Greenpeace celebra el fin de la
contaminación por
DDT en Europa con el cese de los vertidos de Montecinca
al Ebro
La Confederación no renueva
a la empresa la autorización para fabricar
dicofol, tras considerar las alegaciones de la organización
ecologista
05 diciembre 2007 - Madrid, España — La Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) paraliza definitivamente
los vertidos de DDT al río Cinca, afluente
del Ebro, al desestimar la solicitud de la empresa
Montecinca, situada en Monzón (Huesca), de
seguir fabricando el plaguicida dicofol. Esta decisión
de la CHE es vinculante por lo que el Gobierno de
Aragón, a través del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental (INAGA) tendrá
que denegar la petición de la empresa.
El pasado mayo, Greenpeace, que desde hace años
pide el fin de la fabricación de dicofol,
presentó alegaciones a la solicitud de Montecinca
para que no les fuera autorizada la producción
del contaminante dicofol. Con esta decisión
de la CHE, Europa cesan definitivamente los vertidos
industriales de DDT, puesto que Montecinca es la
única empresa en el continente que aún
fabricaba dicofol.
“Para Greenpeace es una buena
noticia que se elimine una sustancia tan peligrosa
como el DDT, que es tan persistente que puede encontrarse
todavía en la sangre de la mayoría
de los ciudadanos españoles. Ya es hora de
que se dejen de primar los beneficios económicos
de la industria química a costa de la contaminación
de nuestro medio ambiente”, ha declarado Sara del
Río, responsable de la campaña de
Tóxicos de Greenpeace. “Sólo esperamos
que este caso sea el primero de los muchos que aún
existen en España”, añadió.
La contaminación química
por DDT y por dicofol es muy grave, ambas sustancias
son persistentes, bioacumulativas y tóxicas,
además ambas han sido catalogadas como disruptores
endocrinos, sustancias que alteran el sistema hormonal.
Su peligrosidad ha llevado a varios
convenios internacionales a pedir su eliminación
(Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, Convenio OSPAR para la protección
del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste,
Protocolo de COPs de la UNECE). Asimismo, varias
legislaciones de la UE, algunas de ellas en revisión,
mantiene la atención sobre la eliminación
de estos contaminantes (Reglamento REACH, Directiva
sobre comercialización de Fitosanitarios,
Directiva Marco de Aguas,...).
“Montecinca dejará de verter
DDT, pero su rastro y la contaminación que
ha provocado aún permanecerán muchos
años”, recordó Del Río.
La Fundació Per la Pau,
Greenpeace, Moviment per la Pau, Justícia
y Pau y CEAR piden la prohibición de todas
las bombas de racimo
+ Más
El 98% de las víctimas
de este armamento son civiles
07 diciembre 2007 - España
— Entre el 4 y 7 de diciembre, 137 gobiernos de
todo el mundo y casi 150 activistas de cuarenta
países se han reunido en Viena para participar
en la Conferencia Internacional sobre las bombas
de racimo, un escalón más en el proceso
que empezó en Oslo a principios de este año.
Más de una veintena de países participaban
por primera vez. Durante estos cuatro días,
estados y sociedad civil han debatido sobre los
elementos más importantes del que debe ser
el futuro Tratado para prohibir las bombas de racimo,
que debería ser aprobado a lo largo del próximo
2008.
La propia definición de
este tipo de bombas y su alcance, la asistencia
a las víctimas y la cooperación internacional
con las comunidades afectadas por su uso, así
como los plazos de aplicación y transición
del Tratado, una vez esté aprobado, han centrado
gran parte del trabajo de los asistentes a esta
Conferencia.
Algunos países, como Japón,
Reino Unido o Finlandia, han continuado defendiendo
que se incluyan amplias excepciones a la prohibición,
para permitir el uso de las bombas de racimo con
mecanismos autodestructivos y de auto neutralización,
planteando, por lo tanto, que éstas queden
fuera del Tratado. También otro grupo de
países parecería interesado en dejar
fuera del alcance de este nuevo régimen internacional
aquellos modelos que, según ellos, tienen
un alto grado de fiabilidad para conseguir su objetivo.
En este grupo se encuentra, entre otros, Alemania.
Pero hay muchos otros países (sobre todo
los africanos, latinoamericanos y algunos europeos)
que junto con las agencias de Naciones Unidas, el
Comité Internacional de la Cruz Roja, la
Coalición contra las Bombas de Racimo y otras
ONG, tienen una posición clara y firme sobre
la necesidad de la prohibición total.
La Fundació per la Pau,
Greenpeace, Moviment per la Pau, Justicia i Pau
y CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado) se
unen al llamamiento de la sociedad civil internacional
para que el Tratado prohíba todas las bombas
de racimo sin excepciones, puesto que no se trata
de “salvar” a las bombas sino de proteger a la población
civil, así como de respetar el Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y los derechos humanos.
El Gobierno español, que
participa en el Proceso desde sus inicios y que
es signatario de la Declaración de Oslo,
ha hecho explícita en esta Conferencia su
posición de poner en el centro del proceso
el concepto de prohibición de este tipo de
armas. Sin embargo, deja abierta la puerta a algunas
excepciones, siempre que tengan en cuenta criterios
de impacto humanitario y no técnico, como
algunos países pretenden. Esto es lo que
inspiró la declaración de Oslo y este
propósito se debería mantener cuando
se llegue al final del proceso, según ha
declarado la delegación española.
Esta postura española puede
interpretarse en clave constructiva. Ahora lo que
esperamos y deseamos las ONG es que, en sintonía
con esta postura, muy pronto el gobierno español
tome alguna medida de carácter unilateral
(destrucción de stocks, moratoria...) que
ayude a avanzar este proceso y que vaya en la línea
de defender el DIH y la legalidad internacional.
No faltan ejemplos en este sentido
a nuestro alrededor. El Gobierno de Austria anunció,
durante el transcurso de la Conferencia, que esta
misma semana presentaría una iniciativa parlamentaria
para prohibir la producción, uso, almacenamiento
y comercialización de todas las bombas de
racimo.
Las cinco ONG que participan en
esta campaña internacional consideran que
éste es el camino que debería seguir
el Gobierno español. Bélgica ya lo
hizo en febrero de 2006. Pero también Noruega,
Hungría y Holanda, que han decretado una
moratoria, son algunos ejemplos de países
del entorno europeo que han decidido pasar de las
palabras a los hechos. No se puede olvidar que éste
no es un tema exclusivamente de defensa ni de intereses
militares o industriales, sino también humanitario:
el 98% de las víctimas de las bombas de racimo
son civiles.
Después de Viena, las negociaciones
continuarán el mes de febrero en Nueva Zelanda.
A continuación, habrá una reunión
final en Irlanda en el mes de mayo y la ceremonia
de firma tendrá lugar en Oslo a finales del
próximo año. Las ONG continuaremos
trabajando en el proceso para obtener el mejor instrumento
humanitario internacional posible, así como
para que se adopten las medidas nacionales que sean
necesarias para poner fin a esta tragedia que día
tras día viven millones de personas.
