La
organización solicita al Comité
de Peticiones el cese inmediato de vertidos,
que se declaren las balsas de fosfoyesos instalación
radiactiva y un estudio epidemiológico13
junio 2007
Huelva, España —
Greenpeace presentó ayer una Petición
ante el Comité de Peticiones del Parlamento
Europeo para solicitar que la Unión
Europea investigue la violación de
cuatro Directivas en el caso de los vertidos
de fosfoyesos que afectan a la ciudad de Huelva
desde hace 40 años. La asociación
ecologista pide el cese inmediato de los vertidos,
que el área se declare instalación
radiactiva, la realización de un estudio
epidemiológico independiente para conocer
el impacto de este desastre ecológico
en el salud de los onubenses y que las empresas
que han provocado esta situación paguen
los gastos de descontaminación de la
zona.
El Comité de Peticiones,
que se encarga de gestionar las denuncias
de los ciudadanos por incumplimiento de la
normativa comunitaria, puede ahora abrir una
investigación a España por las
violaciones de legislación comunitaria
en Huelva.
El deterioro de la salud
pública en Huelva
Greenpeace ha querido enfatizar la cuestión
de la salud pública, ya que el grave
problema que generan los fosfoyesos hacen
que Huelva tenga un grave problema sanitario.
Diversos estudios del Servicio Andaluz de
Salud, CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra,
ponen de manifiesto que la mortalidad por
cáncer en Huelva es la mayor de España.
La Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica afirma que
Huelva es la ciudad con mayor tasa de asmáticos
(14,6%). En esta misma línea, el Colectivo
Ciudadano por la Descontaminación de
Huelva denunció una incidencia mayor
de esterilidad, abortos, malformaciones de
nacimiento, asma y otras afecciones respiratorias
y enfermedades endocrinas en la zona.
La connivencia de las Administraciones
central, autonómica y local
Otro de los asuntos claves
es la connivencia de las Administraciones
con las empresas responsables. El propio Ayuntamiento
de Huelva ha negado reiteradamente que existan
riesgos para la salud de los onubenses cuando
ya en 1997, las conclusiones de un informe
encargado por el pleno local advertía
de los importantes efectos para la salud,
el medio ambiente y la economía de
la ciudad de la contaminación radiactiva
y química.
Esta situación se
repite en las instituciones de la Junta. Un
estudio del Servicio Andaluz de Salud de 1989
indicaba en sus conclusiones que “la situación
sanitaria ambiental y social de Huelva demanda
una investigación epidemiológica
que evalúe el posible impacto en la
salud de la población de la presencia
de contaminantes en los distintos medios”.
También el CSN, organismo
encargado de la seguridad nuclear en España,
actuó de forma incorrecta enterrando
las cenizas radiactivas procedentes del accidente
de Acerinox de 1998 en las marismas de Mendaña.
Estos residuos tendrían que haber sido
gestionados como residuos radiactivos, ya
que los niveles de radiactividad superan 3.500
veces lo permitido. Por otra parte, este organismo
no puede hacer la vista gorda ante la evidencia
de que los niveles de radiactividad en las
balsas de fosfoyesos supera decenas de veces
los límites legalmente permitidos poniendo
en riesgo la salud pública y del medio
ambiente.
La Junta ha asumido los
gastos de restauración en lugar de
cargarlo a las empresas
La Junta pagó en
11000 la restauración de las marismas
del Pinar, ocupadas por millones de toneladas
de fosfoyesos vertidas por Fertiberia. Nada
menos que 10,7 millones de euros por la cubrición
de los residuos pagados con dinero público.
A pesar de este gasto, las marismas siguen
siendo una fuente de contaminación
tal y como recoge el tercer informe del CSIC.
La Junta eximió también a Fertiberia
de limpiar los terrenos contaminados en los
que tenía su sede en Sevilla, que hasta
la fecha se mantienen abandonados.
Fertiberia ya ha manifestado
en varias ocasiones que no va a asumir los
costes de la descontaminación de la
balsas de fosfoyesos.
Las Directivas vulneradas
son:
Directiva 96/61 de Prevención
de la Contaminación (Directiva IPPC):
Por la manifiesta intención
de no recuperar las marismas del Tinto cuando
cese la actividad tal y como ha declarado
en reiteradas ocasiones las empresas Fertiberia
y FMC-Foret.
Por la falta de impermeabilización
de las balsas, que además superan los
20 metros de altura sobre la
marisma, muy por encima de los 3 metros permitidos.
Por la utilización
continuada de una tubería de descarga
ilegal al estero del Rincón como demuestran
las fotos de satélite.
Porque el supuesto circuito
cerrado de las balsas no existe, puesto que
se vierte desde la propia balsa de seguridad
y existen reboses en diferentes puntos del
resto de las balsas.
Directiva Marco de Residuos:
Por el vertido continuado
a las marismas del Tinto de líquidos
con elevada carga de sólidos en suspensión
y metales pesados como Plomo, Arsénico,
Mercurio, Cadmio, Zinc y Cobre en cantidades
que superan los límites permitidos
por esta directiva (tal y como demuestran
dos condenas judiciales contra Fertiberia
y las analíticas oficiales).
Por la contaminación
de los acuíferos debida a la falta
de impermeabilización de las balsas
de fosfoyesos.
Por la utilización
de estos residuos caracterizados como tóxicos
y peligrosos para la corrección de
suelos en las marismas del Guadalquivir, con
lo que han extendido la contaminación.
Las Directivas de Hábitats
y Aves:
Por la degradación
de las marismas del Tinto tanto en las zonas
de vertido como en las zonas revegetadas,
donde los metales pesados y radiactivos han
entrado a formar parte de la cadena trófica
perjudicando tanto a fauna como a flora.
Directiva EURATOM-96/29-S:
Los residuos superan los
niveles de radiactividad permitidos entre
20 y 30 veces.
La marisma de Mendaña
acoge el CRI 9, donde la Administración
ha enterrado 7.131 toneladas de material radiactivo
contaminado por Cesio 137 con niveles de radiactividad
de hasta 3.500 veces el máximo permitido.
Además, la peligrosidad del área
no está señalada.
"Es inadmisible el
riesgo al que se está sometiendo a
la ciudadanía de Huelva. Este problema
debería ser prioritario para las Administraciones.
La Junta de Andalucía no sólo
hace caso omiso a estudios que alertan sobre
la problemática ambiental y su relación
con las afecciones a la salud, sino que tiene
un actitud totalmente permisiva con las empresas
contaminantes. Greenpeace ha decidido ir a
Bruselas porque las autoridades españolas
no remedian la catástrofe ambiental
que se vive en Huelva", afirmó
Julio Barea, reponsable de la campaña
de Aguas de Greenpeace.
Ecologistas y agricultores
denuncian que los ministros de Agricultura
han abierto hoy la puerta a los transgénicos
en los productos ecológicos
Amigos de la Tierra - Coordinadora de Organizaciones
Agrarias y Ganaderas (coag) - Ecologistas
en Acción - Greenpeace - Red de Semillas
- Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (seae)12 junio 2007
España — En el Consejo
de Agricultura de hoy, los ministros de Agricultura
de la UE han decidido permitir la contaminación
por transgénicos en los productos ecológicos,
adoptando una nueva norma que permite que
los productos ecológicos que contengan
hasta 0,9% de presencia “accidental o técnicamente
inevitable” de transgénicos puedan
ser clasificados y etiquetados como ecológicos.
Aunque se trata claramente
de una presencia “accidental o técnicamente
inevitable”, lamentablemente la Comisión
Europea y algunos gobiernos están interpretando
este umbral como si se tratase de una contaminación
aceptable. Esta interpretación supone
un grave error jurídico y la aprobación
de esta norma significa en la práctica
dar luz verde a la contaminación de
la producción ecológica por
transgénicos. Las normas de la UE deberían
apoyar los esfuerzos del sector ecológico
por mantener niveles de contaminación
muy inferiores y permitir a los productores
y distribuidores ecológicos mantener
sus estándares actuales.
La contaminación
por transgénicos fuera de las fronteras
de la UE, así como los casos que se
vienen repitiendo en España, amenazan
gravemente la libertad de elección
de los consumidores europeos, quienes han
venido demostrando estar dispuestos a pagar
por unos alimentos de alta calidad, sin transgénicos.
La decisión de la Comisión Europea
y de determinados estados miembros es una
fuerte agresión contra el conjunto
del sector ecológico.
El Parlamento Europeo así
como los grupos ecologistas internacionales
han exigido desde, hace un tiempo, unos umbrales
de 0,1%, que corresponde al nivel de detección
de OMG. Ahora que la UE ha declarado que la
presencia de contaminación por Organismos
Modificados Genéticamente (OMG) en
productos ecológicos es aceptable,
los agricultores ecológicos van a tener
inmensas dificultades para mantener sus cosechas
libres de transgénicos. La UE debe
introducir urgentemente una legislación
que proteja a los productores ecológicos
y convencionales de la contaminación
genética.
La agricultura ecológica
tiene una creciente importancia social y económica,
que responde a las exigencias de conservación
del medio ambiente y alimentos de calidad
de una amplia mayoría de la sociedad.
Los consumidores eligen los productos ecológicos
porque se cultivan de manera sostenible, sin
usar pesticidas y completamente libres de
transgénicos. Permitir la contaminación
genética de los alimentos ecológicos,
pone en serio peligro la supervivencia del
sector.
Este nuevo umbral no debería
hacer olvidar a la UE la necesidad de unas
medidas estrictas de anticontaminación
y de responsabilidad para los contaminadores,
para poder proteger la agricultura ecológica
de la contaminación genética.
Fin del comunicado
