Tras
18 años de oposición a una legislación
que limite sus emisiones de CO2, el sector
exige más dinero público sin
asumir ningún compromiso - 29 octubre
2008 - España — Tras la reunión
celebrada hoy en Bruselas entre los políticos
europeos y los más importantes productores
de vehículos, el sector automovilístico
ha pedido a la Unión Europea (UE) 40.000
millones de euros en concepto de créditos
de bajo interés. Greenpeace recuerda
que la industria automovilística europea
ha pasado unos 18 años presionando
en contra de la legislación sobre eficiencia
en el uso de los combustibles en los turismos
y no ha sabido cumplir con el acuerdo voluntario
de 1998 con la UE para reducir las emisiones
de CO2.
Ahora que el sector pide
40.000 millones de euros en concepto de créditos
respaldados por la UE, cuesta creer que los
vayan a usar para desarrollar aquellos mismos
coches eficientes que deberían haber
construido ya hace mucho tiempo. La organización
ecologista pide a la UE que no preste ni un
solo céntimo de dinero público
a la industria automovilística mientas
ésta siga oponiéndose a la legislación
de la UE en materia de eficiencia en el uso
de los combustibles.
Además, Greenpeace
denuncia que la ACEA, el grupo de presión
de la industria automovilística, ha
presentado costes de reducción de las
emisiones de CO2 inflados. El sector reclama
unos 485 euros por tonelada reducida. Este
cálculo sólo está basado
en los costes para los fabricantes de coches
y en las sanciones propuestas en caso de incumplimiento,
lo que significa el aumento desmesurado de
los posibles costes de abatimiento, ya que
no se les restan los beneficios económicos
debidos al ahorro de combustible para los
conductores. Si se calculan estos costes de
forma independiente (realizados por la Comisión
Europea (CE) resultan comparables con los
demás sectores.
El informe sobre el que
se basa el Estudio de Evaluación de
Impacto de la CE sobre la legislación
para limitar las emisiones de CO2 demuestra
que los costes de abatimiento en el sector
automovilístico pueden llegar a unos
7 euros por tonelada. Las industrias afectadas
por la Directiva Europea de Comercio de Emisiones
actualmente pagan sanciones de unos 100 euros
por tonelada de CO2 si la incumplen.
“En lugar de responder a
la creciente demanda del público de
coches más limpios, los fabricantes
de coches prefieren seguir exprimiendo a los
contribuyentes y piden más subsidios
estatales para seguir con su status quo”,
ha declarado Sara Pizzinato, responsable de
la campaña de Transporte de Greenpeace.
“Mientras la industria automovilística
siga eludiendo su responsabilidad en la reducción
de las emisiones de CO2, cualquier crédito
que se les otorgue se transforma en una subvención
al cambio climático. La industria debería
dejar inmediatamente de bloquear las propuestas
para unas reducciones ingentes de las emisiones
de CO2 y asumir que los cambios necesarios
redundarán en una mejora de la competitividad
del sector”.
Notas:
La Comisión Europea
lanzó el año pasado una propuesta
para reducir las emisiones de CO2 de los turismos
a 130g CO2/km para 2012. La Comisión
de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha
fallado en favor de la propuesta de la Comisión
Europea en el voto del pasado 25 de septiembre.
El Consejo Europeo, bajo la directrices de
la Presidencia europea de Francia, deberá
conformar un acuerdo sobre este tema con el
Parlamento y la comisión Europea antes
de finales de año.
+ Más
Greenpeace evidencia en
un informe los peligros a los que la industria
del cloro expone a ciudadanos y medio ambiente
El estudio, el primero de
estas características realizado en
España, analiza la grave contaminación
que genera este sector industrial con la connivencia
de la clase política - 29 octubre 2008
- España — Greenpeace ha presentado
hoy el informe La industria del cloro: contaminación
silenciosa en el que se pone en evidencia
la grave contaminación, aparentemente
invisible, que genera este sector industrial
y cuyos efectos tóxicos permanecen
a lo largo de los años deteriorando
lentamente la salud de las personas y el medio
ambiente.
Paradójicamente,
este sector contamina para producir un producto
altamente contaminante como es el cloro, cuyo
uso, a día de hoy, no está justificado
ya que existen elementos y técnicas
para sustituirlo sin perjudicar a la población
y al medio natural.
En lo que supone el primer
estudio de estas características realizado
en España, la organización ecologista
ha realizado muestreos de agua y sedimentos
en los alrededores de las nueve plantas productoras
de cloro que operan en España (1).
Ocho de ellas utilizan una tecnología
obsoleta, denominada “de celdas de mercurio”,
una técnica muy contaminante que libera
al medio ambiente grandes cantidades de elementos
tóxicos, por lo que ha sido abandonada
por la mayoría de países, hasta
el punto que las fábricas españolas
representan el 20% de las que utilizan esta
técnica en Europa.
“Hemos decidido analizar
la industria productora de cloro porque es
un sector representativo del país,
y donde operan un reducido número de
empresas provocando niveles muy altos de contaminación
que persisten a lo largo de los años”
ha declarado Sara del Río, responsable
de la campaña de contaminación
de Greenpeace.
Análisis de las plantas
Tres de las industrias analizadas
vierten directamente a ríos, en Monzón,
Sabiñánigo y Flix, y el resto
lo hacen a través de emisarios submarinos,
en Hernani, Torrelavega, Palos de la Frontera,
Lourizán, Vila-Seca y Martorell, por
lo que se tomaron muestras en las proximidades
de los puntos históricos de vertido
donde, a pesar del tiempo transcurrido, siguen
detectándose niveles preocupantes de
contaminación. Por ejemplo, junto a
la planta de Elnosa (Pontevedra), donde no
se vierte desde hace cinco años, se
midieron 1,5 mg/kg de mercurio en una zona
en la que actualmente se marisquea.
En la mayoría de
los vertidos se han detectado metales pesados,
como mercurio, cadmio y otros contaminantes
característicos de esta industria,
tales como cloruro de vinilo, dicloroetileno
o cloroformo. En el área en torno a
Flix se han registrado los contenidos de mercurio
más elevados de todo el estudio con
144 mg/kg en una zona donde se ha documentado
una mayor tasa de nacimientos prematuros y
un índice elevado de desarrollo infantil
deficiente.
En los vertidos de Sabiñánigo
se detectaron niveles muy preocupantes de
una sustancia cancerígena como es el
cromo (VI), y los de la planta de Química
del Cinca, de Monzón, triplicaban los
límites que establece el Convenio OSPAR,
firmado por España, de cloruro de vinilo,
una sustancia también altamente cancerígena.
Por su parte, las muestras recogidas en las
balsas de almacenamiento previas al vertido
al mar de Palos de la Frontera se hallaron
elementos como el cloroformo y diclorometano,
sustancias que según la Directiva Marco
del Aguas de la UE deben ser eliminadas de
las aguas superficiales, ya que su naturaleza
volátil puede provocar pérdidas
significativas al aire.
“licencia para contaminar”
A pesar de las recomendaciones
europeas y de convenios internacionales para
acabar con la tecnología de “celdas
de mercurio” antes del año 2010, el
Gobierno español ha firmado un acuerdo
con la industria que le permite seguir utilizando
esta tecnología hasta el 2020, sin
tener que emplear las Mejores Técnicas
Disponibles (MTD), que establece la Directiva
Europea de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación.
“Lo más preocupante
es que estas industrias cuentan con el beneplácito
de los poderes públicos para seguir
contaminando libremente y han demostrado abiertamente
su intención de no invertir en las
técnicas más limpias existentes
y de incluso sortear, si fuera necesario,
la legislación que limita sus emisiones”,
ha declarado Juan López de Uralde,
Director Ejecutivo de Greenpeace.
Tras analizar los datos
obtenidos, Greenpeace considera que la única
solución eficaz para atajar este grave
problema es endurecer los controles y propiciar
la sustitución paulatina de las sustancias,
materiales y tecnologías más
contaminantes, para lo que la promesa electoral
del Gobierno de crear una Agencia de Sostenibilidad
Química, no debe hacerse esperar más.
Notas:
(1) Las muestras se han
analizado en los laboratorios de la Unidad
Científica de Greenpeace en la Universidad
de Exeter (Reino Unido). De estos análisis
surgió el estudio científico
http://www.greenpeace.to/publications/spain_chloralkali_2008.pdf,
que es la base de este informe.
Los tres parámetros analizados en cada
una de las muestras tomadas se han centrado
en metales pesados, compuestos orgánicos
volátiles y organoclorados, característicos
de esta industria.
