20 septiembre 2007 - Ciudad
de México, México — A principios
de septiembre, el Congreso de la Unión
decidió que el Gobierno Federal debería
comprar sólo productos de madera certificada,
una demanda impulsada desde 2004 por Greenpeace.
De esa manera, el Congreso dio un paso importante
para fortalecer el manejo forestal sustentable
que realizan las comunidades y con ello reducir
la deforestación en
México. Sin embargo, ese mismo día
un decreto de la Presidencia abrió
la puerta a las compras de madera ilegal.
Ayúdanos a evitarlo.
Cuando el Congreso de la
Unión aprobó una reforma a la
Ley de Adquisiciones, el pasado 5 de septiembre,
obligó a las dependencias del Gobierno
Federal a comprar madera certificada para
cubrir sus necesidades de muebles y suministros
de oficina. Este fue un paso muy importante
para reducir la deforestación y fortalecer
el trabajo de las comunidades y ejidos que
hacen manejo forestal sustentable y cuidan
nuestros bosques. De hecho, esta fue una de
la demandas de Greenpeace desde el inicio
de la campaña de Bosques.
Sin embargo, ese mismo día,
el presidente Felipe Calderón emitió
un decreto que contradice la reforma, comprometiendo
a su gobierno únicamente a adquirir
productos provenientes de “aprovechamientos
forestales autorizados” que acrediten su "legal
procedencia". En realidad, la única
forma de garantizar que la madera no proviene
de tala ilegal es con la certificación,
porque los procedimientos legales para autorizar
el aprovechamiento, transporte y almacenamiento
de madera se prestan para todo tipo de abusos
e irregularidades.
¡Ayuda a los diputados!
Mándales una carta (aquí) felicitándolos
por el gran paso que han dado y animándolos
para que impugnen el decreto emitido por Calderón
y modifiquen el Proyecto de Presupuesto de
Egresos 2008 de manera que se apoye el manejo
forestal sustentable de nuestros bosques.
+ Más
Un magistrado obstaculiza
sentencia contra Minera San Xavier
20 septiembre 2007 - Ciudad
de México, México — Hace dos
años una sentencia declaró violatorio
de las leyes mexicanas el permiso para que
Minera San Xavier explotara oro y plata en
el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí;
sin embargo, la minera no ha suspendido sus
trabajos gracias a la complicidad de Alejandro
Sánchez Hernández, magistrado
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, quien ha ignorado la sentencia
definitiva. Así lo denunciaron Greenpeace
y Pro San Luis Ecológico AC.
Alejandro Sánchez
Hernández ha sido un fiel guardián
de los intereses de Minera San Xavier, filial
de la empresa canadiense Metallica Resources
Inc., ya que todos los asuntos que en dicho
tribunal se han tramitado en contra de la
empresa han obtenido absurdas e infundadas
resoluciones que incluso no han sido compartidas
por los demás magistrados del tribunal.
Por este motivo, Pro San
Luis Ecológico y Greenpeace interpusieron
tres procesos de irresponsabilidad en contra
de este funcionario público ante el
Órgano de Control y Vigilancia del
propio Tribunal (el 30 de agosto de este año),
ante la Presidencia de la República
(5 de septiembre) y ante la Procuraduría
General de la República (5 de septiembre).
Cabe recordar que en 1999,
la entonces Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) otorgó
a Minera San Xavier la autorización
para el cambio de uso de suelo y el proyecto
de explotación minera de oro y plata,
bajo el sistema de tajo a cielo abierto y
lixiviación a base de cianuro de sodio,
en el municipio de Cerro de San Pedro, San
Luis Potosí.
Desde aquel año,
pobladores, ejidatarios, profesionistas, investigadores
y grupos ambientalistas impugnaron la autorización.
Fueron más de 5 años que requirieron
los abogados defensores del pueblo Cerro de
San Pedro para demostrar ante los tribunales
mexicanos que el proyecto minero había
sido autorizado en forma ilegal.
El 1 de septiembre de 2004,
el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito declaró que la
autorización violaba las leyes mexicanas,
las normas oficiales en materia ambiental
y el Decreto de Ordenación y Desarrollo
de los municipios de San Luis Potosí
y de Cerro de San Pedro. Por ello, el Tribunal
del Poder Judicial ordenó al Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
que anulara la autorización minera.
Inconforme, Minera San Xavier
interpuso un amparo y consiguió el
apoyo de los tribunales para que fuera la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) la autoridad que resolviera
sobre la solicitud anulada.
El 5 de octubre de 2005
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
emitió sentencia definitiva y resolvió
que, en definitiva, la autorización
violaba las leyes mexicanas, sus normas oficiales
y los decretos citados, por lo que ni en forma
condicionada procedía la autorización.
Asimismo, ordenó a la Semarnat acatar
este fallo.
No obstante, el entonces
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental
de la Semarnat, Ricardo Juárez, emitió
una nueva autorización a Minera San
Xavier, consciente de que violaba las leyes
de nuestro país e incumplía
las resoluciones de los más altos tribunales
mexicanos.
Debido a estas irregularidades,
Greenpeace y Pro San Luis Ecológico
demandan que el gobierno de Felipe Calderón
dé seguimiento a todas las denuncias
y actúe de manera inmediata y decidida
para proteger el patrimonio nacional y restaurar
la credibilidad de los tribunales y autoridades
ecológicas, a los cuales tanto daño
han ocasionado funcionarios corruptos que
sólo han buscado promover sus propios
intereses.
