04
agosto 2008 - DF, México — El gobierno
brasileño crea un fondo para luchar
contra la deforestación amazónica
y para promocionar las actividades forestales
sostenibles
El presidente de Gobierno
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
ha firmado hoy el acuerdo presidencial para
crear el Fondo Amazónico con el propósito
de luchar contra la deforestación y
para promocionar actividades forestales sostenibles.
Los fondos pretender llegar a mil millones
de dólares en su primer año
y ya ha conseguido la primera donación,
100 millones de dólares de Noruega,
que se hará efectiva en septiembre
durante la visita del presidente noruego a
Brasil.
El Fondo Amazónico
se gestionará a través del Banco
de Desarrollo Brasileño (BNDES). El
destino de los fondos se aprobará por
un consejo compuesto por tres cámaras:
una del Gobierno Federal, otra del Gobierno
del Estado Amazónico y la tercera cámara
estará compuesta por representantes
de la sociedad civil incluyendo ONG, comunidades
indígenas, trabajadores rurales, industria
y académicos. La decisión de
dicho consejo será consensuada y cada
cámara tendrá derecho a un solo
voto.
Los fondos pueden recibir
contribuciones nacionales e internacionales,
excepto del Gobierno brasileño que
tendrá que garantizar más agilidad
e independencia en la toma de decisiones y
destino de los recursos.
“Por fin, Brasil conseguirá
recursos significativos para luchar contra
la deforestación amazónica y
admitir el valor de la selva”, afirmó
Marcelo Furtado, Director ejecutivo de Greenpeace
Brasil.
La iniciativa de Fondos
para la Amazonia se ha inspirado en la propuesta
de 2007 de Greenpeace y otras ocho organizaciones
brasileñas de Deforestación
Zero hasta 2015. “Estos fondos concuerdan
también con la propuesta de Greenpeace
de crear un mecanismo financiero que aumente
los fondos para reducir la deforestación
tropical a escala global”, aseguró
Furtado.
La deforestación
tropical es responsable de al menos el 20
por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, más que todas las emisiones
internacionales del sector de transporte.
Lula también lanzó
un proyecto de ley al Congreso brasileño
para crear recursos generados procedentes
de la explotación de petróleo
de cara a abordar los efectos del cambio climático
como parte del Plan Brasileño de Cambio
Climático. Este plan se presentó
en septiembre de 2007 y su ejecución
se ha retrasado.
La tercera medida anunciada
hoy ha sido la revisión del llamado
Protocolo Verde, en el que los bancos brasileños
se han comprometido a financiar actividades
sostenibles. El Gobierno brasileño
todavía está esperando a que
estos bancos privados se adhieran a la iniciativa.
+ Más
Greenpeace acusa a la Junta
de Andalucía de tramitar irregularmente
el expediente de la autorización ambiental
integrada de Fertiberia
La Consejería de
Medio Ambiente somete a Greenpeace a una situación
de indefensión jurídica en beneficio
de los intereses particulares de Fertiberia
- 04 agosto 2008 - España — Greenpeace
ha comunicado al Presidente de la Junta de
Andalucía, D. Manuel Chaves, mediante
escrito enviado el 1 de agosto de 2008, su
profunda preocupación y consternación
por la tramitación irregular que la
Consejería de Medio Ambiente ha realizado
del expediente de la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) a la empresa Fertiberia S.A.,
situada en Huelva. Esta tramitación
ha dejado a Greenpeace en una clara situación
de indefensión jurídica, que
está dispuesta a denunciar en los Tribunales
de Justicia.
Para Greenpeace, esta actuación
de la Consejería de Medio Ambiente,
cuya titular es Cinta Castillo, redunda exclusivamente
en beneficio del interés particular
de Fertiberia frente al de la sociedad civil.
La Comisión Europea es consciente de
esta situación y también está
siendo víctima de la misma actitud
por parte de la Junta de Andalucía.
En la tramitación
del citado expediente, la Junta ha omitido
trámites esenciales en el procedimiento,
con lo que ha vulnerado los derechos de Greenpeace,
a quien no ha reconocido como parte interesada
en el proceso, y, así, ha violado diversas
normativas.
Greenpeace goza de la condición legal
de interesada en este procedimiento puesto
que presentó, el 2 de abril de 2007,
alegaciones a la solicitud de AAI de Fertiberia,
en la forma y los plazos correspondientes.
A pesar de ello, la Consejería
de Medio Ambiente ignoró esta condición,
y además de no dar parte a Greenpeace
en el Trámite de Audiencia previo a
la concesión de la AAI, no le comunicó
dicha decisión. Este hecho ha impedido
a la asociación la elaboración
del recurso de alzada correspondiente. La
Junta de Andalucía tampoco ha publicado
en su Boletín Oficial la resolución
de dicha autorización, lo que es otra
grave irregularidad.
Tras conocer la decisión
del otorgamiento por la prensa y, ante la
prolongada ausencia de notificación
oficial de la misma, Greenpeace envió
un escrito a la Delegación Provincial
de Huelva de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en
la que le instaba a enviarle dicha notificación.
Sorprendentemente, el pasado
18 de julio, dicha Delegación comunicó
a Greenpeace que había otorgado, el
29 de abril, la AAI a Fertiberia, y que estaba
publicada en la web institucional. Además,
según el propio Delegado Provincial,
la asociación quedaba así fuera
de plazo para recurrirla, y añadió
que no le constaba que Greenpeace tuviera
la condición legal de parte interesada.
En dicha respuesta, la Delegación
Provincial envió a Greenpeace la documentación
de la AAI, pero no como parte interesada en
el procedimiento, sino amparándose
en el derecho al acceso a la información
ambiental. En este caso, Greenpeace no se
había acogido a este derecho al no
ser necesario, puesto que sí es parte
interesada.
“Con esta artimaña
la Junta de Andalucía ha dado una nueva
vuelta de tuerca en el caso de Fertiberia.
Todo ello, a pesar de las numerosas alegaciones
de colectivos ciudadanos, del Ayuntamiento
de Huelva y de grupos ecologistas en contra
de su concesión”, ha declarado Julio
Barea, responsable de la campaña de
Contaminación de Greenpeace.
“Es preocupante constatar
cómo, para la Junta de Andalucía,
el largo historial de incumplimientos de Fertiberia
y una sentencia firme de la Audiencia Nacional
que la obliga a devolver al Dominio Público
los terrenos que ocupa, entre otros argumentos
de peso, no han sido suficiente motivo para
negar dicha autorización”, ha añadido
Carlos Bravo, responsable de la campaña
Nuclear de Greenpeace.
Greenpeace recuerda a Manuel
Chaves que una comisión de investigación
de europarlamentarios visitará Huelva
en otoño, como consecuencia de la queja
que esta asociación ha trasladado a
Bruselas a través de una petición
al Parlamento Europeo (PE).
Además, a propuesta
del presidente del Comité de Peticiones
del PE, se va a solicitar la intervención
en el caso del Tribunal Europeo de Justicia.
Es sorprendente comprobar
cómo las autoridades comunitarias se
muestran mucho más preocupadas por
la catástrofe sanitaria y ambiental
de Huelva que la propia Administración
andaluza, y más dispuestas que ésta
a solucionar ese grave problema. Tanto es
así, que algunos europarlamentarios
se ofrecieron a buscar los medios y la financiación
necesaria para dar respuesta a la descontaminación
de las marismas del río Tinto y la
recolocación, en tareas de recuperación
de la zona, de los trabajadores afectados
por el cierre de Fertiberia.
Estos fondos existen. Sin
embargo, la fecha propuesta por Fertiberia
para el cese de los vertidos, en 2012, impediría
poder solicitar dichas ayudas económicas,
pues ese año España dejará
de recibir fondos de la UE.
+ Más
Greenpeace denuncia el secretismo
de las negociaciones entre el Ministerio de
Medio Ambiente, la Junta de Andalucía
y Fertiberia
La Directora General de
Costas visita hoy con Fertiberia los fosfoyesos,
sin anunciarlo públicamente y antes
de reunirse con los grupos ecologistas. -
06 agosto 2008 - España — La visita
no anunciada celebrada hoy de la Directora
General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, Alicia Paz,
junto a altos cargos de la Junta de Andalucía
y directivos de Fertiberia S.A. a las balsas
de fosfoyesos, que esta empresa tiene en las
marismas de Huelva, hace sospechar a Greenpeace
sobre posibles negociaciones a espaldas de
la sociedad en torno a este grave problema
sanitario y ambiental.
Mientras a los grupos ecologistas
se les retrasa continuamente las fechas para
reunirse con la Directora General de Costas,
y así tratar la solución a los
vertidos de fosfoyesos en Huelva, además
de poner trabas, por parte del Ministerio
de Medio Ambiente y de la Junta, para acceder
a la información, estas Administraciones
se reúnen con Fertiberia sin contar
con el resto de agentes implicados en el caso.
Ayer mismo se conocía
que Fertiberia reducía prácticamente
a la mitad su capital social (de 100,73 millones
de euros a 54,45 millones de euros). “Sería
preocupante que esta descapitalización,
y quizá otras próximas, facilitaran
a Fertiberia declararse insolvente para evitar
hacerse cargo de los costes de la descontaminación
y recuperación de las marismas de Huelva”,
-ha declarado Julio Barea, responsable de
la campaña de Contaminación
de Greenpeace.
“Sería inaceptable
que el Gobierno central y el andaluz permitieran
que Fertiberia huya de Huelva sin hacerse
cargo de sus responsabilidades, tras lucrarse
durante décadas, y que tengan que ser
de nuevo los ciudadanos los que corran con
los gastos, como ya pasó con Bolinden
en Aznácollar”, -ha añadido
Carlos Bravo, responsable de la campaña
Nuclear de Greenpeace.
Es necesario recordar que
existe una sentencia de la Audiencia Nacional
que declara caducada la concesión de
Fertiberia para usar los terrenos de Dominio
Público que emplea para verter sus
residuos tóxicos y peligrosos.
Ante esta circunstancia,
Greenpeace considera que, en vez de andarse
con tantas contemplaciones con Fertiberia,
que sigue contaminando las marismas de Huelva,
la Administración debería exigir
a esta empresa el cese inmediato de sus vertidos
y la constitución de un aval que garantice
ampliamente la descontaminación y recuperación
integral de estas marismas.
