas.
Este tipo de explotaciones tradicionales, normalmente
caracterizadas por su baja productividad pero que
mantienen hábitats o especies de alto valor,
vuelvan a quedar marginadas dentro de las políticas
agrarias, recibiendo escasas ayudas en comparación
con las que reciben otros sistemas de producción
más intensivos.
Las Comunidades Autónomas
tampoco estarán obligadas a prestar apoyo
a los productos ecológicos. Mientras el Ministerio
de Agricultura lanza campañas para promover
el consumo de este tipo de alimentos, se olvida
de incluir en el Marco Nacional una ayuda agroambiental
para incentivar este excelente tipo de agricultura
con medidas de desarrollo rural.
Celsa Peiteado, Responsable de
Política Agraria de WWF/Adena, advirtió:
“El Ministerio de Agricultura continuará
promoviendo un modelo anticuado de agricultura hasta
2013. De nuevo volvemos a pedir que incluya en el
Marco Nacional la medida para explotaciones agrarias
en Natura 2000”. Además, dado lo limitado
de los fondos, WWF/Adena ha solicitado que se establezcan
prioridades ambientales (ya las hay de carácter
social) para favorecer el acceso a las ayudas de
desarrollo rural. De esta forma, debería
discriminarse positivamente a las dehesas, los cereales
de secano o la ganadería extensiva en prados
de alta montaña, los productores ecológicos
o las explotaciones forestales en zonas de alto
riesgo de incendio.
Artículo: Celsa Peiteado
La utilización de veneno
contra los topillos por la Consejería de
Medio Ambiente puede ser un delito ecológico
Madrid, 8 de febrero de 2007.-
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León ha anunciado la utilización
masiva de cebos con veneno para controlar una plaga
de topillos. WWF/Adena considera que esta iniciativa
constituye un gravísimo error puesto que
va a causar la muerte de cientos de aves rapaces
y otras especies amenazadas. Tal despropósito
podría llegar a constituir un delito ecológico
por su carácter masivo y no selectivo. Consecuentemente,
WWF/Adena reclama que se suspenda el envenenamiento
y ofrece seis alternativas para afrontar esta situación.
Por vía urgente, WWF/Adena
ha pedido al Consejero de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León que antes de iniciar el
envenenamiento masivo contra la plaga de topillos,
evalúe con sus expertos las consecuencias
ambientales que van a desencadenar, que a juicio
de WWF/Adena serían catastróficas
para la fauna.
Las aves de presa especialistas
en la captura de topillos (como el Milano real)
son la mejor herramienta para el control de las
explosiones demográficas de estos micromamíferos.
Por otra parte, las rapaces son extremadamente sensibles
a la intoxicación consecuencia del consumo
de roedores envenenados. Recientes estudios en Francia,
que localizaron miles de ejemplares muertos tras
este tipo de tratamientos, así lo demuestran.
Por ello, la medida que se va a poner en marcha
tendría efectos muy negativos. La mayoría
de los 50.000 ejemplares de Milano real invernantes
en nuestro país -la práctica totalidad
de su población mundial- se concentran en
la Meseta Norte, en áreas con altas densidades
de topillo campesino. Son verdaderos especialistas
en su captura, al igual que Busardos ratoneros,
Cernícalos comunes, Búhos campestres
o Lechuzas comunes entre otros. Además, el
veneno también provocaría la muerte
indiscriminada de muchas otras especies granívoras,
como por ejemplo perdices, palomas o avutardas,
al consumir el grano que se quiere utilizar como
soporte del veneno.
WWF/Adena considera que esta actuación
de la Consejería puede constituir un delito
ecológico pues se utiliza un sistema indiscriminado,
masivo y letal para la fauna, con el agravante de
producirse en zonas ZEPA (protegidas por la UE),
donde existen numerosas especies sensibles que se
verían afectadas. Además, los cultivos
reciben compensaciones económicas, precisamente,
para que cumplan con unas condiciones ambientales
mínimas que, por el envenenamiento, quedarían
vulneradas .
WWF/Adena hace un llamamiento
al Consejero de Medio Ambiente para que paralice
la distribución del veneno, aplique otras
soluciones y sea congruente con las obligaciones
de su Consejería. Algunas alternativas a
estudiar de forma urgente son las siguientes:
-Valorar las pérdidas económicas
reales que ocasiona la plaga, realizada por una
entidad independiente.
-Promover con fondos de desarrollo
rural métodos de control biológico
de plagas, evitando el uso de productos químicos.
Es especialmente relevante mantener una población
alta y estable de predadores naturales, como aves
rapaces y carnívoros terrestres.
-Establecer una línea de
seguros agrarios que cubra este tipo de daños,
mediante convenios con entidades financiaras y asociaciones
agrarias.
-Asesorar sobre posibles medidas
de manejo de las siembras que puedan ser eficaces
para reducir la incidencia de la plaga, como métodos
de laboreo convencional, utilización de rodillos
tras las siembras, elección de cultivos que
no favorezcan la plaga, etc.
-Desarrollar un proyecto de investigación
que permita prever los ciclos de la plaga y establecer
el sistema de alerta y las medidas a tomar.
-Destinar el dinero que se quiere
utilizar en las campañas de envenenamientos
para financiar las medidas anteriores más
urgentes.
Artículo: Enrique Segovia
ALTO GUADIANA: PLANES SIN FUTURO
Ciudad Real, 8 de febrero de 2007-Antonio
Serrano, Secretario General para el Territorio y
la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente,
formalizará hoy- jueves 8 de febrero de 2007-
la adquisición de cuatro fincas en Daimiel
para la protección del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel.
WWF/Adena insiste en que la mera
compra de superficies de cultivo no es útil
si no se reestablece la recarga de agua de los acuíferos
del Parque Nacional. Con este objetivo, la organización
exige que se reduzca la extracción del agua
para el regadío.
Ante esta medida, WWF/Adena explica
la situación actual del agua en esta zona
en un artículo escrito por Alberto Fernández,
experto de WWF/Adena en el Alto Guadiana.
ALTO GUADIANA: PLANES SIN FUTURO
La Confederación Hidrográfica
del Guadiana (CHG,) ha presentado su Plan Especial
del Alto Guadiana (PEAG). Cualquier persona con
un mínimo de sensibilidad ambiental o, incluso,
simplemente preocupada por el futuro de la agricultura
en Castilla La Mancha, es consciente de que recuperar
los acuíferos, hacer sostenible el regadío
y compatibilizar las actividades agrícolas
con la conservación ambiental son objetivos
ineludibles para la propia supervivencia de los
agricultores. Sin embargo, la lectura del PEAG muestra
que los errores en su planteamiento le impiden lograr
estos fines declarados.
El grave problema de las actividades
agrícolas en el Alto Guadiana es que sus
regadíos continúan utilizando el agua
del acuífero 23, sobre explotado desde hace
muchos años. Aunque parezca una perogrullada,
para que un acuífero se recupere hay que
extraer cada año menos agua de la que se
recarga. Y este objetivo, tan claro en teoría,
es lo que no logra el PEAG.
La incoherencia fundamental es
que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
no se pone como meta principal lograr la reducción
del consumo hasta hacerlo sostenible sino, por encima
de todo, extraer (nominalmente) 200 hm3 de agua
cada año para los regadíos. Este nivel
de extracción impide la recuperación
del acuífero antes del año 2042, según
los datos de la propia CHG.
Pero aún hay más.
La Junta pretende mantener 151.000 hectáreas
de regadío para que se repartan anualmente
esos 200 hm3. El consumo por hectárea así
resultante es irrealmente bajo y, de hecho, insuficiente
para que los cultivos no se malogren. Dada la experiencia
que se tiene de esta zona, donde hasta el 50% de
los regantes legales también hacen un uso
ilegal del agua, todo el mundo sabe que los agricultores
utilizarán, no sólo lo establecido
por la CHG, sino toda el agua necesaria para llevar
sus cultivos a feliz término.
Por otra parte, la CHG ofrece
la posibilidad de reducción de regadíos
mediante la recompra voluntaria de derechos de extracción
a los consumidores legales. Ese podría ser
un instrumento en parte válido si no fuera
porque los derechos de extracción actuales
equivalen al doble de los recursos anuales. Es decir,
en teoría, se puede extraer legalmente el
doble del agua que entra cada año en el acuífero.
Por supuesto, esto hace que en este momento existan
muchos pozos que tienen derecho a sacar agua pero
que ahora están secos o tienen caudales ínfimos,
por lo que no se utilizan. Pero si la compra hace
que los niveles de aguas subterráneas empiecen
a recuperarse, estos pozos “muertos” volverán
a tener agua y sus propietarios la usarán
de nuevo, anulando la regeneración deseada
del acuífero. El volumen de agua que habría
que comprar para lograr la recuperación auténtica
del acuífero resulta así tan exorbitante
que ninguna administración pública
tiene suficientes recursos para realizar ese tremendo
desembolso. Además, existen más extracciones
ilegales que legales, 24.000 pozos ilegales frente
a 16.000 con derechos, por lo que el alcance de
esta medida resultará también insuficiente.
La sed de esta agricultura en
La Mancha no para de crecer. Las 85.000 ha de viñedos
regados consumen ya más de la mitad del agua
extraída de los acuíferos sobre explotados.
Con los fondos de la Organización Común
del Mercado del Vino de la Unión Europea
se ha comprometido la implantación para 2008
de variedades en espaldera, necesitadas de riego,
en 10.000 hectáreas adicionales. Esto constituye
un obstáculo más para alcanzar el
uso sostenible del agua del subsuelo.
Dados todos estos condicionantes,
WWF/Adena está firmemente convencida de que
el único medio de lograr la sostenibilidad
es la disminución de la superficie regada
hasta alcanzar una área que necesite menos
de 130 hm3 al año. Esto deberá ser
impulsado por un cambio en la política agraria
de la Junta de Comunidades, si queremos cumplir
los objetivos de la Directiva Marco de Agua (DMA)
antes de 2027. Pero existen condiciones previas
para lograr este objetivo, como es la recompensa
económica al secano por su papel multifuncional
y su contribución a la conservación
de la biodiversidad y los recursos naturales. Por
parte de la CHG es preciso un control estricto y
sanción de las extracciones ilegales y la
imposición de caudalímetros en todos
los pozos legales. Pero antes de todo es preciso
convencer a la sociedad de la necesidad de lograr
una gestión y uso racional del agua en la
zona, por su propio interés y el de las generaciones
futuras.
Para garantizar que se van a cumplir
los compromisos de la DMA por parte del Estado Español,
que busca lograr el buen estado de las aguas en
toda la Unión, la Junta debería redactar
un decreto fijando sus objetivos, inversiones y
actuaciones en relación con el PEAG. Igualmente,
la Junta debería ejercer sus competencias
para evitar las perforaciones ilegales y facilitar
su control.
En opinión de WWF/Adena, si la Junta de Comunidades
promueve un PEAG cuyo único fin sea conseguir
el máximo de ingresos para la zona, en lugar
de constituir una propuesta coherente para hacer
sostenible el regadío de la región,
sus fines no contribuirán a los objetivos
ambientales de la UE y, por tanto, ni Europa ni
el Estado Español deberían financiar
tal Plan.
Artículo: Alberto Fernández
