07
agosto 2007 - DF, México — Como resultado
de la campaña de Greenpeace para defender
el estero San José, en San José
del Cabo, Baja California Sur, la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
aprobó un punto de acuerdo en el que
pide que se revisen las autorizaciones otorgadas
para la construcción del proyecto denominado
Puerto Los Cabos, promovido por la empresa
Questro, presidida por Eduardo Sánchez
– Navarro.
En el punto de acuerdo se
le pide a la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
y a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) remitan a la brevedad
informes detallados sobre los procesos por
los que cada una de dichas instancias resolvió
favorablemente las solicitudes de autorización
de este proyecto.
“Es positivo que el Poder
Legislativo actúe a favor de la protección
de esta reserva ecológica. La conservación
de este ecosistema depende de los tres niveles
de gobierno. Solicitamos a las autoridades
involucradas a que acaten esta petición
del Congreso”, dijo Alejandro Olivera, coordinador
de la campaña de océanos de
Greenpeace México.
La iniciativa, presentada
en mayo por el senador Javier Orozco Gómez
y el diputado Jesús González
Macías, ambos del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista, fue aprobada
este 31 de julio por la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión. En el punto
de acuerdo se solicita a la Semarnat así
como a la Profepa que en el ámbito
de sus competencias:
• Investiguen posibles violaciones a la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente en materia de Impacto Ambiental
y a la Ley General de Vida Silvestre en materia
de especies en riesgo, así como a la
Ley Federal de Derechos.
• En caso de encontrar dichas violaciones
a la ley, se revoquen los permisos otorgados
y se ordene la reparación del daño
ocasionado al estero San José por la
construcción de "Puerto Los Cabos".
• Informen al Congreso acerca de los resultados
de dicha investigación y sus conclusiones,
así como los procedimientos llevados
a cabo.
Asimismo, la Comisión
Permanente solicitó a la Secretaría
de la Función Pública (SFP)
que:
• Investigue y determine la legalidad de los
permisos otorgados por la Dirección
General de Impacto Ambiental y Riesgo de la
Semarnat, a favor del proyecto Puerto Los
Cabos, así como posibles violaciones
a la Ley General de Bienes Nacionales y a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos.
• Informe al Congreso acerca de los resultados
de dicha investigación.
Los integrantes de la Comisión
Dictaminadora destacaron lo siguiente: “Estimando
que las autoridades del municipio de Los Cabos,
BCS, en su momento también dieron su
aprobación para la realización
del Puerto Los Cabos, resulta innecesario
solicitar a dicho municipio que proceda a
la revisión de la legalidad de los
permisos de construcción, la que es
de presumirse, en la medida que, de acuerdo
con los propios proponentes, fue otorgada
por la autoridad competente, quien no obstante
deberá informar al respecto”.
Han pasado ocho meses desde
que Greenpeace denunció este problema.
Hace tres meses la organización instaló
de manera pacífica un campamento-oficina
en la franja de arena que protegía
de la infiltración de agua salina al
estero y al acuífero San José.
La defensa de la zona fue para alertar y evitar
el desastre ecológico que causarán
las obras de Grupo Questro. Y es que con la
apertura de la marina, la infiltración
de agua de mar al cuerpo de agua dulce es
inevitable, tal y como lo han reconocido expertos
hidrólogos.
Cabe destacar que en el
mes de mayo, la empresa Questro se comprometió
a tener estudios contundentes que demostraran
que su proyecto no afectará el entorno
ecológico. Sin embargo, el 11 de junio
pasado, decidió comunicar el cuerpo
de agua del estero San José con la
marina que construye en la zona, incumpliendo
su compromiso público, aunque ello
ponga en riesgo el agua dulce de la región
de Los Cabos.
