28
mayo 2007 - Madrid, España — El pasado
25 de mayo, el Presidente de la República
de Turquía vetó, por ser contraria
a la Constitución, un Anteproyecto
de Ley por el cual el Gobierno pretendía
crear un marco legal y financiero para la
construcción y operación de
centrales nucleares en este país. Actualmente
no hay centrales nucleares ni en operación
ni en construcción en Turquía.
Por medio de esa Ley, se
articulaban toda una serie de subsidios encubiertos
en favor de la energía nuclear, lo
que resulta contrario a lo establecido en
la Carta Magna turca. Además de ser
inconstitucional de cara la Constitución
turca, esta Ley demuestra que la energía
nuclear no es rentable ni competitiva en un
sistema eléctrico liberalizado y que
para poder existir y subsistir necesita toda
una serie de subsidios encubiertos directos
e indirectos del Estado.
El Presidente enfatizó
en su veto que los artículos afectados
violaban claramente la Constitución
y el interés general.
El veto del Presidente de
Turquía sobre la inconstitucionalidad
de esa Ley se fundamenta en una serie de argumentos,
de los cuales varios son los mismos en los
que Greenpeace había basado su oposición
a esta Ley.
Uno de los principales argumentos
es que esta Ley haría que fuera el
Estado y no el operador de la central nuclear
el que asumiera todo el coste del desmantelamiento
de la planta y de la gestión de los
residuos radiactivos.
Además, Greenpeace
aportó evidencias de que en realidad
el borrador de la Ley había sido redactada
por el fabricante de centrales nucleares canadiense
AECL, en una demostración evidente
del grado en que las decisiones públicas
del Gobierno turco están sometidas
al control previo de una empresa privada (y
además extranjera) del sector nuclear.
Otros argumentos de Greenpeace
no fueron explícitamente usados en
el veto del Presidente. Por ejemplo, Greenpeace
advirtió que en caso de accidente nuclear,
las estipulaciones del Convenio de París
no obligaban a cubrir de forma ilimitada toda
la responsabilidad en que incurriera el propietario
de la central nuclear accidentada.
Greenpeace además
alertó de otras subvenciones encubiertas
a través de la tarifa eléctrica,
que se establecían en esa Ley.
Este veto supone otro serio
revés a la industria nuclear, que había
anunciado en 2006 que Turquía emprendería
en breve la construcción de centrales
nucleares. Con el veto a esta Ley, la industria
nuclear turca suma otro nuevo fracaso más.
Ésta lleva más de 30 años
intentando que se construyan centrales nucleares
en este país, sin ningún éxito.
+ Más
Greenpeace muestra su satisfacción
por los resultados de la Conferencia de Lima
sobre bombas de racimo
28 mayo 2007 - Lima, Perú
— La Conferencia de Lima (Perú) sobre
bombas de racimo concluyó el pasado
25 de mayo, con un importante apoyo a un nuevo
tratado internacional que prohíba este
armamento. En esta ocasión, 68 países
han firmado la declaración final, que
expresa el compromiso de lograr un acuerdo
definitivo para el año 2008. Lo que
supone un gran avance con respecto a los 46
países que suscribieron la declaración
de Oslo el pasado febrero.
Casi 70 países discutieron
en Lima, durante tres días, los contenidos
y elementos del nuevo tratado, y acordaron
que es preciso que incluya obligaciones de
prestar asistencia a las víctimas,
limpiar los terrenos contaminados, destruir
los stocks y proporcionar ayuda y cooperación
internacional. Ésta fue la segunda
conferencia en el proceso internacional para
prohibir las bombas de racimo. La primera
se celebró el pasado febrero y su declaración
final recibió el apoyo de 46 gobiernos.
Entre las nuevas naciones que se han sumado
ahora destaca Laos, el país más
afectado del mundo por las bombas de racimo,
que anunció una moratoria inmediata.
Varios estados africanos
se mostraron especialmente activos en cuanto
a lograr un nuevo tratado, y Perú lanzó
una iniciativa regional que pretende que América
Latina se declare zona libre de bombas de
racimo. Por el contrario, un grupo de países,
entre ellos varios europeos, trataron de que
el texto de la declaración se suavizara
e incluyera excepciones, por ejemplo para
aquellas armas que tienen mecanismos de autodestrucción.
Sin embargo, prevaleció el criterio
de que no haya excepciones ni plazos adicionales.
El proceso de Oslo tiene
los mismos parámetros que el que llevó
a prohibir las minas antipersonales en 1997.
La próxima reunión tendrá
lugar en Viena (Austria) en diciembre.
