19
junio 2007 - SANTIAGO, Chile — A juicio del
coordinador de campaña, Samuel Leiva,
“aquí lo que se necesita es la mano
vigorosa del Estado para imponer sanciones
y dar garantías a la comunidad”. “Es
hora de las más duras sanciones, en
caso contrario quedará establecido
que el gobierno de Chile permite la reincidencia
con impunidad”, agregó.
En el marco del más
reciente derrame de Residuos Industriales
Líquidos RILES en la planta de celulosa
Licancel de CELCO en Licantén, Greenpeace
señalo hoy que CELCO no tienen ninguna
credibilidad para legitimar su estrategia
de autocierre y autofiscalización.
A juicio de la organización, “es responsabilidad
del Gobierno el velar por el cumplimiento
de las medidas tomadas, el cuidado del medio
ambiente y los impactos a la economía
local”.
“Nosotros entendemos que
CELCO trabaja de esta forma, o sea, sin ninguna
capacidad de control de sus propios procesos.
Esto está consignado en un amplio prontuario
ambiental de CELCO que hemos concentrado en
un documento y en cada una de sus plantas.
Basta con decir que la planta de Licancel
es la tercera en la que se encuentran ductos
ilegales, ya han muerto al menos dos personas
en faenas de la empresa y es la única
responsable de un accidente nuclear en el
país, donde el principal afectado se
encuentra abandonado por la compañía”,
señalo Samuel Leiva, Coordinador de
Campaña de Greenpeace.
Greenpeace destacó
que “los llamados de la presidenta Michelle
Bachelet a que CELCO desarrolle su labor de
forma ‘responsable’ carecen de sustento en
este caso, pues CELCO a la luz de estos problemas
constantes deja en evidencia que sus procesos
distan bastante de dar garantías reales
y no van en la dirección correcta.
Más que solucionar problemas específicos,
el Gobierno debería impulsar la producción
limpia integral en las plantas de celulosa
que operan en el país”.
Leiva agregó que
“es el Gobierno y la autoridad ambiental quienes
deberían, en estos casos, asegurar
a los ciudadanos que estos hechos no se van
a volver a producir. Es impresentable que
una planta a la que la autoridad prohibió
su funcionamiento haya tenido este tipo de
problemas. Es hora de las más duras
sanciones, en caso contrario quedará
establecido que el gobierno de Chile permite
la reincidencia con impunidad”.
Samuel Leiva, Coordinador de Campaña
