El
Gobierno considera posibles emplazamientos
en las comunidades de Asturias, Cantabria,
Aragón, País Vasco, Castilla
La Mancha, Castilla-León, Andalucía,
Madrid y Comunidad Valenciana07 mayo 2008
España — Greenpeace
ha presentado hoy el informe Falsas Esperanzas:
por qué la Captura y Almacenamiento
de Carbono no salvará el clima. Esta
hipotética tecnología pretende
capturar el CO2 procedente de las chimeneas
de las centrales térmicas y almacenarlo
en depósitos subterráneos. Su
desarrollo futuro está promovido por
el sector del carbón, como justificación
para la construcción de nuevas centrales.
“La captura y almacenamiento
de carbono no ayudará a evitar el cambio
climático, despilfarra la energía,
es arriesgada y cara”, -ha declarado Raquel
Montón, responsable de la campaña
de Cambio Climático de Greenpeace,
“enterrar el carbono es enterrar el dinero
necesario para las verdaderas soluciones,
como las renovables, y sepultar el futuro
de las próximas generaciones.”
El informe sobre Captura
y Almacenamiento de Carbono (CAC) presentado,
basado en estudios científicos independientes
revisados externamente por expertos, demuestra
que:
La tecnología de
CAC no ofrece una solución que evite
a tiempo un cambio climático peligroso.
No se prevé que la tecnología
de CAC esté disponible antes de 2030,
como muy pronto. Para evitar los peores impactos
del cambio climático, las emisiones
globales de gases de efecto invernadero tienen
que empezar a reducirse en 2015, es decir,
dentro de tan solo siete años.
La tecnología de
CAC despilfarra energía. Esta tecnología
utiliza entre el 10% y el 40% de la energía
producida por una central térmica.
Se prevé que su adopción a gran
escala acabe con las ventajas en eficiencia
conseguidas en los últimos 50 años
y aumente en un tercio el consumo de recursos.
El almacenamiento subterráneo
de carbono es arriesgado. No es posible garantizar
el almacenamiento seguro y permanente de CO2.
Incluso unos niveles de fugas muy bajos podrían
minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio
climático.
La tecnología de
CAC es cara. Podría dar lugar a que
los costes de las centrales se duplicaran
y a que el precio de la electricidad se incrementara
entre un 21% y un 91%. El dinero invertido
en CAC alejará las inversiones de las
soluciones sostenibles para el cambio climático.
La tecnología de
CAC entraña riesgos significativos
en materia de responsabilidad civil. Representa
una amenaza para la salud, los ecosistemas
y el clima. No queda clara la magnitud ni
el alcance de la responsabilidad, ni quién
se haría responsable de los daños.
La Comisión europea
publicó recientemente la propuesta
para el borrador de la Directiva sobre el
almacenamiento geológico de dióxido
de carbono, que Greenpeace considera precipitada
y deficiente. La propuesta muestra la influencia
de los grupos de presión de la electricidad
y la energía a la Comisión para
que proporcione incentivos financieros para
la CAC.
En España, la Estrategia
Española de Cambio Climático
y Energía Limpia, para 2007-2020, incentiva
de manera desproporcionada la CAC frente al
resto de alternativas. Las empresas de energía
sucia están consiguiendo el apoyo del
Gobierno a esta tecnología como demuestran
las palabras de D. José Luis Rodríguez
Zapatero, en su discurso de investidura como
Presidente del Gobierno. El 4 de marzo de
este año el Ministerio de Industria
publicó en el B.O.E. la “propuesta
de reserva provisional a favor del Estado
de estructuras subterráneas susceptibles
de ser un efectivo almacenamiento de dióxido
de carbono”.
Greenpeace tiene serias
preocupaciones sobre la posición del
Gobierno sobre la Captura y Almacenamiento
de Carbono, ya que es un tecnología
que todavía no está probada,
es cara y potencialmente peligrosa, que no
debería servir como excusa para continuar
construyendo centrales térmicas de
carbón bajo la promesa de que estén
“preparadas para capturar”.
“Para combatir el cambio climático
hay que reducir las emisiones de CO2 mediante
eficiencia y renovables, y no a través
de falsas soluciones como la energía
nuclear o la captura de carbono” ha declarado
Juan López de Uralde, Director Ejecutivo
de Greenpeace España.
Finalmente, Greenpeace ha
demostrado que se pueden reducir globalmente
las emisiones de CO2 casi un 50% para 2050,
además de asegurar el suministro energético
y hacerlo de un modo asequible y, manteniendo
estable el desarrollo económico mundial.
Las energías renovables, junto con
el “uso inteligente” de la energía,
pueden abastecer la mitad de la demanda energética
mundial.
En España, se puede
ir más allá, se podría
abastecer el 100% de la demanda de electricidad
sólo con fuentes renovables para 2050,
incluso se podría obtener la totalidad
de la demanda energética. Los costes
de inversión son perfectamente asumibles,
y el precio de la electricidad en el futuro
sería más barato que si siguiéramos
usando energías peligrosas e inseguras
como los combustibles fósiles y la
energía nuclear. Ya hemos empezado:
las energías renovables en España
ya emplean a más de 188.000 personas.
Más de 100 organizaciones
no gubernamentales se han unido a Greenpeace
para demandar que la CAC no sea utilizada
como una excusa para construir nuevas centrales
eléctricas de carbón. Los gobiernos
en su lugar deben priorizar en invertir en
soluciones energéticas sostenibles.
Greenpeace rechaza las excusas
sobre el atún rojo dadas por Pesca
La asociación ecologista lamenta que
la Dirección General de Recursos Pesqueros
y Acuicultura se escude en 'errores tipográficos'
y que siga sin aclarar los desfases entre
el atún pescado y el declarado por
España.
08 mayo 2008 - Madrid, España
— Greenpeace ve intolerables las declaraciones
efectuadas en la rueda de prensa de esta mañana
por el Director General de Recursos Pesqueros,
Fernando Curcio, quien ha acusado a la organización
de “tratar de centrar la atención sobre
la pesca de atunes inmaduros” autorizada ilegalmente
por la Ministra de Pesca, Elena Espinosa,
durante la temporada pasada.
Greenpeace ha recordado
al Ministerio que lleva muchos años
de intenso trabajo denunciando las ilegalidades
cometidas por diferentes flotas como la francesa,
italiana o turca; el impacto de las granjas
de atún o los trasbordos ilegales de
esta especie en el Mediterráneo, que
están llevando al colapso de las pesquerías.
La organización ecologista
internacional considera que si el Gobierno
de España quiere trabajar con seriedad
en la recuperación del atún
rojo, lo primero que debe hacer es cumplir
el plan viable para esta especie -algo que
no está haciendo- y actuar con transparencia
y rigor científico.
“Declarar que se puede pescar
atún inmaduro en el Mediterráneo
y escudarse en 'un error tipográfico'
para permitirlo no es tolerable. El riguroso
control de que presume España debe
empezar por cumplir estrictamente las normas
y no por saltárselas” ha declarado
Sebastián Losada, responsable de la
campaña de Océanos de Greenpeace.
Greenpeace lamenta, además,
que en la rueda de prensa dada por Curcio
esta mañana no se hayan ofrecido explicaciones
sobre el desfase existente entre las capturas
declaradas por la industria española
y las comunicadas oficialmente por España
a la Comisión para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT en
sus siglas inglesas) que se elevan a, al menos,
8.000 toneladas en la última década.
