Todas las bombas de racimo
que se han usado durante más de 40
años quedarán prohibidas
29 mayo 2008 - Dublin, España — Más
de 100 Gobiernos han dado hoy en Dublín
un paso histórico al aprobar el texto
de un Tratado Internacional de prohibición
de las bombas de racimo. El documento, aprobado
por consenso, prohíbe este tipo de
armamento de forma categórica y hace
ilegal, a partir de su entrada en vigor, la
fabricación, uso, posesión o
venta de bombas de racimo, por ser armas que
causan daños inaceptables a las poblaciones
civiles.
Todas las bombas de racimo
que se usaron de Laos a Líbano, pasando
por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas.
El Tratado se abrirá a la firma de
los Estados el próximo mes de diciembre
en Oslo, y sólo será necesario
que 30 Estados lo ratifiquen para que entre
en vigor. A pesar de las reticencias de algunos
países, no se han incluido periodos
de transición que permitirían
seguir utilizando dichas armas durante un
cierto tiempo. Tampoco existe la posibilidad
de que algún país exprese reservas
sobre algunas de las disposiciones del Tratado,
ya que éste lo prohíbe de manera
expresa.
El Tratado establece medidas
y plazos de destrucción de arsenales:
debe ser lo antes posible, y nunca después
de ocho años a partir de su ratificación.
Cualquier posible retraso debe ser justificado
con información exhaustiva ante Naciones
Unidas. El apartado de asistencia a las víctimas
–uno de los puntos menos fuertes del Tratado
de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales-
es en esta ocasión reforzado. Se establece
la obligación de proporcionar asistencia
médica, rehabilitación y apoyo
psicológico, y de tener en cuenta las
consideraciones de sexo y edad. Cada Estado
parte debe desarrollar para ello un plan nacional,
calendarios y presupuesto, así como
recabar si es necesario ayuda internacional.
Los Estados parte contraen
obligaciones claras en materia de cooperación
y asistencia internacional hacia las víctimas
y los países afectados. Esta ayuda
puede ser bilateral o ser canalizada a través
del sistema de la ONU, y organizaciones nacionales,
regionales e internacionales.
Quizá uno de los
apartados más ambiciosos es el que
se refiere a medidas de transparencia. Cada
Estado miembro debe, en un plazo máximo
de 180 días desde la ratificación
del Tratado, entregar un informe de situación
al Secretario General de la ONU. En él
debe detallar el número de bombas de
racimo que posee y sus características
técnicas; los programas de reconversión
o desmantelamiento de sus instalaciones y
fábricas; los progresos realizados
en la destrucción, etc. Este informe
debe ser actualizado anualmente.
Uno de los aspectos más
controvertidos hasta el final de las negociaciones
fue la interoperatibilidad, es decir, las
maniobras militares conjuntas entre Estados
miembros del Tratado y los que no lo son (un
tema sensible especialmente en lo que se refiere
a EE UU y sus alianzas militares). En este
asunto no fue posible lograr todos los avances
deseados, pero las garantías que serían
necesarias para utilizar estas armas en maniobras
y operaciones conjuntas lo hace prácticamente
inviable.
La sociedad civil, que estaba presente en
Dublín con más de 200 organizaciones
de todo el mundo, ha valorado este texto y
la propia Conferencia como un momento histórico
para acabar con el sufrimiento que durante
40 años ha causado este tipo de armas.
Muchos supervivientes presentes en Dublín
expresaron su euforia. “Se trata de un documento
histórico que significará un
cambio real en las vidas de muchos afectados,
y que evitará que haya más víctimas
en el futuro. El Derecho Internacional Humanitario
(DIH) ha dado hoy un gigantesco paso adelante”,
aseguró Eugeni Barquero, de la Fundació
per la Pau.
Al Tratado se han sumado
finalmente grandes países productores
como el Reino Unido, Alemania o Francia, entre
otros europeos, además de más
de 100 países de América Latina,
África y Asia. “Esto garantiza el apoyo
político suficiente para que el Tratado
sea una norma internacional importante, y
se ha logrado sin edulcorar su contenido.
El Tratado contra las minas antipersonales
logró inicialmente sólo el apoyo
de 46 países, y hoy son más
de 160. Por eso creemos que este avance será
decisivo”, afirmó Mabel González,
de Greenpeace.
El amplio apoyo recibido
hace que signifique no sólo la prohibición,
sino la estigmatización de este tipo
de armamento, lo que condicionará también
el comportamiento de aquellos que no lo firmen.
“La contundencia del texto permite asegurar
que a partir de ahora estas armas quedan sometidas
a una condena moral que hará mucho
más difícil su uso”, afirmó
Maria Josep Parés, del Moviment per
la Pau.
España también
ha asegurado que lo apoyará. Cuando
eso ocurra, las dos bombas que se fabrican
en España (la BME-330 de Expal, y la
MAT-120 de Instalaza) quedarán prohibidas,
y el ejército deberá deshacerse
de sus arsenales. “Nos alegramos de que el
Gobierno haya demostrado finalmente su compromiso
humanitario, y lo invitamos a poner en marcha
cuanto antes las medidas necesarias para que
sea efectivo. Un gesto importante sería
que formara parte del primer grupo de 30 Estados
que es necesario para que entre en vigor”,
dijo Jordi Calvo, de Justicia i Pau.
Después de Dublín,
la sociedad civil continuará trabajando
para asegurar que el Tratado se aplica de
forma rigurosa y exigente. Tanto la CMC a
nivel global, como la CMC Barcelona y Greenpeace
seguirán dedicando esfuerzos a este
objetivo. El Proceso de Oslo ha demostrado
una vez más que una presión
conjunta y concertada por parte de la sociedad
civil puede mover voluntades y lograr avances
políticos importantes. A la espera
de que el viernes a las 12.00h la Conferencia
se cierre definitivamente, la valoración
es extremadamente positiva.
