Las
organizaciones ecologistas denuncian la infracción
de la Ley de Costas y de la Constitución
española - 02 diciembre 2008 - Cádiz,
España — Greenpeace y WWF/Adena exigen
tanto a la Junta de Andalucía como
al Ministerio de Medio Ambiente la retirada
inmediata del Plan Especial de Interés
Supramunicipal del Área de Actividades
Lógisticas, Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de servicios de la bahía
de Cádiz “Las Aletas” de Puerto Real,
Cádiz.
Las organizaciones ecologistas
han detectado numerosas irregularidades, como
la decisión de desnaturalización
y urbanización del terreno costero
público, tomada por el Consejo de Ministros
en abril de 2007, ya que vulnera los artículos
32 y 47 de la Ley de Costas, que indican que
sólo se puede reservar este dominio
para fines que sean competencia del Estado
y no de la Junta de Andalucía como
es la industria, y cuando se trate de actividades
que, por su naturaleza, únicamente
puedan localizarse en la costa, lo que no
es obviamente el caso.
Además, en opinión
de los grupos ecologistas la decisión
de trasformación de uso del suelo debió
ser sometida a evaluación ambiental
estratégica, como exige la Ley 9/2006,
lo que ha motivado que WWF/Adena interpusiera
una demanda ante el Tribunal Supremo y recientemente
ha solicitado que se plantee cuestión
prejudicial al Tribunal de Luxemburgo.
Juan Carlos del Olmo, secretario
general de WWF/Adena, ha asegurado que “es
un fraude que la Ley de Costas, creada para
la protección del dominio público
marítimo–terrestre, sea utilizada para
su desnaturalización, desafección
y privatización”.
Por su parte, Juan López
de Uralde, director de Greenpeace España
“este polígono está destinado
a actividades privadas y tiene como único
objetivo criterios estrictamente económicos
que vulneran gravemente el medio ambiente,
por lo que nos encontramos ante una aplicación
arbitraria de la Ley”.
De las 527 hectáreas
que abarca el plan, 287 son suelos declarados
de dominio público marítimo-terrestre
que según la Constitución española
y la Ley 22/1988 de Costas, deben gozar de
máxima protección. La decisión
es menos comprensible si cabe, teniendo en
cuenta que en la zona existen suelos ya degradados
más apropiados para la localización
de industrias altamente contaminantes como
la metalurgia o la fabricación de caucho
que degradarían notablemente este espacio.
+ Más
Greenpeace denuncia que
la Unión Europea está cediendo
a la presión de la industria
La organización ecologista
presenta un “paquete climático” que
ahorraría a Europa 500 mil millones
de euros en combustibles para 2020 - 02 diciembre
2008 - Bruselas, Bélgica — Mientras
los gobiernos mundiales negocian en Polonia
un nuevo acuerdo frente al cambio climático,
Greenpeace denuncia que la Unión Europea
(UE) está poniendo su propia respuesta
a merced de los intereses de las industrias.
Tras acordar anoche una legislación
sobre emisiones de los automóviles
a gusto de los fabricantes, existe el riesgo
de que ocurra lo mismo dentro de unos días
con el “paquete climático”, el conjunto
de medidas más importantes para reducir
las emisiones de la UE.
Después de muchos
meses de fuerte presión, la Unión
Europea acaba de acordar un texto legislativo
vacío y sin sustancia para reducir
las emisiones de CO2 de los nuevos automóviles
que se vendan en Europa, al permitir, con
la excusa de la crisis económica, que
la legislación sufriera una importante
pérdida de ambición: han reducido
las sanciones, y han retrasado y rebajado
los objetivos de reducción de las emisiones.
Para evitar que esto vuelva
a repetirse con el “paquete climático”,
Greenpeace ha presentado hoy en Bruselas un
informe (1) que demuestra cómo Europa
puede reducir significativamente sus emisiones
mientras refuerza su economía, si los
líderes europeos impulsan la ambición
de las medidas legislativas en materia de
clima y energía.
Frente a las amenazas de
algunos países europeos de debilitar
seriamente el paquete, el informe [R]evolución
Energética muestra cómo la UE
puede reducir las emisiones de CO2 en un 30%
para 2020 y en casi un 80% para 2050, mientras
se actúa para abandonar la energía
nuclear y el carbón. Las conclusiones
del informe, realizado por especialistas del
Instituto de Termodinámica Técnica
del Centro Aeroespacial Alemán (DLR),
dan un apoyo sólido a la puesta en
práctica del objetivo europeo del 20%
de energía renovable, de un sistema
eficiente de comercio de emisiones en el que
los contaminadores paguen por sus emisiones
y de compromisos vinculantes de eficiencia
energética.
Anoche, los gobiernos de
la Unión Europea y el Parlamento Europeo
llegaron a un acuerdo dictado por la misma
industria automovilística, que se suponía
que tenía que regular. El objetivo
propuesto por la Comisión Europea de
130 g/km de CO2 ha sido retrasado tres años
hasta 2015, lo que permite a los fabricantes
seguir produciendo vehículos altamente
derrochadores por lo menos hasta la próxima
década. Además, los fabricantes
han sido premiados con una serie de trampas
legales y con unas sanciones por incumplimiento
insignificantes, que harán muy improbable
que se llegue realmente a los 130 g/km de
CO2 hasta mucho después de 2015.
El acuerdo final también
establece un objetivo a medio plazo de 95
g/km de CO2 para 2020, pero a última
hora se ha eliminado del texto cualquier mención
que lo haga vinculante.
“La industria automovilística
ha conducido libremente las negociaciones
sobre la primera legislación que hubiera
podido dar coches más eficientes a
los consumidores. Pero los políticos
europeos se han quedado tranquilos sentados
en el asiento del acompañante dejando
en manos de la industria las decisiones más
importantes” -ha declarado Sara Pizzinato,
responsable de la campaña Transporte
de Greenpeace.
Greenpeace recuerda que
la UE necesita actuar de forma urgente para
luchar contra el cambio climático así
que, después de haber perdido la oportunidad
de hacer que el sector automovilístico
tenga que contribuir realmente al esfuerzo
colectivo para salvar el clima, no se puede
perder la oportunidad del Paquete de medidas
de clima y energía cuya finalización
se espera en los próximos días.
(2)
“Europa necesita políticas
más claras para el apoyo a las energías
renovables y la eficiencia energética
y estrictas reducciones de emisiones. Ahora
que los líderes europeos están
dando los toques finales al paquete climático,
la [R]evolución Energética es
la prueba de que la UE puede y debe hacer
más para afrontar el cambio climático”,
ha declarado José Luis García
Ortega, responsable de la campaña de
Cambio Climático y Energía de
Greenpeace.
La [R]evolución Energética
muestra que, sólo en el sector eléctrico,
las inversiones en renovables y eficiencia
ahorrarían más de 500 mil millones
de euros en costes de combustible para 2020,
cantidad dos veces y media superior a las
inversiones adicionales que se necesitan en
este sector hasta esa fecha, por lo que lanzar
la [R]evolución Energética sería
verdaderamente rentable.
La [R]evolución Energética
expone cómo el 56% de la demanda de
energía primaria se podría cubrir
con energías renovables para 2050.
Las renovables podrían suministrar
el 88% de la electricidad y el 56% de la demanda
de calor para mitad de siglo. Las ganancias
de eficiencia y un mayor uso de electricidad
renovable en vehículos, y algún
uso de biocombustibles, limitado por criterios
de sostenibilidad, podrían reducir
las emisiones del sector transporte en más
del 70%.
“Para mitad de siglo, las
emisiones europeas de CO2 relacionadas con
la energía se podrían bajar
en cerca del 80%. Para lograr esto no se necesitan
arriesgados experimentos de captura y almacenamiento
de CO2 ni energía nuclear, ya que basta
con las tecnologías renovables probadas
y con el uso inteligente de la energía”,
ha añadido García Ortega.
NOTAS:
1.Documentación en www.energia.greenpeace.es
y en www.energyblueprint.info (inglés).
2.Mientras se desarrolla la conferencia internacional
de cambio climático en Poznan (Polonia),
la UE está a pocos días de sellar
un acuerdo sobre su propia respuesta al cambio
climático, con una serie de leyes conocidas
como el “paquete climático”, que incluyen
legislación para establecer objetivos
de emisiones para la UE y sus estados miembros,
reglas para un nuevo sistema de comercio de
emisiones, para impulsar las renovables y
para regular la tecnología de captura
y almacenamiento de CO2. También está
previsto acordar una nueva ley para reducir
las emisiones de los coches.
