14
junio 2007 - Ciudad de México, México
— Frente a la lentitud de las autoridades
del Estado de México para hacer justicia
en el asesinato de Aldo Zamora es necesaria
la intervención del gobierno federal
y de organismos internacionales, señalaron
familiares de Aldo, Greenpeace y el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez. Oficinas de Greenpeace
en 15 países han escrito cartas al
gobierno mexicano exigiendo justicia.
Los operativos realizados
en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala
con gran despliegue de efectivos han dado
nulos resultados y siguen libres los talamontes
responsables del ataque ocurrido el pasado
15 de mayo, en el que Aldo Zamora Gómez
fue asesinado y su hermano Misael resultó
herido.
“Lo único que han
hecho las autoridades estatales son operativos
espectaculares en los que, por supuesto, no
han encontrado a los asesinos de mi hijo.
Estamos desesperados porque no se nos hace
justicia y por eso vamos a acudir a autoridades
federales y a organismos internacionales”,
explicó Ildefonso Zamora Baldomero,
presidente de bienes comunales de San Juan
Atzingo y padre de Aldo.
El indígena tlahuica,
que desde 1998 ha denunciado la alarmante
tala de los bosques de su comunidad, explicó
que continúan las amenazas y el hostigamiento
por parte de integrantes de las bandas de
talamontes, a pesar de la presencia de policías
estatales. Ildefonso teme por su seguridad,
la de su familia y la de los demás
integrantes de la comunidad que han trabajado
en la defensa de sus bosques.
Ildefonso Zamora, el Centro
Pro y Greenpeace acudirán a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y a la Procuraduría General de la República
(PGR) para que se haga justicia y se actúe
para acabar con la tala ilegal en el Parque
Nacional Lagunas de Zempoala y sus linderos.
Se espera que la CIDH solicite
las siguientes medidas cautelares:
Que se lleve a cabo una
investigación pronta y efectiva que
permita identificar, procesar y sancionar
a los responsables materiales e intelectuales
del homicidio de Aldo Zamora Gómez.
Que de común acuerdo
se adopten las medidas necesarias para resguardar
la integridad de la familia de Ildefonso Zamora,
así como la integridad física
y psicológica de los otros comuneros,
en particular Paulino Neri Carlos, suplente
de Ildelfonso Zamora; Nicolás Hernández
Alberto, secretario de bienes comunales, y
Alejandro Ramírez Raymundo, tesorero
de bienes comunales y jefe del consejo supremo
tlahuica, y sus respectivas familias.
Por su parte, Greenpeace
explicó que a raíz de una carta
enviada al titular de la PGR, Eduardo Medina
Mora, denunciando los hechos del 15 de mayo
pasado, la procuraduría dio inicio
a una averiguación previa por homicidio,
lesiones y tala de recursos forestales maderables
en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Esta denuncia ya está en manos del
Ministerio Público y la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos contra
el Ambiente.
Asimismo, Gerd Leipold,
director ejecutivo de Greenpeace Internacional,
envió una carta al presidente Felipe
Calderón solicitándole que actúe
de manera inmediata para detener a los asesinos
de Aldo, se proteja a la familia Zamora Baldomero
y la de los comuneros de San Juan Atzingo,
y se detenga la tala ilegal en los bosques
de la región. Con la misma petición,
las oficinas de Greenpeace en Holanda, Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Finlandia, Italia, Suecia, Suiza,
Australia, China, Nueva Zelanda, Argentina
y Canadá enviaron cartas a las embajadas
de México en sus países. Además
6 mil 269 ciudadanos mexicanos le han exigido
a Enrique Peña Nieto, gobernador del
Estado de México, y al procurador mexiquense
Abel Villicaña que hagan justicia en
este caso.
“No dejaremos de exigir
justicia y de señalar que el tema de
la tala en la región es complejo y
no se va a resolver con operativos `sorpresa´.
Esta problemática involucra al menos
a los estados de México y Morelos ya
que la madera obtenida ilegalmente en Zempoala
es transportada a Huitzilac, Morelos, para
su almacenamiento, transformación y
comercialización. Es urgente y necesario
que el gobierno federal encabece las acciones
para poner fin al problema de la tala ilegal
en Zempoala”, explicó Patricia Arendar,
directora ejecutiva de Greenpeace México.
A esta demanda de justicia
se unió Rodolfo Montiel, campesino
ecologista que en mayo de 1999 fue perseguido
y encarcelado por su trabajo contra la tala
depredadora en los bosques de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán,
en Guerrero. Montiel envió una carta
al presidente Calderón que dice: “Quiero
pedirle a usted ahora que está en sus
manos haga algo en favor de todos los ecologistas
del país así como también
nos brinde protección y seguridad a
todos los ecologistas y a nuestras familias,
que sean llevados a juicio los asesinos de
Aldo Zamora”.
Los bosques de San Juan
Atzingo se encuentran dentro del Gran Bosque
de Agua, el cual alberga 2 por ciento de la
biodiversidad mundial, abastece tres cuartas
partes del agua que se consume en la Ciudad
de México, dota de agua a los ríos
Lerma y Balsas, ayuda a mitigar el cambio
climático y sus impactos en la región.
Sin embargo, la zona de las Lagunas de Zempoala-Huitzilac
es considerada como una de las 15 zonas críticas
de tala ilegal en México, con el 60
por ciento de esta actividad.
+ Más
Greenpeace denuncia: Ni
Macri es ingeniero, ni Filmus licenciado.
Greenpeace ha realizado
una evaluación de las propuestas de
los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la materia Ley de Basura
Cero. Si bien tanto Macri como Filmus realmente
obtuvieron sus títulos, Greenpeace
considera que en materia de basura no están
aprobados.
Tomamos cinco preguntas
que son ejes centrales para la etapa inicial
de implementación de la Ley de Basura
Cero y analizamos cómo se responden
por las propuestas ya escritas por los candidatos.
Obviamos las notas periodísticas y
entrevistas a los candidatos ya que tomamos
el plan de gobierno que cada candidato ha
publicado oficialmente.
Tanto Daniel Filmus como
Mauricio Macri han demostrado desconocimiento
importante y falta de ideas concretas sobre
cómo implementar la ley 1854 (Basura
Cero). Dicha ley está vigente en la
Ciudad de Buenos Aires y adopta medidas tendientes
a reducir progresivamente la práctica
del enterramiento masivo de residuos sólidos
urbanos, promover la reutilización
y el reciclaje de los materiales aptos para
reingresar al circuito productivo y garantizar
la seguridad e higiene laboral de los recuperadores
urbanos en los Centros Verdes.
La Ley de Basura Cero es
la herramienta imprescindible para solucionar
los problemas que devienen de la generación
de las 5.000 toneladas de residuos sólidos
urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Según
las encuestas, la basura es uno de los problemas
que produce mayor preocupación a los
ciudadanos porteños. Los candidatos
del PRO y del Frente para la Victoria, tendrán
que volver a la universidad para aprobar una
de las materias más importantes de
la agenda ambiental actual.
