Aumentan
las exportaciones españolas de material
de defensa durante el primer semestre de 2006
y se sigue sin conocer el detalle de lo que
se exporta - 06 marzo 2007- Madrid, España
— Con varios meses de retraso, el Gobierno ha
remitido al Congreso las estadísticas
de exportación de Material de Defensa
y de Doble Uso relativas al primer semestre
de 2006, cuyas ventas supusieron 462,6 millones
de euros.
El análisis de los
datos oficiales sobre las exportaciones realizadas
en este periodo, constata que armas españolas
y productos y tecnologías de doble uso
continúan llegando a países en
conflicto armado, con tensiones regionales o
en los que existen graves y reiteradas violaciones
de los derechos humanos, como China, Israel,
Colombia, Marruecos e Indonesia, entre otros.
La preocupación por el hecho de que se
vendan armas a estos países es aún
mayor por la falta de información sobre
el tipo de producto exportado, la naturaleza
del usuario final y sobre los criterios valorados
a la hora de aprobar esas exportaciones. Dicho
nivel de transparencia ya es ofrecido por otros
países del entorno como Reino Unido,
Alemania y Bélgica.
Este análisis pone
nuevamente de manifiesto la necesidad urgente
de que se apruebe en España una ley que
permita conocer y controlar eficazmente las
transferencias de armas.
Opacidad en la información
Además de la demora en la publicación
de los datos, Amnistía Internacional,
Intermón Oxfam y Greenpeace lamentan
que el informe del Gobierno no presente ningún
avance en transparencia respecto a los informes
de años anteriores, lo que una vez más
impide que pueda conocerse públicamente
con exactitud qué tipo de armas se han
vendido, a quién y con qué finalidad
y, por tanto, realizar un efectivo control del
comercio español de armas.
Los datos ofrecidos por el
ejecutivo tampoco incluyen información
sobre las ventas autorizadas y todavía
no realizadas. Los mismos serían imprescindibles
para ejercer un control previo de las exportaciones
de armas, y no sólo a posteriori.
Las exportaciones de munición
de caza y tiro deportivo tampoco aparecen en
la última información proporcionada
por el Gobierno sobre ventas de armas, a pesar
de las reiteradas peticiones de Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace
de someter a control este tipo de armamento.
Obuses a Colombia
Recientemente, un periódico
español publicaba la noticia de la venta
a Colombia de obuses fabricados por una empresa
asturiana, destinados, según la noticia,
a un batallón de artillería del
ejército colombiano. Es preciso que el
gobierno explique con la mayor prontitud esta
exportación, dando los detalles concretos
de la venta, así como el tipo de producto
y el destinatario. El redactado actual del proyecto
de ley no obliga al Gobierno a ofrecer este
nivel de detalle, lo que evidentemente limita
cualquier valoración sobre la conveniencia
o no de dichas exportaciones.
Colombia, junto a otros países,
es desde hace años un destino preocupante
de las armas españolas. De confirmarse
estas nuevas ventas, el Gobierno habría
ignorado una vez más, varios criterios
del Código de Conducta de la Unión
Europea, por tratarse de un país en el
que existe un conflicto armado caracterizado
por las graves violaciones de los derechos humanos
por parte de todos los actores armados en el
mismo (ejército, guerrilla y paramilitares).
Material policial a Guatemala
En la información oficial relativa al
primer semestre de 2006 figura la venta de “otro
material” a Guatemala por valor de más
de 800 mil euros. Sin embargo, no es posible
saber qué se ha vendido exactamente a
un país en el que se producen preocupantes
violaciones de los derechos humanos por parte
de las fuerzas de seguridad y altos niveles
de impunidad ante estos abusos.
La categoría de “otro
material” incluye diversas subcategorías
y productos de seguridad, policial y antidisturbios,
como sustancias incapacitantes, equipos de luz
y sonido provocadores de aturdimiento, dispositivos
restrictivos del movimiento de los seres humanos
o equipos para provocar descargas eléctricas,
entre otros. Éste es otro claro ejemplo
de la importancia de conocer con exactitud cuál
es el producto exportado y cuál será
su uso final.
Necesidad de mejorar la ley
en trámite
Para impedir que las armas españolas
lleguen a destinos equivocados en los que puedan
utilizarse para cometer violaciones de los derechos
humanos, para alimentar conflictos armados o
avivar tensiones regionales, Amnistía
Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace
consideran que es imprescindible que se apruebe
en España una ley exigente que asegure
la mayor transparencia y control de las trasferencias
de armas. Para ello, el proyecto de ley presentado
por el Gobierno a finales de 2006 deberá
mejorar sustancialmente durante su tramitación
parlamentaria incluyendo:
- Avances reales en transparencia
de la información exigiendo el detalle
mínimo con que deberá el gobierno
informar sobre el tipo de producto exportado
e información detallada sobre el destinatario
y uso final.
- Mayor control reforzando
los criterios de denegación, suspensión
y revocación para impedir que las exportaciones
de armas españolas lleguen a destinos
equivocados.
- Medidas para poner fin
a la discrecionalidad de la Junta Interministerial
Reguladora del Comercio Exterior de Material
de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) para autorizar
exportaciones de armas españolas.
- La creación de una
Comisión Parlamentaria Permanente de
seguimiento, que reciba información actualizada
de forma trimestral.
Información adicional
El 29 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el proyecto de ley sobre comercio
exterior de material de defensa y doble uso,
actualmente en tramitación parlamentaria.
Las organizaciones, que durante más de
una década han reclamado la aprobación
de una ley que España que regule las
transferencias de armas, mostraron su decepción
por un proyecto de ley poco ambicioso que no
presenta ningún cambio significativo
con respecto de la situación actual.
En su informe “Una Ley con agujeros”, las organizaciones
critican el proyecto de Ley del Gobierno y presentan
una serie de recomendaciones para el Gobierno
y los grupos parlamentarios que deben ser incorporadas
a la futura ley del comercio de armas si España
quiere mostrar un compromiso real con el respeto
a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario. Paralelamente, en toda España
miembros de las tres organizaciones están
organizando actos públicos y recogidas
de firmas dirigidas a los diputados de la Comisión
de Defensa del Congreso para que las peticiones
sean escuchadas e incorporadas en la nueva ley.
