Posicionamiento
de las ONG ante la crisis económica
global - 04 diciembre 2008 - Madrid, España
— Desde hace unas semanas, los ciudadanos
del mundo somos testigos de los esfuerzos
de los Gobiernos del mundo para socorrer a
las entidades financieras y salvarlas de una
quiebra anunciada. Primero el gobierno estadounidense,
y después los europeos, han puesto
sobre la mesa decenas de miles de millones
de dólares y de euros de los contribuyentes
para ayudar a estas compañías
en profunda crisis.
Recientemente, los líderes
mundiales se han reunido en Washington para
unificar sus estrategias, y continuar actuando
en socorro de los bancos y entidades financieras.
A estas alturas es ya imposible cuantificar
con exactitud cuanto dinero público
se está destinando para paliar la crisis
financiera global.
Esta situación ha
desviado la atención de otras crisis
igualmente relevantes para la estabilidad
mundial y que afectan directamente a las vidas
de cientos de millones de personas: las crisis
alimentaria, climática y de derechos
humanos. La premura mostrada por los países
ricos para atajar el derrumbe financiero contrasta
enormemente con su lentitud y sus promesas
incumplidas en materia de ayuda al desarrollo,
lucha contra la pobreza, derechos humanos
y cambio climático, las prioridades
centrales para construir un mundo más
justo.
Todavía es pronto
para prever con exactitud las dificultades
que sufrirán los países más
pobres como resultado de la crisis financiera
y el consiguiente empeoramiento de la situación
económica. Pero es evidente que la
reducción de las exportaciones a los
países desarrollados, la reducción
de las remesas, el descenso de la inversión
extranjera y la escasez de liquidez internacional,
que afectará especialmente a los países
con menos acceso al crédito encareciendo
la financiación de su desarrollo, derivarán
en menos crecimiento y riqueza para repartir
y por tanto menos educación y salud
para cientos de millones de personas.
Para quienes viven en los
países más pobres del mundo
esta situación es literalmente una
cuestión de vida o muerte. El aumento
de precios de los alimentos, y las cada vez
más frecuentes sequías, inundaciones
y demás catástrofes meteorológicas
derivadas del cambio climático, unidas
al desmantelamiento de las redes de protección
social promovidas por las instituciones financieras
internacionales, están agravando las
situaciones de pobreza y hambre. A finales
de septiembre, cuando empezaron a salir a
la luz pública las quiebras de Wall
Street, en una cumbre de la ONU se supo que
muy pocos gobiernos cumplirán los compromisos
financieros necesarios para alcanzar las metas
establecidas en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para reducir la pobreza de aquí
a 2015.
En lo que se refiere a los
derechos humanos, las previsiones no son buenas.
No sólo los derechos económicos
y sociales –incluido el derecho a la vivienda,
la salud y la educación– son objeto
de una presión cada vez mayor, sino
que existe el peligro de que se perpetren
más violaciones de derechos humanos.
Si se produce una recesión económica
prolongada y los países se aprietan
el cinturón, las personas migrantes
y refugiadas, y las personas que se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad
en todos los Estados se verán sumidas
en situaciones insostenibles. Podrían
aumentar las tensiones sociales, y el consiguiente
nerviosismo de los gobiernos podría
conducirlos a reprimir la disidencia y a imponer
políticas de seguridad pública
muy estrictas que restringirían las
libertades civiles. La crisis actual podría
debilitar aún más a Estados
ya frágiles y sumirlos de nuevo en
la inestabilidad y la violencia.
En cuanto al cambio climático,
también los compromisos comienzan a
debilitarse. El liderazgo de la Unión
Europea se tambalea, y los acuerdos para una
reducción ambiciosa de emisiones podrían
peligrar, condenando al mundo a un cambio
climático irreversible y de consecuencias
catastróficas que afectaría
especialmente a las poblaciones más
pobres y vulnerables.
Peores cosas podrían
suceder aún si los países ricos
decidieran utilizar la crisis financiera como
un pretexto para disminuir las ayudas y los
intercambios comerciales. La historia no da
pie para el optimismo. Durante la recesión
registrada en 1972 y 1973, el gasto mundial
destinado a ayudas disminuyó un 15
por ciento, hasta alcanzar sólo 28.800
millones de dólares. Entre 11000 y
1993, el gasto de los países donantes
se redujo en un 25 por ciento durante cinco
años, hasta llegar sólo a 46.000
millones de dólares, y hasta 2003 no
se volvió a alcanzar el nivel de 1992.
La ayuda humanitaria –lo que nos gastamos
para ayudar a las víctimas de conflictos
y desastres naturales– disminuyó también
de forma muy sensible durante un periodo similar
como consecuencia directa de la recesión
registrada entre 11000 y 1993 (esta tendencia
sólo se frenó durante los conflictos
de Ruanda y Kosovo). En cuanto a los intercambios
comerciales, por ejemplo, los países
reaccionaron al desplome de Wall Street de
1929 y a la depresión económica
mundial levantando barreras aduaneras, y el
comercio mundial se redujo casi en un 70 por
ciento.
Si en 2009 se repitiera
este patrón, estaríamos ante
un desastre de magnitudes extraordinarias
para las personas de los países pobres,
que pagarían un coste elevadísimo
por el descontrol de la burbuja crediticia
en Norteamérica y Europa,. A ello se
une el impacto que ya está teniendo
la reducción en los flujos de remesas,
que para algunos países, como Bolivia
o Bangladesh, constituyen hasta el 10% del
PIB.
España no es una
excepción a esta deriva global. Mientras
la crisis económica y financiera ocupa
la agenda del gobierno de manera prioritaria
y casi única, se desdibujan a la misma
velocidad los compromisos del gobierno en
materia de medio ambiente y derechos humanos
y se anuncia el congelamiento en el incremento
de la ayuda al desarrollo para 2009.
Los derechos humanos no
son un lujo propio de épocas de prosperidad.
En tiempos de recesión económica,
las obligaciones de derechos humanos de los
Estados ni se extinguen, ni se atenúan.
Los derechos humanos deben ser una prioridad
si la recuperación económica
se pretende que sea sólida y sostenible.
Por otro lado, la inacción ante el
cambio climático no es una opción
viable. Y en cuanto a la pobreza, hay que
asumir que la pobreza global es la negación
de todos los derechos, y además una
amenaza a la estabilidad mundial. Los países
ricos deben dejar de mirarse el ombligo y
asumir su responsabilidad sobre el desarrollo
global, ya que son los responsables de la
actual crisis y por tanto de sus consecuencias
para los más pobres.
No es sólo una cuestión
de dinero, sino de atención sostenida,
colaboración internacional y decidida
voluntad política de abordar los grandes
problemas. En el marco del 60º aniversario
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, los gobiernos deben garantizar a
través de una regulación sensata,
la adecuada protección de los derechos
de las personas que pertenecen a los grupos
más vulnerables para prevenir un incremento
de la pobreza y una sostenibilidad medioambiental
a largo plazo y y. Deben dar muestras de una
capacidad de liderazgo sin precedentes para
construir una economía global que sea
respetuosa con el medio ambiente y en la que
la mejora de la vida y de los medios de subsistencia
de todas las personas prime sobre un sistema
que beneficia sólo a unos pocos privilegiados.
Seis propuestas concretas
para el Gobierno español
Por todo ello, Amnistía
Internacional, Greenpeace e Intermón
Oxfam, desde nuestros respectivos ámbitos
de trabajo a favor de los derechos humanos,
en defensa del medio ambiente y en la lucha
contra la pobreza, instamos al Gobierno español
a:
Adoptar un Plan estatal
contra el racismo que ataje el posible incremento
de la discriminación, el racismo y
la xenofobia en el contexto de la recesión
económica. La administración
central debe aprovechar la revisión
de la Ley de Extranjería para garantizar
el respeto de los derechos humanos de las
personas extranjeras, independientemente de
su situación administrativa y especialmente
de las mujeres inmigrantes víctimas
de violencia de género. Igualmente,
la revisión de la Ley de Asilo debe
garantizar el acceso a la protección
internacional para las personas que la necesiten.
La lucha contra la violencia
de género debe ser una prioridad para
el Gobierno español también
en tiempos de crisis. Se debe convocar con
urgencia la Conferencia de Presidentes de
las Comunidades Autónomas sobre la
violencia de género, que ha sido pospuesta
sin fecha.
Asumir el compromiso en
el marco de la Unión Europea de una
reducción efectiva de las emisiones
de CO2, hasta alcanzar una reducción
del 30% en el año 2020 (respecto a
11000).
Introducir los cambios necesarios
en la política energética para
la sustitución progresiva y completa
de las energías fósiles y nuclear,
por energías renovables.
Cumplir el compromiso europeo
de destinar el 0,56% del PNB a la AOD en 2010,
y el de alcanzar el 0´7% del PNB en
2012.
Promover y apoyar la reforma
profunda del FMI y el Banco Mundial. En el
futuro, estas instituciones deberían
abandonar la imposición de las políticas
neoliberales a los países en desarrollo,
políticas que han contribuido a generar
la actual situación de crisis.
+ Más
Iniciativa de ley del PRI
pone recursos fitogenéticos a merced
de corporaciones
DF, México — Atenta
contra la biodiversidad e invade competencias
de otras legislaciones: Greenpeace
Es inviable la iniciativa
de Ley de Conservación y Aprovechamiento
de los Recursos Fitogenéticos para
la Alimentación y la Agricultura que
presentó el PRI en la Cámara
de Diputados porque pondría a merced
de las grandes transnacionales los recursos
genéticos de los mexicanos tratándolos
como mera mercancía, además
de que invade competencias de otras legislaciones,
explicó Greenpeace en un análisis
legal.
El estudio jurídico
fue enviado en una carta a los 150 diputados
que forman parte de las Comisiones Unidas
de Agricultura y Ganadería, Desarrollo
Rural, Asuntos Indígenas, y Medio Ambiente
y Recursos Naturales, así como a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
debido a que en diciembre de 2007, cuando
el diputado federal Héctor Padilla
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario
del PRI presentó la mencionada iniciativa,
fue turnada para su análisis y dictaminación
a dichas instancias.
La iniciativa de ley pretende:
“Establecer las regulaciones encaminadas a
la conservación, mejoramiento y aprovechamiento
sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura,
comprendidos los que se encuentran en estado
silvestre, y los cultivados y sus parientes
cuyo centro de origen y/o diversidad es el
territorio nacional y las zonas donde la nación
ejerce su jurisdicción y soberanía”.
Sin embargo, en el texo de la iniciativa se
pone a merced de las grandes transnacionales
los recursos genéticos de los mexicanos
tratándolos como mera mercancía,
a través de contratos de transferencia
que facilitan la apropiación privada
sobre los productos y procesos derivados tanto
de la materia viva, como del conocimiento
tradición al asociado.
Además, la iniciativa
ignora las disposiciones contenidas en las
leyes relativas al Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y pasa por alto lo establecido
en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas o Tribales, que señala
que: “los gobiernos deberán respetar
la importancia especial que para las culturas
y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras
o territorios, o con ambos, según los
casos que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular los aspectos colectivos
de esa relación”.
“Ante un tema de tal relevancia
para la biodiversidad en México es
fundamental la apertura de los espacios necesarios
de consulta y debate público en todo
el país, con el propósito de
consensuar una mejor propuesta legal que garantice
la conservación de éstos recursos
biológicos, contextualizados en el
respeto al conocimiento tradicional que conllevan,
y de conformidad con los intereses y la idiosincrasia
del pueblo mexicano, principalmente de las
comunidades campesinas e indígenas
poseedoras de los territorios más ricos
en diversidad biológica”, demandó
María Colín, coordinadora del
área legal de Greenpeace.
“Hacemos un llamado a las
autoridaddes federales para crear un régimen
que conlleve a la protección del conocimiento
tradicional de las comunidades indígenas,
ante la importancia de contar con los instrumentos
legales vigentes que tutelen con eficacia
los conocimientos empíricos de tipo
ancestral, según sus características,
su carácter de manifestación
cultural, así como su posesión
colectiva y su condición intangible”,
concluyó Colín.
