16 septiembre 2008 - España
— Bajo el título, "El futuro de
la agricultura y de la alimentación
nos incumbe a todos/as, por una nueva política
agraria" , agricultores, ecologistas,
consumidores y ONG, han presentado esta mañana
en Madrid un manifiesto en el que instan a
los gobiernos europeos a renovar
su apuesta estratégica por la agricultura
social, garantizando un abastecimiento alimentario
mínimo en el marco de la soberanía
alimentaria y la preservación del medio
ambiente y el medio rural.
La Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos, (COAG), Greenpeace,
Ecologistas en Acción, Amigos de la
Tierra, UCE Consumidores, CEACCU, CECU, Plataforma
Rural, Veterinarios Sin Fronteras, Xarxa de
Consum Solidari, Entre pueblos y “No te comas
el mundo”, han presentado hoy en rueda de
prensa un manifiesto conjunto en el que se
insta al Gobierno español y a la Unión
Europea a reflexionar sobre el fracaso de
su política agraria y a dar un giro
en sus propuestas, orientándolas hacia
un marco de carácter multilateral que
respete la soberanía alimentaria de
los pueblos, la sostenibilidad y las necesidades
reales de los profesionales agrarios de todo
el mundo.
En estos momentos se está
debatiendo una nueva reforma de la Política
Agraria Común, PAC, , (el denominado
“chequeo”), en paralelo a la apertura del
debate sobre la PAC a partir de 2013. La Comisión
Europea no asume en este “chequeo” la grave
crisis de la agricultura y la alimentación,
evidenciada en la desaparición de explotaciones
del modelo social de agricultura y los altos
precios de los alimentos, y propone profundizar
la senda de la liberalización, evidentemente
fallida, de la reforma de 2003. Todo ello
disfrazado de un discurso construido sobre
cuestiones medioambientales, calidad, gestión
del territorio, desarrollo rural, cambio climático
y energías, y contradictorio con la
realidad que viven los ciudadanos/as de la
Unión.
Las organizaciones firmantes
del manifiesto entendemos que es necesaria
una reforma de la PAC con una nueva orientación
de las políticas comunitarias, adaptada
al nuevo entorno emergente y asentada sobre
principios firmes y realistas. Esto significa
que Europa debe renovar su apuesta estratégica
por la agricultura, garantizando un abastecimiento
alimentario mínimo en el marco de la
soberanía alimentaria y la preservación
del medio ambiente y el medio rural. Los/as
agricultores/as tienen que ver reconocida
y valorada su labor, principalmente a través
de unos precios justos para sus productos,
lo que hace imprescindible desarrollar políticas
de estabilización y transparencia de
los mercados.
Asimismo, la PAC está
impulsando un modelo de agricultura industrial
especulativo, concentrando la producción
en aquellos territorios que permiten obtener
grandes volúmenes de producción
estandarizada a bajo coste (deslocalización).
Normalmente estas producciones se hacen en
régimen de monocultivo, algo que resulta
medioambientalmente insostenible.
Este modelo tiene un gran
impacto ambiental y territorial, con un uso
intensivo de recursos naturales y una inadaptación
a las posibilidades del territorio, (transporte
de los alimentos de una punta a otra del planeta,
a costa de un gran coste energético,
mientras se abandonan los mercados locales
y se condena a la pobreza a innumerables agricultores/as
y campesinos/as). Es importante condicionar
las ayudas de la PAC a las prácticas
ambientales de los agricultores y ganaderos.
En este camino hay que huir
de soluciones engañosas como la utilización
de cultivos modificados genéticamente:
no resolverán ninguna crisis medioambiental
sino que por si mismos suponen un riesgo para
el medio ambiente, para la seguridad y la
salud, además de incrementar la dependencia
de las agroindustrias.
Ante este escenario, necesitamos
una nueva política agraria en Europa
que abandone el paradigma de la liberalización
comercial, asumiendo su responsabilidad ante
productores y consumidores en la estabilización
de los mercados, defendiendo el interés
general de toda la ciudadanía europea
que no coincide con el de los conglomerados
agroexportadores y las grandes distribuidoras
y practicando una solidaridad real con todos
los campesinos, especialmente los de los países
del Sur, reconociéndoles el derecho
a producir y desarrollar sus mercados locales.
El Gobierno español,
en su ámbito competencial, debe asumir
el carácter estratégico de la
agricultura y la alimentación para
el conjunto de la sociedad y, por tanto, desarrollar
políticas de Estado para mantener un
modelo social y sostenible de agricultura
y alimentación. Asuntos como la comercialización
agroalimentaria, la fiscalidad, las prioridades
estratégicas de producción,
la investigación, los seguros agrarios,
el desarrollo rural, el binomio agricultura-medio
ambiente, entre otros, deben ser abordados
plenamente por las administraciones públicas
españolas poniendo la prioridad política
en el mantenimiento y promoción del
modelo social de agricultura y alimentación.
