18 diciembre 2007 - D.F., México
— La salida de Ignacio Loyola Vera de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
es una oportunidad para despartidizar la procuración
de justicia ambiental en México y evitar
que este puesto sea nuevamente un trampolín
para funcionarios sin experiencia, observó
Greenpeace.
La salida de Ignacio Loyola Vera
de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) es una oportunidad para despartidizar
la procuración de justicia ambiental en México
y evitar que este puesto sea nuevamente un trampolín
para funcionarios sin experiencia, observó
Greenpeace.
La organización ambientalista
recordó que Loyola Vera fue cuestionado en
repetidas ocasiones por las ONG, debido a que puso
los intereses personales y privados por encima de
la ley y de los ecosistemas mexicanos. Algunos temas
cuestionados durante su administración fueron:
la incapacidad para perseguir y detener la tala
ilegal, para evitar la sobrepesca en zonas restringidas
y para perseguir a los desarrolladores turísticos
que infringen la ley.
La procuración de justicia
ambiental en México hasta ahora ha sido muy
débil no sólo por que al frente de
la Profepa se coloca a personas que desconocen los
temas ambientales sino también por la falta
de recursos económicos, humanos y técnicos
y la falta de independencia de esta institución.
Para que la Profepa sea una institución
fuerte y confiable, que procure la justicia ambiental
a través de un estricto cumplimiento de la
ley, debe ser independiente de la Semarnat. Profepa
no puede estar sujeta a cuotas y compromisos partidarios.
El nuevo funcionario de la Profepa
debe privilegiar el interés público,
no ceder a las presiones de los intereses privados
y no tener conflictos de interés.
Por ello, Greenpeace propone que
el nuevo procurador salga de un concurso abierto,
y sea una persona con experiencia en temas legales
y ambientales, con capacidad técnica probada
y una propuesta clara para reorganizar la Profepa.
Ello evitará la impunidad, corrupción,
indolencia y vacíos de autoridad al interior
de la Profepa.
Ningún partido político
debe intervenir en la labor de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente. Esta institución
debe estar en manos de técnicos con capacidad
política, que puedan administrar y contener
la destrucción de nuestros recursos naturales.
