“Reitero categóricamente
que el anteproyecto de Ley 278, que busca
actualizar y ampliar el marco regulatorio
que rige para los recursos hídricos
en nuestro país, no pretende la privatización
de los servicios públicos de distribución
de agua potable y de las fuentes de agua de
ríos, quebradas, lagos y de las afluentes
hídricas subterráneas como han
tratado de hacer creer algunas personas”,
advirtió la administradora general
de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM),
Ligia Castro de Doens.
Puntualizó que “el
objeto de la presente Ley es regular el uso
de las aguas del Estado, para garantizar que
este sea sostenible, mediante una gestión
integrada de los recursos hídricos,
garantizando la restauración de las
Cuencas Hidrográficas para tener la
reserva hídrica necesaria en cantidad
y calidad para consumo de la población
y las actividades productivas y recreativas”,
advirtiendo además que el servicio
de agua potable para consumo humano es una
potestad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN).
“En ningún momento
este anteproyecto pretende privatizar ni encarecer
el servicio de agua potable en el país,
ni privatizar fuentes de agua de lagos, ríos,
quebradas y afluentes hídricos superficiales
y subterráneos”, advirtió.
Invitó a grupos cívicos,
ambientales, medios de comunicación
y a la sociedad civil en general a que se
incorporen a las sesiones de discusión
de este Anteproyecto de Ley, las cuales se
realizan en la Comisión de Población,
Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional,
los días lunes, miércoles y
viernes, “y así entre todos, de manera
integrada, podamos contribuir al mejoramiento
de esta norma al tiempo que todos nos mantenemos
informados de su contenido y objetivos reales”.
26/9/07
+ Más
Excelentísimo Señor
Martín Torrijos Espino
Presidente de la República
de Panamá Durante Reunión de
Alto Nivel Sobre Cambio Climático en
la ONU
Lunes, 24 de septiembre de 2007.
Señor Presidente:
En los últimos años,
hemos vivido eventos extremos como huracanes
en el Caribe, tifones en Asia, olas de calor
en India y Europa, olas de frío en
México, tornados en el centro y sureste
de los Estados Unidos. Estos impactos son
producto de la tardanza en atender el cambio
climático, lo cual ha ocasionado numerosas
muertes y multimillonarias pérdidas
materiales.
Existe ya plena conciencia
de la gravedad del problema, pero hace falta
voluntad política para enfrentarlo
con decisión y asumir las consecuencias.
Latinoamérica es
particularmente vulnerable a los fenómenos
climáticos extremos debidos al calentamiento
global. En 2006, Panamá sufrió
el impacto de más de 100 eventos extremos
que generaron inundaciones, deslizamientos
de tierra e incendios, que dejaron más
de 10,000 personas afectadas y enormes pérdidas
económicas. Esos eventos ocasionaron
un daño ambiental al capital natural,
con una pérdida parcial o irreversible
de la capacidad de los ecosistemas para suministrar
bienes y servicios a la economía.
Se estima que adaptarnos
al cambio climático requerirá
más de 10 mil millones de dólares
anuales hasta el año 2030. Por eso,
consideramos importante la existencia de mecanismos
financieros no reembolsables, como el Fondo
Especial de Adaptación, para que las
naciones en desarrollo, que son las más
castigadas por los eventos climáticos
adversos, no continúen pagando las
consecuencias de un estilo de desarrollo ambientalmente
insostenible.
Panamá cuenta con
una cartera de más de 100 proyectos
aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio,
donde los promotores se sector privado, de
manera voluntaria, se han comprometido en
invertir entre 20 y 30 % de la venta de los
créditos de carbono, para ayudar al
desarrollo sostenible de las áreas
colindantes a sus proyectos.
Considero oportuno resaltar
la necesidad de que los países desarrollados
asuman un mayor compromiso en la reducción
de emisiones, y que apoyen a los países
en desarrollo para que puedan alcanzar un
desarrollo sostenible, sobre la base de economías
libres de carbono y en armonía con
la naturaleza.
Para ello es necesario aumentar
la inversión global e incentivar el
establecimiento de mecanismos de inversión
y financiamiento nuevos, adicionales y expeditos,
que permitan el oportuno desarrollo de proyectos
de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y de proyectos de adaptación
a los efectos adversos del cambio climático.
En Panamá hemos adelantado
acciones específicas como aportes a
la solución del problema. Una, la adopción
de la Política Nacional de Cambio Climático.
La otra, de impacto global, es la ampliación
del Canal de Panamá que, cuando concluya
en el año 2014, contribuirá
a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector marítimo al
acortar distancias y el tiempo de navegación
de los buques.
El mensaje de mi país
es claro: al tiempo que contribuimos al desarrollo
del comercio internacional ayudamos a construir
un ambiente más sano para toda la humanidad.
Muchas gracias.
