13 septiembre 2007
- España — Según información
a la que ha tenido acceso Greenpeace el buque
“Don Pedro”, de la empresa Iscomar, que se
hundió el pasado 11 de julio frente
al puerto de Ibiza, no tenía permiso
para transportar residuos peligrosos.
Este descontrol e incumplimiento
de las directivas europeas confirma que la
gestión de residuos peligrosos en España
es muy deficiente y que tiene consecuencias
muy graves. En particular, el transporte de
baterías sin declarar vulnera la Directiva
2000/53/CE sobre vehículos al final
de su vida útil, que exige a los gobiernos
un control estricto del almacenamiento y tratamiento
de vehículos.
Según respuesta del
Ministerio de Medio Ambiente a una carta de
Greenpeace se confirma que el buque “Don Pedro”
transportaba ilegalmente residuos peligrosos.
El buque, de acuerdo con la información
enviada al Ministerio de Medio Ambiente por
el Director de la Marina Mercante, transportaba
3.016 kg de baterías de coche agotadas
y 12 bidones con sustancias potencialmente
peligrosas (no se especifica qué tipo
de sustancias son, a pesar de ser muy importante
para poder determinar los potenciales impactos
y la forma de actuación).
“El caso del buque Don Pedro
pone de manifiesto el déficit en la
gestión de sustancias peligrosas en
España”,- ha declarado Juan López
de Uralde, Director ejecutivo de Greenpeace.
-“Greenpeace recuerda que el pasado 27 de
julio presentó una denuncia contra
la empresa Iscomar por ocultar el transporte
de residuos peligrosos y que seguirá
de cerca la evolución de este caso.”
Las baterías de coches
son declaradas residuos peligrosos por la
UE pues contienen ácido sulfúrico,
un compuesto muy corrosivo, y plomo, un metal
pesado altamente tóxico. El plomo,
y sus compuestos, es bioacumulativo y persistente,
lo que significa que su impacto en el medio
ambiente y en la cadena trófica es
muy grave y que puede tener graves consecuencias
también para la salud. Además
del envenenamiento directo, el plomo y sus
compuestos pueden provocar, entre otros, los
siguientes efectos en la salud: daño
a los riñones, abortos, perturbación
del sistema nervioso, daño al cerebro,
disminución de la fertilidad a través
del daño en el esperma, disminución
de las habilidades de aprendizaje y perturbación
en el comportamiento de los niños.
Además el plomo puede entrar en el
feto a través de la placenta de la
madre, debido a esto puede causar serios daños
al sistema nervioso y al cerebro aún
antes del nacimiento.
En el ambiente marino es
de resaltar que los efectos sobre la salud
de los crustáceos pueden tener lugar
incluso cuando sólo haya pequeñas
concentraciones de plomo. Las funciones en
el fitoplancton pueden ser perturbadas cuando
interfiere con el plomo. El fitoplancton es
una fuente importante de producción
de oxígeno en los mares y muchos grandes
animales marinos lo comen.
No sólo es urgente
que se termine de retirar el fuel que el buque
aún alberga en sus tanques. Hay que
actuar también respecto a los residuos
peligrosos que siguen en el fondo del mar.
Solo así se puede minimizar el impacto
de estos residuos sobre el ambiente marino
y en última instancia sobre la salud
humana.
+ Más
Éxito de Greenpeace
contra los transgénicos en Rumanía
12 septiembre 2007
Rumanía — Activistas de Greenpeace
despliegan una pancarta gigante en el Ministerio
de Agricultura en Bucarest (Rumanía),
en protesta por los cultivos de transgénicos.
Rumanía es el único país
de la UE que cultiva soja transgénica,
y ha empezado a cultivar ilegalmente maíz
transgénico, ambos de la multinacional
Monsanto.
Tras una semana de acciones no-violentas (cuarentena
de zonas contaminadas por transgénicos,
como la isla de Braila), un grupo de activistas
desplegaron ayer una inmensa pancarta en el
ministerio de Agricultura, simbolizando el
peligro de los transgénicos. Al cabo
de una hora del inicio de la acción,
el Secretario de Estado de Agricultura recibía
a los responsables políticos de la
campaña contra los transgénicos.
Una hora después se convocó
una rueda de prensa conjunta con gran presencia
mediática, a lo largo de la cual el
Secretario de Estado afirmó reiteradamente
que apoyaría una moratoria contra el
cultivo y la importación de Organismos
Modificados Genéticamente (OMG) si
ésta era solicitada y gestionada por
el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es una buena noticia que
el gobierno Rumano se tome en serio los riesgos
sanitarios y medio ambientales de los OMG,
y un gran paso que haya tomado esta decisión,
rompiendo el respaldo que ha venido dando
a a las empresas biotecnológicas, ha
afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable
de la campaña contra los transgénicos
de Greenpeace en España. “El Gobierno
Español, quien está actuando
claramente a favor de estos cultivos debería
ahora inspirarse en el ejemplo del Gobierno
Rumano y tomarse la salud pública y
medio ambiental en serio”, ha añadido
Carrasco.
Esta acción es la
continuación de una larga campaña
en la que se ha venido denunciando el cultivo
ilegal de soja transgénica en dicho
país (recordemos que, bajo la legislación
Europea, está prohibido el cultivo
de soja MG en la UE), así como de maíz
Mon 810 (el tipo de maíz transgénico
que se cultiva en España y cuya siembra,
sin embargo, está absolutamente prohibida
en Rumanía).
La organización ecologista
ha exigido al gobierno Español que
deje de promover los intereses de las empresas
biotecnológicas en España, que
proteja la salud y el medio ambiente prohibiendo
todo cultivo de transgénicos en España
y que explique con transparencia qué
ha ocurrido con las miles de hectáreas
que ha tolerado un año más en
nuestra geografía (en especial el Maíz
Mon 810, cuya autorización está
actualmente en proceso de revisión
por parte de la UE. “España debería
seguir el ejemplo de países com Hungría,
Austria, Polonia o Grecia, que han prohibido
el Mon 810 y optar por proteger la calidad
de sus producciones en lugar de los oscuros
intereses de un puñado de empresas
que pretenden convertir el planeta en un gigantesco
experimento genético”, ha añadido
Carrasco.
+ Más
Solamente con estas medidas
implementadas en la región obtendremos
una perspectiva social y ambientalmente correcta
del funcionamiento de una industria que crece,
por ahora sin control.
Demandan una Ley de Bioenergéticos
que no afecte la soberanía alimentaria
13 septiembre 2007
Ciudad de México, México — Tras
el veto presidencial a la “Ley de promoción
y desarrollo de bioenergéticos” -aprobada
en abril pasado por el Congreso- se abren
nuevas oportunidades para garantizar que las
políticas de desarrollo de bioenergéticos
no afecten la soberanía alimentaria
y contribuyan realmente a mitigar el cambio
climático, señalaron organizaciones
ambientalistas, campesinas e internacionales.
Y es que la producción
de los biocombustibles no puede sustentarse
en un enfoque primordialmente agrícola
ni pretender promover plantas de producción
de etanol a partir de maíz (lo cual
es incoherente). Lo anterior fue señalado
por las organizaciones ANEC, CEMDA, Fundación
Heinrich Böll, Greenpeace, Oxfam y RMALC.
Susana Cruickshank de Oxfam-Internacional
opina: "Cualquiera que sea el insumo
agrícola, no debe poner en riesgo la
seguridad alimentaria de la población
ni competir por insumos agrícolas como
el agua, la tierra, los fertilizantes, ya
que eso pondría en riesgo la viabilidad
de la producción de alimentos en los
países productores. Además,
sabiendo que siempre hay perdedores y ganadores,
los países importadores de alimentos
son los más vulnerables, debido al
alza de precios de los alimentos”.
Por su parte Iván
Polanco, de la Asociación Nacional
de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC),
agregó: “El Congreso y el Ejecutivo
deben garantizar que la nueva ley deje fuera
completamente al maíz de la producción
de biocombustibles. Además deben asegurar
que esta ley sea coherente con una estrategia
nacional de soberanía y seguridad alimentaria,
que garantice una producción suficiente
para abastecer a los mexicanos de alimentos
sanos. De no hacerlo se corre el riesgo de
hambrunas. Actualmente, México ya es
dependiente de la importación de alimentos:
30% de maíz y 40% de otros granos básicos
que consumimos los mexicanos. La reciente
crisis del maíz demostró lo
que esto puede significar para México.”
Las organizaciones señalaron
que la Cámara de Diputados deberá
reformular la política de bioenergía
como un paso más hacia la urgente transición
energética y rural de nuestro país.
En este sentido, Jorge Villarreal
de la Fundación Heinrich Böll
señala: “La mejor estrategia para la
transición energética y mitigación
del cambio climático es la diversificación
de la generación de energía;
los biocombustibles son sólo una parte
en este portafolio, que debe incluir otras
medidas. Es sólo a partir de esta transición
en nuestra manera de conseguir y consumir
energía que México podrá
hablar de una mitigación real de cambio
climático.”
Para Gustavo Ampugnani de
Greenpeace se abre una nueva oportunidad para
abordar el tema de la bioenergía desde
la perspectiva de las energías renovables
y el combate al cambio climático, y
no desde los intereses de un reducido grupo
de agroindustriales. “Si vuelven a prevalecer
los intereses de la agroindustria y del mercado
de exportación, los agrocombustibles
pueden colocar al país en una dinámica
perversa que sólo reproduce el modelo
de agricultura industrial y de monocultivo.
Y esto desemboca en impactos negativos en
la soberanía alimentaria, la agricultura
sustentable, la biodiversidad y en la estabilidad
del clima global.”
Por su parte, Katya Pérez
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierte:
“No se puede considerar a los biocombustibles
como la única solución en el
sector del transporte frente al cambio climático;
éstos son sólo una pequeña
parte de la solución y deben recibir
su justa promoción en relación
a otras soluciones más efectivas, como
lo son la promoción y mejora del transporte
público y el desincentivo del automóvil
particular.”
