11
abril 2007 - Ciudad de México, México
— Terrenos con alto potencial en zonas costeras
están siendo rematados (casi regalados)
pero no cualquiera puede adquirirlos, sólo
los empresarios turísticos. Esa es
la política que ha seguido el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Los precios para los beneficiados se han reducido
al extremo: hasta 7 pesos el metro cuadrado.
Durante el sexenio de Vicente Fox y en lo
que va del de Felipe Calderón, Fonatur
ha malbaratado numerosos terrenos en las costas
de los estados de Quintana Roo (Cancún),
Guerrero (Ixtapa y Vista Pelícanos),
Oaxaca (Bahías de Huatulco), Nayarit
(Litibú) y Baja California Sur (San
José del Cabo, Cabo San Lucas, Nopoló
y Loreto).
Los precios promedio por
metro cuadrado son: 14 dólares en Cancún;
8 dólares en San José del Cabo;
185 pesos en Loreto y 19 pesos en Ixtapa.
En Vista Pelícanos en precio promedio
es de 7 pesos y las ventas corresponden a
este sexenio, lo que demuestra que esta práctica
se mantiene. Estos precios están muy
por debajo del valor catastral en las respectivas
zonas.
Por el remate de las propiedades
mencionadas, Fonatur ha obtenido 7,376 millones
de pesos del año 2000 a la fecha (206
millones de pesos en los primeros tres meses
de la actual administración). Un monto
apenas similar al presupuesto que ejercerá
el Poder Legislativo en 2007.
"La mayoría
de los terrenos vendidos en el Golfo de California
son del proyecto Escalera Náutica o
Mar de Cortés. No queremos que se repita
la experiencia de Cancún, donde las
transacciones millonarias a beneficio de particulares
han implicado la destrucción de ecosistemas
y la extorsión de ejidatarios",
afirmó Alejandro Olivera, coordinador
de la campaña de océanos de
Greenpeace México.
Después de malbaratar
las zonas costeras, Fonatur ha creado fideicomisos
con los mismos beneficiarios para apoyarlos
financieramente y subsidiar el mantenimiento
de los proyectos. Las evidencias de su mala
administración son reconocidas por
su titular, Miguel Gómez Mont, quien
ha reconocido que el subsidio para los empresarios
de Los Cabos, Ixtapa y Cancún a través
de los "Centros Integralmente Planeados"
asciende a 200 millones de pesos al año
(Milenio, 25 de marzo del 2007).
Greenpeace solicitará
a la Auditoría Superior de la Federación
que revise la venta irregular de estos terrenos
durante el presente y anterior sexenio. Asimismo,
exige que ya no sean subsidiados proyectos
empresariales que fomentan la destrucción
de ecosistemas sino que se invierta en desarrollos
verdaderamente sustentables.
