Madrid, 4 de septiembre
de 2007.- Ante el enorme riesgo que el uso
masivo de este tipo de productos tiene tanto
para el medio ambiente cómo para la
salud pública y ante las noticias aparecidas
en los medios de comunicación de la
distribución, por parte de algunas
organizaciones agrarias, de distintos tipos
de rodenticidas, las organizaciones ecologistas
WWF/Adena, Seo/BirdLife, Plataforma para la
Defensa de la Cordillera Cantábrica,
Fundación Global Nature, Ecologistas
en Acción y Ascel han solicitado al
SEPRONA que investigue y garantice la legalidad
de estas actuaciones.
Las asociaciones ecologistas
también han solicitado al SEPRONA de
la Guardia Civil que recoja muestras de todas
aquellas especies silvestres susceptibles
de haber sido envenenadas, así como
la comprobación de que las personas
que están colocando veneno están
debidamente autorizadas, que respetan las
condiciones de seguridad y que están
utilizando el producto establecido. En este
sentido, hay que resaltar la aparición
de reiteradas noticias en medios de comunicación
según las cuales, representantes de
distintas organizaciones agrarias, afirman
haber repartido por su propia iniciativa,
importantes cantidades de distintos venenos.
Tal y como han defendido
en reiteradas ocasiones las asociaciones conservacionistas,
el uso masivo de veneno es una actividad ilegal,
puesto que se trata de un método no
selectivo que tiene un enorme impacto sobre
el medio ambiente, además de un riesgo
evidente para la salud humana. Este impacto
ya se demostró en el anterior tratamiento
con grano envenenado con clorofacinona en
el mes de marzo y que afectó a 23 municipios.
Se trataba de cebada impregnada de la misma
sustancia que se está empleando en
la actualidad y que causó la muerte
de miles de ejemplares de fauna silvestre,
entre liebres, palomas bravías, ánades
reales, gaviotas, calandrias y un largo etcétera.
Pese a ser numerosos los
animales recogidos en aquellas fechas, en
buena medida gracias al trabajo de recogida
de muestras realizado por el SEPRONA, sólo
representaban una muy pequeña muestra
de la mortalidad realmente ocasionada. No
obstante, resultaron de gran utilidad como
elemento probatorio de la grave incidencia
de esta actuación sobre la fauna y
del riesgo producido para la salud, al intoxicarse
especies de consumo humano (como las palomas
bravías de los palomares domésticos).
Según confirmaron los análisis
realizados por laboratorios oficiales.
No en vano la Comisión
Europea, retiró en Junio de 2007 la
autorización para cualquier producto
que contenga clorofacinona- ajustándose
al dictamen del Comité permanente de
la cadena alimentaria y de sanidad animal-
siendo la fecha límite de aplicación
el 22 de Diciembre de 2007. En España
se podrá utilizar excepcionalmente
hasta 2010 con fuertes restricciones y siempre
que se cumplan una serie de condiciones como,
“que se garantice que no tiene efectos para
la salud humana o animal y que no tiene repercusiones
inaceptables sobre el medio ambiente”.
Para los responsables de
los grupos conservacionistas “Es totalmente
inadmisible que distintos productos altamente
tóxicos estén siendo distribuidos
masivamente por el campo en más de
600 municipios de Castilla y León,
sin el debido control ni la más mínima
precaución. Se está produciendo
un impacto masivo en el medio ambiente, además
de numerosas actuaciones ilegales y esperamos
que el SEPRONA investigue y denuncie cualquier
irregularidad e incumplimiento de la ley”.
Artículo: Luis Suárez
