El
90% de la madera utilizada en la pinacoteca
ha sido certificada por el FSC
01 abril 2007 - Madrid,
España — Greenpeace celebra que la
ampliación del Museo del Prado sea
la primera obra pública que ha atendido
a verdaderos criterios de sostenibilidad en
la adquisición de madera. Aunque la
inauguración oficial será en
octubre, los 22.000 metros cuadrados de nuevas
instalaciones están ya concluidos y
se han mostrado en la visita que el pasado
sábado realizó la Ministra de
Cultura, Carmen Calvo.
En una carta remitida a
la Ministra de Cultura el pasado mes de diciembre,
Greenpeace felicitó al Ministerio por
la decisión de emplear madera certificada
por el FSC (Consejo de Administración
Forestal). Este organismo independiente es
el que tiene los estándares más
rigurosos tanto sociales como ambientales
y el único que cuenta con el beneplácito
de las más importantes organizaciones
de defensa ambiental.
Según Miguel Ángel
Soto, responsable de la campaña de
Bosques de Greenpeace, “éste es un
hecho sin precedentes en España. Una
obra pública, un edificio emblemático
de la cultura española y mundial, además,
ha sido construido incorporando uno de los
criterios de sostenibilidad que la sociedad
está demandando actualmente”.
La última vez que
se inauguró la ampliación de
un museo, la organización ecologista
no tuvo tan buena opinión de la misma.
Fue en octubre de 2005 cuando Greenpeace realizó
una acción en las nuevas instalaciones
del Museo Reina Sofía denunciando que
en las obras de ampliación se había
comprado madera a empresas denunciadas y multadas
en Brasil por comerciar con madera extraída
ilegalmente de la selva amazónica,
como demostraron en su informe Crimen forestal
en el museo. En estas obras se empleó
madera de jatoba para 6.000 m2 de suelo a
lo que habría que sumar una cantidad
considerable para paredes y falsos techos
chapados con el mismo material.
Greenpeace celebra que la
administración central haya aprendido
del error cometido, cuyos efectos negativos
sociales y ambientales afectaron al mayor
bosque primario del planeta y a sus habitantes.
“Esperamos que cunda el
ejemplo y en la Ley de Contratos del Sector
Público, actualmente en proyecto, se
imite la voluntad demostrada en esta obra
y se apueste por criterios sociales y medioambientales
sin excusas, tal y como afirmó la vicepresidenta
Mª Teresa Fernández de la Vega
cuando se elevó el proyecto de ley
al Consejo de Ministros. El volumen de compra
de las administraciones públicas obliga
a que extremen la cautela en su política
de compras y, al mismo tiempo, sirvan de ejemplo
a la industria y a los ciudadanos, demostrando
que se puede apostar por materiales que no
comprometen el futuro de los bosques primarios,
los que se conservan intactos, y la biodiversidad
que albergan”, afirmó Miguel Ángel.
El pasado 12 de marzo Greenpeace
y WWF/Adena elaboraron una propuesta de enmiendas
al proyecto de Ley en el que se ponía
especial hincapié en la inclusión
de parámetros sociales y ambientales
estrictos a la hora de establecer los criterios
de compras públicas.
