LA UE LEGITIMA LA SOBREEXPLOTACIÓN DEL ATÚN ROJO Y DA UNA OPORTUNIDAD A LA ANGUILA

Panorama Ambiental
Internacional
Junio de 2007
 

Madrid, 12 de junio de 2007 – Los Ministros de Pesca de la Unión Europea han legitimado en el Consejo celebrada ayer, la sobreexplotación del atún rojo, mientras la anguila europea se puede salvar de la extinción al haber entrado en la lista de CITES.

ATÚN ROJO

Según WWF/Adena, las capturas de atún rojo en el Mediterráneo y Atlántico Oriental ya han alcanzado este año el límite de las 15.000 toneladas, que los científicos de ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) consideran como capturas máximas sostenibles para evitar el colapso de esta pesquería. Pese a esto, los ministros de pesca de la Unión Europea acordaron duplicar la cuota vigente. Los científicos de ICCAT también han pedido incrementar la talla mínima a 30 kg., pero la UE han pospuesto cualquier decisión sobre la talla hasta el próximo año.

“ Con la decisión errónea de la UE de no cerrar la pesquería, cabe poca esperanza de evitar el colapso del atún rojo”, comentó Aaron McLoughlin, Director del Programa Marino de WWF/Adena “ la decisión tomada ayer por la UE convierte en una farsa la gestión sostenible de las poblaciones de atún rojo comunitarias”.

ANGUILA EUROPEA

Ayer, tanto el Consejo de la UE como el Convenio CITES (Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Salvaje) han tratado la grave situación de la anguila europea, adoptando medidas positivas para esta especie amenazada, de la que queda tan sólo un 1-2 % de la población original. Con la decisión de CITES de incluir esta especie en su Anexo II y la puesta en marcha de un plan de recuperación estricto por parte de la Unión Europea, se mantiene la esperanza de que su población se recupere progresivamente a niveles sostenibles.
Artículo: Raúl García

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Según WWF/Adena, los incendios forestales en Doñana son intencionados o debidos a negligencias

Hinojos (Huelva), 13 de junio de 2007. WWF/Adena ha presentado hoy su evaluación de los incendios forestales del año 2006 y ha comparado los resultados con los de 2005. A pesar del descenso del número de siniestros y hectáreas quemadas, la mayor parte de los incendios continúan siendo intencionados y causados por negligencias.

De un total de 66 incendios ocurridos en 2006, 33 se debieron a causas intencionadas, entre las que se encuentran la creación de pastizales, los intereses cinegéticos, la destrucción de especies arbóreas, los pirómanos o el gamberrismo, entre otras. También hay que llamar la atención sobre los 15 incendios debidos a negligencias y los 12 de causa desconocida, que muy probablemente también tengan su origen en el hombre. A los accidentes se achacan 5 fuegos y a causas naturales tan sólo uno. Según Juanjo Carmona, responsable de la Oficina de WWF/Adena en Doñana, “la conclusión es rápida: de 66 incendios, Doñana podía haberse ahorrado 65”.

En los mencionados siniestros ardieron un total de 234 hectáreas, un número muy inferior a las 1.529 hectáreas del año 2005, quemadas en 126 incendios.

Entre los municipios más afectados por los incendios en el año 2006 se encuentran Aznalcázar con 16 (9 intencionados), Almonte 14 (7 intencionados) y Moguer con 8 (3 intencionados). Estos tres pueblos también fueron los más afectados en 2005, tanto en el número de hectáreas como en la cantidad de incendios (71 incendios que quemaron 1.481 hectáreas).

A juicio de WWF/Adena, sigue siendo necesario tomar medidas para minimizar el impacto de los incendios. La organización propone la limpieza de los residuos sólidos y plásticos agrícolas en los terrenos forestales y cunetas de carreteras, la eliminación de los vertederos ilegales, el control de las medidas de riesgo relacionadas con la agricultura y la ganadería, educación ambiental y concienciación de la población local.

Tras los incendios habrá que evitar el cambio de uso de los terrenos afectados, y fomentar la investigación de las causas de los incendios, la persecución de los delitos y la restauración de las zonas siniestradas.

“Todos sabemos el porqué de muchos incendios provocados en Doñana, ahora se trata de luchar contra esas causas con actuaciones preventivas”, añade Juanjo Carmona. Y concluye: “WWF/Adena entiende que el futuro de las masas forestales de Doñana, situadas fuera de los espacios protegidos, está amenazado por los incendios intencionados y la posterior ocupación de estos terrenos calcinados para actividades agrarias, industriales o de otra índole, por lo que su restauración y vigilancia debe ser una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía”.
Artículo: Juanjo Carmona

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LOS ECOLOGISTAS DENUNCIAN QUE EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALTO GUADIANA DESERTIFICARÁ LA MANCHA HÚMEDA

Madrid, 15 de junio de 2007- Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena dedican este año el “Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía” a denunciar el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por ser un paradigma de cómo las Administraciones pueden diseñar una política que llevará a desertificar un área rica en humedales de importancia Internacional.

Según Naciones Unidas, España es el país más árido de Europa. Un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las zonas más afectadas hasta ahora son la vertiente mediterránea y las islas Canarias.

La desertificación es un proceso de degradación de tierras por efecto directo de la acción humana. Las principales causas de este proceso son la sobre explotación de los recursos hídricos, la agricultura intensiva, la tala indiscriminada de bosques, el sobre pastoreo, los incendios y la ocupación del suelo por el negocio inmobiliario.

Los ecologistas denuncian hoy que el PEAG fomentará un incremento significativo de la desertificación en la mayor área de humedales del centro de la península, unos ecosistemas imprescindibles para el equilibrio del clima y la conservación de los cada vez más escasos recursos hídricos y la biodiversidad que albergan.

Para las organizaciones ecologistas, el PEAG no sólo no corregirá el desastre ecológico de sobreexplotación y de falta de gestión hídrica, sino que promoverá un proyecto medioambiental ineficaz con la excusa de recuperar las Tablas de Daimiel y otros humedales de la zona. Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena piden la profunda rectificación modelo de consumo de agua del PEAG y exponen alternativas para la elaboración de un nuevo plan para la recuperación hídrica de la zona, entre otras razones, porque:

1. Otorga a Castilla-La Mancha más de 3.900 millones de euros, el presupuesto más alto que se ha dado jamás a un proyecto “ambiental”. Sin embargo, el dinero, en su mayor cuantía, no se utilizará en la recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ni del resto de humedales, sino en mantener una agricultura insostenible y la sobreexplotación ilegal del agua de los acuíferos disfrazado en forma de “reconversión agrícola”. Las ONG ambientales proponen que la mayor parte del presupuesto se dirija a reconvertir el regadío y sus servicios hacia otro tipo de desarrollo económico, industrial y social, y a la recuperación del patrimonio natural.

2. No cumple la Directiva Marco del Agua (DMA) y consolida el alarmante déficit de los acuíferos sobreexplotados. Por exigencia de Castilla-La Mancha, el PEAG mantendrá una extracción legal de 200 Hm3/año en el acuífero 23 (según el PEAG, actualmente se consumen hasta 400 Hm3/año por las extracciones ilegales). Pero este volumen no reduce la sobreexplotación, pues es el mismo que ya exige en la actualidad la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los regantes legales en su Régimen anual de explotación. Esta falta de compromiso real y de falta de transparencia en la toma de decisiones para cambiar la situación llevará a que no se cumplan las obligaciones que exige la DMA ni en su segunda prórroga de 2027. Conseguir la recuperación mediante el PEAG nos llevaría en el mejor de los casos hasta 2042. Por ello, se debería realizar un esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, y la Junta y los regantes tendrían que bajar de 130 Hm3/año su pretensión de consumo si se quieren cumplir realmente los objetivos pretendidos en el Plan.

3. Subvenciona la consolidación de usos ilegales del agua en el Guadiana. El Plan prevé comprar derechos de riego a los que los poseen legalmente. Pero al incluir al mismo tiempo la exigencia de Castilla-La Mancha de mantener la misma superficie de regadío, implicará que se siga usando la misma cantidad de agua que hasta ahora y en buena parte por los regantes ilegales, que no serán eliminados por el proceso de compra. Para las ONG, el Ministerio de Medio Ambiente debería prioritariamente comprar derechos sin admitir la superficie regada que reconoce Castilla-La Mancha y que ha fomentado con su política agraria (i.e. viñedo en espaldera).

4. Es una amnistía de facto para los pozos ilegales. Las medidas del PEAG para la sanción de los regantes ilegales no son creíbles pues son similares a las actuales. La Confederación Hidrográfica del Guadiana no realiza ningún tipo de medida eficaz contra los 60.000 pozos ilegales. Si la Confederación admite que los 2.000 expedientes que ha abierto están paralizados y que sólo han cerrado 6 pozos en el último año, ¿Dónde está el resto?. Las ONG solicitan que el Gobierno incremente los mecanismos de sanción, pero ello pasa porque La Junta cree un entorno socioeconómico propicio activando de inmediato las alternativas de reconversión.

5. Encubre y paga un nuevo trasvase desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS) a la Llanura Manchega que afectaría negativamente a las provincias de Toledo y Guadalajara, a Extremadura y Portugal. Con la pérdida de caudal empeorará la sequía en el alto Tajo y secará el cauce en La Sagra y Talavera. También, aumentará la contaminación del agua de los embalses que ya están bastante eutrofizados aguas abajo de Toledo. Las ONG consideran que no puede justificarse el aumento de la oferta de agua a la zona, pues el trasvase reactivará el consumo de agua.

6. Provocará una contaminación irreversible de las aguas subterráneas. El PEAG no introduce medidas que ayuden a disminuir el vertido continuado de nitratos, fosfatos y pesticidas procedentes de las aguas de retorno de la agricultura intensiva, que está contaminando los acuíferos. (nuestras reservas estratégicas de agua). Los acuíferos 23 y 24 están seriamente afectados y los niveles de nitratos ya superan en algunos puntos los 50mg/l, el límite establecido por la legislación (Directiva 91/676, Real Decreto 261/96).

7. No reducirá suficientemente el consumo de agua. Los regadíos de la zona de los acuíferos sobre explotados del Alto Guadiana son en estos momentos los mayores consumidores de agua de España en proporción a sus recursos, pues utilizan más del 93% del agua disponible.

8. No tiene en cuenta suficientemente los efectos del cambio climático. En la cabecera del Tajo las aportaciones medias naturales se han reducido desde finales de los años setenta a la actualidad en un 50,16%. La situación en el Alto Guadiana es similar.
9. Castilla-La Mancha quiere usar el PEAG con fines políticos para reivindicar el agua del Acueducto Tajo-Segura y dar un paso adelante hacia la declaración de su caducidad. El PEAG esconde la pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Alto Guadiana sea considerada una cuenca con déficit hídrico en 2008. De conseguir esta clasificación podría utilizarse como argumento para restar derechos del trasvase a Murcia.
Artículo: Alberto Fernández

 
 

Fuente: WWF – Internacional (www.wwf.org)
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