31
julio 2008 - DF, México — Se suma Greenpeace
al rechazo a la construcción del relleno
sanitario en Loma de Mejia, y manifestó
su apoyo al “Campamento Ambiental Loma de
Mejía”, instalado ayer por científicos
y organizaciones ambientalistas de Morelos
Greenpeace se sumó
al rechazo a la construcción del relleno
sanitario en Loma de Mejia, y manifestó
su apoyo al “Campamento Ambiental Loma de
Mejía”, instalado ayer 30 de julio,
por científicos y organizaciones ambientalistas
y sociales de Morelos, en el interior del
Ayuntamiento de Cuernavaca.
Con el lema: “Por nuestros
hijos, salvemos las barrancas de Cuernavaca
de la contaminación”, las organizaciones
y académicos instalaron el campamento,
en una acción sorpresa y de forma no
violenta, ya que las comunidades de los municipios
de Cuernavaca y Temixco se oponen a la construcción
de un relleno sanitario en Loma de Mejía,
la zona donde se encuentra el Glasis de Buena
Vista, una de las áreas de recarga
acuífera más importante de la
región.
“Los ambientalistas y científicos
de Morelos, que se oponen al relleno sanitario
en Loma de Mejía, han echado mano de
muchos recursos, principalmente técnicos
y científicos, para demostrar que este
relleno sanitario causaría graves daños
al medio ambiente de la región. Sin
embargo, Jesús Giles Sánchez,
presidente municipal de Cuernavaca, se empeña
en su construcción, por lo que nuestros
compañeros ambientalistas se han visto
en la necesidad de recurrir a la instalación
de un campamento ambiental dentro del Ayuntamiento
de Cuernavaca, de manera que sean escuchados
por las autoridades”, explicó Héctor
Magallón, coordinador de la campaña
de bosques de Greenpeace.
Investigadores de diversas
instituciones universitarias y expertos en
el tema realizaron dos foros técnico-científicos
en la Ciudad de Cuernavaca, en los que determinaron
que el proyecto del relleno sanitario no cumplía
con la Norma Oficial Mexicana (NOM) -083,
ya que Loma de Mejía es una área
de suelo permeable que permitirá la
filtración de lixiviados a los mantos
freáticos. Además, la construcción
de este tiradero contaminará dos de
las últimas barrancas limpias del municipio
de Cuernavaca, La Colorada y La Tilapeña,
en consecuencia, afectaría también
la salud de miles de personas.
“El agua que fluye por las
barrancas de Cuernavaca, y que viene del Gran
Bosque de Agua, es parte de una cadena de
ecosistemas interconectados entre sí,
en los que viven una diversidad de especies
de flora y fauna, varias endémicas
en peligro de extinción, entre ellas,
la Carpita de Cuernavaca, que se puede encontrar
todavía en la barranca La Tilapeña.
Por eso, Greenpeace apoya la demanda de los
ambientalistas y científicos de Morelos
que se oponen al relleno sanitario en Loma
de Mejía”, continuó Magallón.
A pesar de que el pasado
3 de junio, más de 200 científicos
entregaron una carta al gobernador de Morelos,
Marco Adame Castillo y al presidente municipal
de Cuernavaca, donde les solicitan que sea
cancelado el proyecto del relleno sanitario
en Loma de Mejía y se busquen alternativas
que cumplan con la NOM-083; esta misiva no
ha sido respondida hasta la fecha y los trascabos
trabajan en este momento en la construcción
del relleno sanitario.
“Hacemos un llamado a Jesús
Giles, presidente municipal de Cuernavaca,
para que atienda a la razón y escuche
a la ciudadanía, ambientalistas y científicos,
sobre las propuestas de alternativas para
un relleno sanitario que cumpla con la NOM-083.
También le llamamos a no recurrir,
en ningún momento, a acciones violentas
en contra del 'Campamento Ambiental Loma de
Mejía' y que sea el diálogo
la manera de resolver este conflicto”, concluyó
Magallón.
+ Más
Greenpeace desafía
al Gobierno de la Ciudad con una campaña
pública en defensa de la Ley de Basura
Cero
30 julio 2008 - Buenos Aires,
Argentina — Greenpeace junto a otras organizaciones
sociales lanzaron hoy la campaña denominada
“100 mil compromisos con Basura Cero”. Se
trata de compromisos con la aplicación
de la Ley para mostrar que los vecinos de
la Ciudad están involucrados en la
implementación de la Ley 1854 de Basura
Cero ignorada por la actual gestión
de Gobierno.
Greenpeace y un grupo de
organizaciones no gubernamentales lanzaron
este miércoles una cruzada para defender
la implementación de la Ley 1854 de
Basura Cero a través de la firma de
un compromiso de adhesión a la Ley.
La campaña de involucramiento
público planea juntar 100 mil compromisos
de vecinos u organizaciones de la Ciudad de
Buenos Aires para demandar al Gobierno porteño
la plena implementación de la Ley 1854
de Gestión Integral de Residuos Sólidos
conocida como Ley de Basura Cero. A través
del sitio www.basuracero.org.ar las organizaciones
invitan a los vecinos de la Ciudad a separar
en origen los residuos y a utilizar correctamente
los contenedores diferenciados. Por otro lado,
para testimoniar sus compromisos los vecinos
podrán subir sus fotos y videos al
sitio mostrando cómo realizan la separación
en origen.
“La idea central de la campaña
es demostrar al Gobierno porteño que
los vecinos de la Ciudad no son los responsables
del supuesto “fracaso” que la actual gestión
le adjudica a la Ley 1854 y al mismo tiempo
exigir al Gobierno de Mauricio Macri la aplicación
de Basura Cero” señaló María
Eugenia Testa, Coordinadora de la Unidad Política
de Greenpeace. “El Gobierno porteño
no ha hecho nada para que el plan de gestión
de residuos establecido por la Ley Basura
Cero funcione. El anuncio de la eliminación
de los contendores diferenciados, que se hará
oficial mañana, es un ejemplo elocuente
de que no se está facilitando el reciclado
y la recuperación” agregó Testa.
Greenpeace junto a El Ceibo,
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), Fundación Ambiente y Sociedad,
Fundación Ecológica Verde, Red
Buenos Aires, Sociedad Argentina de Lucha
contra el Sedentarismo (SALCES), Asociación
Amigos de la Avenida San Martín y Adyacencias,
entre otras, iniciaron esta campaña
un día antes de que el Gobierno de
la Ciudad formalice la eliminación
del los contenedores para diferenciar los
residuos.
“La separación en
origen es el punto fundante de cualquier sistema
de recupero y reciclado de materiales. Para
llegar a disminuir la cantidad de residuos
en un 30% para 2010, que es la meta que establece
la ley, es indispensable que el Gobierno demuestre
una firme voluntad política en la aplicación
de la norma y la participación activa
de los vecinos de la ciudad en la separación
en origen”, concluyó Testa.
Por otro lado, la organización
ambientalista denunció que, del proyecto
de licitación del nuevo servicio de
recolección de residuos que será
enviado a la Legislatura, surge claramente
que el Gobierno porteño impulsa el
enterramiento de residuos en el Conurbano
Bonaerense, hecho que va a contramano de la
Ley. “Macri propone volver al viejo sistema
de pago por tonelada recolectada, lo que significa
un claro retroceso y una abierta oposición
entre un sistema que busca la reducción
en la generación de residuos a partir
del reciclado y la recuperación, y
el negocio de las empresas recolectoras que
cobrarán más si se genera más
basura”, señaló Juan Carlos
Villalonga, Director Político de Greenpeace.
Entre los puntos sobresalientes
que las organizaciones reclaman al gobierno
porteño se destacan:
Cumplir con el objetivo
de reducción de residuos que se entierran
en rellenos del 30% para el 2010.
Cubrir la totalidad de la
Ciudad con contenedores diferenciados durante
este año para darle a todos los vecinos
la posibilidad de colaborar con la aplicación
de “Basura Cero”.
Una campaña pública,
masiva y constante, de concientización
y educación que guíe a todos
los vecinos en la separación en origen
de los residuos domiciliarios y el correcto
uso de los contenedores diferenciados.
Avanzar en la implementación
del servicio de recolección diferenciada
y formalizar el servicio que actualmente desarrollan
las cooperativas de recuperadores urbanos.
La puesta en funcionamiento
antes de fin de año de los 6 Centros
de Selección de residuos (Centros Verdes),
para facilitar y contribuir al trabajo de
los recuperadores urbanos.
Implementar un sistema de
recolección de residuos urbanos en
los nuevos contratos de Higiene Urbana que
esté en línea con la Ley de
Basura Cero, evitando retornar al viejo sistema
de pago por tonelada que incentiva un aumento
en la generación y enterramiento de
basura y atenta contra el sistema de reciclaje.
Respetar el artículo
7 de la Ley Basura Cero que prohíbe
expresamente la incineración de los
residuos generados en la Ciudad.
+ Más
Los Jaguares de Greenpeace
vuelven a la acción y detienen en Salta
un desmonte del tamaño de la Ciudad
de Buenos Aires
28 julio 2008 - Salta, Argentina
— Los Jaguares de Greenpeace volvieron la
acción y bloquearon tres topadoras
que realizaban un desmonte ilegítimo,
autorizado pocos días antes de que
se aprobara la ley de bosques, en una finca
salteña que ocupa una superficie similar
a la de la Ciudad de Buenos Aires.
Los activistas de Greenpeace,
que realizan acciones directas no violentas
en el monte, bloquearon tres topadoras con
cepos de acero e impidieron, de este modo,
que las máquinas continuaran con la
destrucción del bosque nativo.
Luego de realizar un sobrevuelo
en helicóptero, Greenpeace interceptó
tres topadoras que se encontraban realizando
el desmonte de 17.229 hectáreas en
la finca “Las Maravillas, fracción
E1 y E2”, ubicada en el departamento San Martín,
al norte de la provincia de Salta, cerca del
límite con Bolivia.
Greenpeace denunció
que el desmonte detenido fue autorizado por
el ex gobernador de Salta y actual senador
nacional, Juan Carlos Romero, pocos días
antes de que el Congreso Nacional aprobara
la Ley de Bosques, el 28 de noviembre del
año pasado (1).
“La cantidad de permisos
que emitió el ex gobernador Romero
muestra un comportamiento perverso y especulativo
destinado a debilitar la norma que en ese
momento se estaba por aprobar y así
evadir la moratoria y el ordenamiento de esta
zona de bosques”, dijo Hernán Giardini,
coordinador de la Campaña de Bosques
de Greenpeace Argentina.
Los Jaguares de Greenpeace
lograron detener las topadoras con sus motos
y desplegaron un cartel con la leyenda: “Ni
una hectárea más. Desmonte Cero”.
Los titulares de la finca en la que Greenpeace
interceptó las topadoras son Guillermo
Claudio Gonella y Juan Carlos Di Caro (2).
La Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la provincia de Salta autorizó durante
2007, el desmonte de más de 400.000
hectáreas de bosques nativos, cinco
veces más que lo autorizado en 2006,
cifra que supera ampliamente el promedio de
deforestación anual de todo el país.
“Estamos ante una verdadera
Emergencia Forestal, por lo que no podemos
perder ni una hectárea más.
Es fundamental que se paren totalmente los
desmontes que han sido autorizados de manera
irregular para poder avanzar en un Ordenamiento
Territorial que nos permita un manejo sustentable
de los últimos bosques nativos que
nos quedan”, afirmó Giardini.
Greenpeace está participando
activamente en los procesos de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de las provincias
más afectadas por la deforestación.
La organización ambientalista aseguró
que continuará monitoreando el estricto
cumplimiento de la moratoria a los desmontes
que establece la Ley de Bosques y proponiendo
que no sea desmontada ni una sola hectárea
más.
(1) La Ley nacional 26.331
de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, conocida
como Ley de Bosques, fue sancionada el 28
de noviembre de 2007. La norma establece que
las provincias no pueden emitir nuevos permisos
de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento
Territorial de sus zonas boscosas bajo diez
criterios ecológicos y categorías
de conservación que apuntan a evitar
la fragmentación y degradación
del bosque nativo y a preservar las tierras
utilizadas por las comunidades campesinas
e indígenas.
(2) La organización
ASOCIANA (Fundación de Acompañamiento
Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino)
presentó este año ante el nuevo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de Salta una denuncia sobre 18 casos de desmontes
autorizados el año pasado, en la cual
señalaba deficiencias en los Estudios
de Impacto Ambiental y que las audiencias
públicas deberían haber sido
traducidas al idioma de las comunidades indígenas
que se verían afectadas. Luego de esta
presentación se decretó la suspensión
preventiva de tres de los casos denunciados,
pero los restantes continúan vigentes.
Este desmonte reducirá el área
de uso tradicional de las comunidades wichi
de El Paraíso, Arenales, Monteveo y
Tonono.
