11
julio 2007 - Ciudad de México, México
— De manera errónea, las principales
actividades del programa oficial para conservar
los bosques de nuestro país (Proárbol)
se concentran en la reforestación y
las plantaciones comerciales, actividades
que no impedirán que México
siga en quinto lugar mundial entre los países
que más rápidamente están
perdiendo su masa forestal. Así lo
señalaron, en la víspera del
Día del Árbol, Greenpeace y
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible.
Aun cuando este año
sean sembrados 250 millones de arbolitos,
a partir del 12 de julio, eso no mitigará
la acelerada deforestación. De hecho,
sólo servirá para reforestar
250 mil hectáreas, mientras que cada
año se pierden entre 500 y 600 mil
hectáreas de bosques, según
la FAO. Esto es peor si se considera que la
Comisión Nacional Forestal (Conafor)
reconoce que del total de árboles plantados
sólo sobrevivirá 50% lo que
significa que cuando mucho quedarán
reforestadas 125 mil hectáreas, menos
de la cuarta parte de lo que perdemos cada
año.
“En la actual administración
vemos un desproporcionado acento en la siembra
de árboles, cuando se requieren acciones
urgentes para contener la expansión
de la ganadería y fruticultura sobre
terrenos forestales, así como la tala
clandestina; se requieren compromisos para
aprovechar el enorme potencial que tienen
los bosques de México para fortalecer
la economía local y contribuir al desarrollo
rural. La siembra de arbolitos es positiva
pero está muy lejos de resolver la
crisis que vive el sector forestal. Alrededor
de 700 comunidades y ejidos han conformado
sus propias empresas forestales y han puesto
en marcha esquemas de manejo forestal sostenible
y de conservación de bosques. La política
forestal debe fortalecer estos procesos”,
señaló Iván Zúñiga,
del Consejo Mexicano para la Silvicultura.
Por su parte, Héctor
Magallón, coordinador de la campaña
de bosques y selvas de Greenpeace, explicó:
“México tiene 56 millones de hectáreas
de bosques, un enorme capital natural que
requiere un compromiso gubernamental que permita
lograr su conservación y uso sustentable.
Sin embargo, la meta forestal del gobierno
es reforestar 3 millones de hectáreas
a lo largo del sexenio (cada año se
tendrían que plantar ¡mil millones
de arbolitos!) Además, la reforestación
no 'compensa' lo que se deforesta, ya que
cada año se pierden bosques desarrollados
que albergan una gran biodiversidad, captan
agua, mitigan el cambio climático y
nos protegen contra sus efectos, beneficios
que no ofrecen las zonas reforestadas”.
Conviene recordar que el
80% de los recursos forestales de México
están en manos de 8 mil ejidos y comunidades
forestales, de los cuales un tercio cuenta
con un plan de manejo forestal sustentable
que permite que en esas áreas prácticamente
no haya deforestación, según
estudios del Instituto de Geografía
de la UNAM. Este tipo de planes de manejo
y la organización comunitaria permiten
que comunidades indígenas como Nuevo
San Juan Parangaricutiro (Michoacán)
generen empleos directos y beneficios para
toda la comunidad, y eviten la tala ilegal.
"Por eso nos preocupa
que este año Proárbol sólo
destine el 20% de sus recursos a apoyar este
tipo de proyectos, cuando ésta debería
ser su prioridad”, señaló Patricia
Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace.
Así, entre las prioridades
del Proárbol deberían estar
el fortalecimiento de los procesos comunitarios
de manejo forestal sustentable en todos los
bosques y selvas, apoyar financiera y técnicamente
a las comunidades forestales interesadas en
esta estrategia, respaldar el mercado mexicano
de madera con la compra gubernamental de madera
proveniente de esas comunidades, permitir
la participación de las comunidades
locales en el desarrollo de la política
forestal y compensar económicamente
a los dueños de bosques por la consrvación
de este ecosistema fundamental para los mexicanos.
En cuanto al programa “Cero Tolerancia” anunciado
por Felipe Calderón para frenar la
tala ilegal, Greenpeace considera que esa
no es una solución al basarse en operativos
“sorpresa” que detienen a talamontes de menor
rango así como a campesinos o indígenas
inocentes, mientras los grandes taladores
siguen en libertad. Es preciso que las autoridades
desarticulen las bandas de talamontes que
actúan en la zonas críticas
a lo largo del país y cuyo volumen
de saqueo va de 5 a 7 millones de metros cúbicos
de madera cada año, casi lo mismo que
se produce en forma legal.
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Informe de Celco sobre Mataquito
es un montaje comunicacional
13 julio 2007 - Internacional
— A juicio del director ejecutivo de la organización,
Rodrigo Herrera, “esta decisión de
encargar un estudio para autoinculparse no
aporta antecedentes nuevos y llega demasiado
tarde”. Organización insiste que en
este caso “ha faltado un pronunciamiento más
contundente del Estado para imponer sanciones
y dar garantías a la comunidad”.
El director ejecutivo de
Greenpeace, Rodrigo Herrera, afirmó
que el estudio de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción,
encargado por Celco y en el que se reconoce
la responsabilidad de la empresa en la contaminación
de las aguas del río Mataquito, “no
aporta antecedentes nuevos y llega demasiado
tarde, puesto que la opinión pública
ya se había formado la convicción
de la responsabilidad de Celco”.
Herrera, además,
planteó que “la autoridad no ha ejercido
un liderazgo en este proceso. Por eso CELCO
tiene espacio para legitimar su estrategia
de autocierre y autofiscalización,
haciéndose la víctima ante los
diversos desastres que han generado en Valdivia,
Itata y Mataquito. Creemos que es responsabilidad
del Gobierno el velar por el cumplimiento
de las medidas tomadas, el cuidado del medio
ambiente y los impactos a la economía
local”. Más allá de que la SEREMI
de Salud del Maule, Sra Sofía Ruz,
dio a conocer los resultados del primero de
los seis sumarios abiertos en contra de la
planta de celulosa Licancel en el que se sanciona
a la empresa Celulosa Arauco con el pago de
la máxima multa establecida por el
código sanitario, correspondiente a
mil UTM, unos 32 millones de pesos, y además
mantiene la prohibición de funcionamiento
por un plazo de 60 días hábiles,
hasta que la empresa obtenga informe favorable
de la autoridad sanitaria, el hecho en si
mismo amerita que el gobierno fortalezca la
fiscalización para que no se produzcan
más hechos de esta naturaleza.
Según Herrera, “CELCO
ha tratado de resolver comunicacionalmente
sus problemas ambientales, pero sin medidas
de fondo. Basta con decir que la planta de
Licancel es la tercera en la que se encuentran
ductos ilegales. Es por eso que Celco tiene
hoy problemas serios de credibilidad que sólo
se agudizan con estas medidas torpes”.
Samuel Leiva, Coordinador
de campaña de Greenpeace señalo
que “poco creible es que una empresa que ha
tenido decenas de problemas ambientales y
que sólo debido a las presiones de
la sociedad ha tratado de dar soluciones sea
la llamada a fiscalizarse a sí misma.
Esto no hace más que afirmar que ellos
pueden cambiar sus prácticas y mejorar
sus procesos a unos que den reales garantías
a la población”.
Leiva además
agrego “que las multas desde la autoridad
no solucionan en nada los pesares que los
habitantes de la Pesca e Iloca están
sufriendo, debido a la prohibición
de pesca y venta de productos marinos. Evitar
justamente eso es lo que debería ser
prioridad del gobierno y la empresa”.
