28 febrero 2008 - DF, México
— Las contrarreformas promovidas a la Ley
General de Vida Silvestre (LGVS) para desproteger
a los manglares han
caído por su propio peso, ha señalado
el Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental
(OCVA).
Ante el retiro de la iniciativa
de contrarreforma al artículo 60 ter
promovida por el Senador panista Guillermo
Tamborrel, el OCVA se congratula y reitera
que dicha propuesta carecía de sustento
técnico y legal al promover esquemas
ridículos de compensación, lo
que llevó a Tamborrel a aceptar que
su iniciativa estaba mal planteada y retirarla.
El OCVA rechaza los esquemas
de compensación propuestos en las contrarreformas,
ya que la compensación biológica
de manglar es sumamente difícil de
llevar a cabo, y no hay autoridad que se responsabilice
de esta actividad. Además, el término
compensación no está fundamentado
legalmente, y ni siquiera está definido
en la Ley General de Vida Silvestre.
“El OCVA considera que el
artículo 60 Ter vigente no es prohibitivo
sino restrictivo. No estamos en contra del
desarrollo turístico, de lo que se
trata es de que se respete el estratégico
ecosistema de Manglar que los mismos especialistas
han catalogado como en riesgo. Es mejor conservar
que compensar. Lejos de perjudicar a quienes
realicen desarrollos turísticos en
armonía con la naturaleza y la ley
en zonas cercanas a manglares, con un poco
de imaginación, cambio de actitud y
visión en el diseño del proyecto,
se puede convertir al manglar en aliado en
lugar de enemigo. Lo mismo pasa con el turista,
que cada vez es mas consciente y con seguridad
podrá dar valor agregado a su proyecto”
finalizó Luis Bustamante, presidente
de la Unión de Grupos Ambientalistas
(UGAM), miembro del OCVA.
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Activistas de Greenpeace
colocan en el New Flame una bandera con el
lema "Vertido diplomático"
La organización denuncia
que el pecio es un icono de la contaminación
que sufre la Bahía de Algeciras por
la desidia de los Gobiernos español
y gibraltareño
21 febrero 2008 - España — Activistas
de Greenpeace se han encaramado esta mañana
al New Flame para colocar una bandera con
el lema “vertido diplomático”. Con
esta acción, los ecologistas quieren
denunciar la ineficiencia de las administraciones
españolas y gibraltareña en
resolver el grave problema de contaminación
por petróleo que sufre la Bahía
de Algeciras (Cádiz).
Los Gobiernos de los dos
lados de la Bahía llevan seis meses
buscando culpables y en conflictos sobre la
jurisdicción de las aguas, mientras
el New Flame provocaba siete vertidos de combustible
(el día de la colisión, el 28
de agosto, el 29 de agosto, el 5 de septiembre,
del 20 al 26 de diciembre, el 1 de enero y
el 10 de febrero). En todo este tiempo no
han solucionado el problema y el barco sigue
aún siendo un riesgo potencial de nuevos
vertidos (en el último se recogieron
más de 70 Tn de residuos).
El caso del New Flame es
un paradigma de la contaminación crónica
por hidrocarburos que sufre la Bahía
de Algeciras por el incumplimiento en Gibraltar
de la normativa europea y la permisividad
de las administraciones españolas.
El Gobierno no presiona de forma contundente
en las diferentes instancias de la UE y del
Reino Unido para acabar con esta situación
de catástrofe ambiental.
Greenpeace lleva seis meses
preguntando al Gobierno español la
composición exacta de las 42.000 Tn
de chatarra que carga en sus bodegas. La primera
carta se envió el 13 de agosto a los
Ministerios de Medio Ambiente y Fomento. La
organización todavía no ha recibido
una respuesta.
El Estrecho de Gibraltar
es el punto de mayor tráfico marítimo
de la costa española. El Dispositivo
de Separación de Tráfico Marítimo
de Tarifa identificó en 2006 un total
de 96.186 buques, de los cuales 21.343 transportaban
mercancías peligrosas.
El New Flame estuvo repostando
de barco a barco. En la Bahía de Algeciras
se mueven unos 20 millones de toneladas de
productos petrolíferos al año.
Es habitual la presencia diaria de decenas
de grandes buques y petroleros en la bahía,
tanto por tráfico de las refinerías
de CEPSA, como para trasvase de productos
petrolíferos o carga de combustible.
Más de seis millones de toneladas se
utilizan en operaciones de repostaje barco
a barco.
El New Flame entró
en Gibraltar a las 10 de la noche del 11 de
agosto para repostar con una gabarra de la
empresa Gibunco, que opera en aguas del Peñón.
Tras llenar los depósitos salió
del puerto en la madrugada del 12 de agosto.
Este tipo de situación,
de entrar por unas horas a repostar, se repite
constantemente en la Bahía, lo que
hace que exista un riesgo permanente de catástrofe
y vertidos casi continuados de hidrocarburos.
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Greenpeace y WWF/Adena piden
a la Junta de Andalucía que exija responsabilidades
a Fertiberia y a
Egmasa por dañar
la Marisma de Huelva
Fertiberia genera tres millones de toneladas
de residuos al año
26 febrero 2008 - España — Greenpeace
WWF/Adena piden a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
que exija responsabilidades a dos empresas:
Fertiberia y Egmasa, por causar graves impactos
ambientales en la Marisma de Huelva. Con este
objetivo, estas organizaciones han dirigido
hoy una petición orientada a que ambas
empresas pongan en marcha las medidas necesarias
para prevenir futuros impactos y reparar los
ya ocasionados. Asimismo, piden que se sufraguen
sus costes, tal y como contempla la Ley de
Responsabilidad Ambiental.
Greenpeace y WWF/Adena subrayan
que Fertiberia ha causado un daño ambiental
en los recursos naturales de la Marisma de
Huelva debido a las filtraciones y emanaciones
de los depósitos de residuos construidos
por esta empresa. En ellos se ha estado vertiendo
yeso, un subproducto de la planta de fertilizantes
que Fertiberia posee en la margen derecha
del río Tinto (Huelva). Cabe recordar
que, según el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), Fertiberia genera cada año
tres millones de toneladas de residuos.
De igual forma, exigen a
Egmasa que asuma también sus responsabilidades
al haber realizado de forma defectuosa las
labores de restauración de la marisma
a las que se había comprometido. No
en vano, Egmasa acordó gestionar los
residuos de Feriberia de forma respetuosa
con el entorno e incumplió su obligación,
contaminando el medio natural.
Las reclamaciones que hacen
Greenpeace y WWF/Adena se ciñen a los
impactos sufridos desde que entró en
vigor la Ley de Responsabilidad Ambiental,
es decir, desde el pasado 30 de abril de 2007.
Las actividades realizadas por estas empresas
están contempladas en el Anexo III
de esta ley y, por ser de riesgo, están
sujetas a responsabilidad objetiva e ilimitada.
Esto significa que los responsables del daño
lo son, independientemente de que hayan actuado
de forma negligente o de que sean culpables.
Asimismo, conlleva que, si se demuestra su
responsabilidad, deben hacer frente al pago
de la totalidad del deterioro.
Además, las reclamaciones
se apoyan en documentos científicos
no cuestionados. De un lado, el Informe Controles
radiológicos en Huelva sobre los vertidos
de fosfoyeos y Cesio 137 en Huelva, elaborado
por la Comisión de Investigación
e Información Independientes sobre
la radioactividad, a petición de Greenpeace.
Y, de otro, el Informe de la Sudirección
General de Protección Radiológica
Ambiental del CSN sobre la Situación
del Centro de Recuperación de Inertes
de las marismas de Mendaña.
De esta reclamación,
se ha enviado una copia a la Ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, ya que afecta
a bienes de dominio público marítimo-terrestre
y las medidas que se tomen han de contar con
su aprobación.
