05
febrero 2009 - Buenos Aires, Argentina — Más
de cincuenta organizaciones sociales de todo
el país enviaron una carta al Secretario
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, Homero Bibiloni, y a las carteras
de ambiente provinciales nucleadas en el Consejo
Federal del Medio Ambiente, reclamando la
urgente reglamentación de la Ley de
Bosques.
El borrador de la reglamentación
de la Ley de Bosques fue realizado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, luego de
un proceso consultivo del que participaron
organizaciones ambientalistas y el Consejo
Federal del Medio Ambiente, y fue girado a
principios del mes de julio al Poder Ejecutivo,
donde se encuentra demorado en el Área
de Coordinación de Presupuesto Nacional
del Ministerio de Economía.
Sin embargo, las nuevas
autoridades de la Secretaría de Ambiente
de la Nación convocaron nuevamente
al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar
un nuevo borrador de reglamentación,
elaborado el 23 de enero de este año
por la misma Secretaría.
Frente a esta situación,
más de cincuenta organizaciones ambientalistas,
campesinas e indígenas de todo el país,
“alarmadas por el constante avance de la deforestación”,
presentaron una carta dirigida al Secretario
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo
Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron
que “la excesiva demora en su reglamentación
pone en crisis su operatividad y genera una
profunda preocupación por el futuro
de la misma”.
La Ley de Bosques fue sancionada
el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña
que logró juntar un millón y
medio de firmas, y establece que las provincias
no pueden emitir nuevos permisos de desmonte
hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial
de sus zonas boscosas bajo diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar las tierras utilizadas por las comunidades
campesinas e indígenas.
En ese sentido, las organizaciones
advirtieron que la reglamentación debe
“promover que los Ordenamientos Territoriales
de Bosques Nativos sean el resultado de un
verdadero proceso participativo, que le de
legitimidad a la zonificación resultante
y que permita mitigar los daños que
la deforestación genera sobre las comunidades
campesinas e indígenas”.
Las organizaciones reclamaron
que la reglamentación respete el espíritu
original de la Ley de Bosques y sea una herramienta
eficaz para detener la deforestación,
y señalaron que para ello resulta imprescindible
“la adopción de mecanismos que permitan
a la sociedad civil y sus instituciones participar
del control de la efectiva implementación
de la misma, y en la consideración
de mecanismos de transparencia tanto para
la aplicación de la ley como así
también para el monitoreo de su cumplimiento,
asignación, distribución y ejecución
de fondos”.
La norma crea el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (cerca de mil millones
de pesos al año) para distribuir entre
las provincias que sancionen por ley provincial
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques,
con el objetivo de fortalecer la capacidad
técnica y de control, compensar a los
titulares que realicen tareas de conservación
y manejo sostenible, y para fomentar las actividades
productivas que los pequeños productores
rurales y comunidades indígenas realizan
en zonas boscosas.
Finalmente, las organizaciones
alertaron que es necesario asegurar que los
fondos para la protección de los bosques
que la norma establece “promuevan de manera
eficaz y transparente la protección
y manejo sostenible de la mayor superficie
posible en cada jurisdicción, y que
la compensación para los titulares
de bosques que realicen tareas de conservación
o manejo sostenible de los recursos forestales
resulte un incentivo eficaz para detener la
deforestación”.
+ Más
Greenpeace instaló
su Teléfono Rojo a metros de la Casa
Rosada para reclamar la urgente reglamentación
de la Ley de Bosques
04 febrero 2009 - Buenos
Aires, Argentina — A pesar de que la policía
impidió que Greenpeace instalara su
telefóno rojo sobre la Plaza de Mayo,
la organización ambientalista pudo
llevar adelante su reclamo en favor de la
reglamentación de la Ley de Bosques.
Ubicados sobre la calle
Defensa al 100, a metros de la histórica
Plaza, los activistas montaron el teléfono
rojo gigante y la cabina desde donde cientos
de ciudadanos se comunicaron la Presidencia
de la Nación para hacer llegar su demanda.
El teléfono de Greenpeace
ya recorrió Mar del Plata, Córdoba
y Rosario en donde no hubo inconvenientes
para que la gente pudiera comunicarse al (011)
4000-5580 que deriva los llamados a Presidencia.
Sin embargo, en Buenos Aires
y a pesar de que el teléfono es una
estructura inflable que se arma y desarma
en minutos, la Policia Federal impidió
el paso de los activistas que avanzaban sobre
la calle Defensa en un claro avasallamiento
a la libertad de expresión de los ciudadanos.
Desde hace dos semanas,
cuando se habilitó la línea,
más de mil personas se comunicaron
a diario con la Casa Rosada. “La respuesta
de la gente para detener el boicot a la Ley
de Bosques es impresionante, como sucedió
hace un año cuando más de un
millón de argentinos firmaron para
que se sancionara. Esto demuestra que la deforestación
es un tema que preocupa a gran parte de la
sociedad”, señaló Hernán
Giardini, coordinador de la campaña
de Bosques de Greenpeace.
El borrador de la reglamentación
de la Ley de Bosques fue realizado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, luego de
un proceso consultivo del que participaron
organizaciones ambientalistas y el Consejo
Federal del Medio Ambiente, y fue girado a
principios del mes de julio al Poder Ejecutivo,
donde se encuentra demorado en el Área
de Coordinación de Presupuesto Nacional
del Ministerio de Economía.
“Inexplicablemente, y sin
la participación de las organizaciones
sociales, las nuevas autoridades de la Secretaría
de Ambiente de la Nación van a rediscutir
mañana y pasado el borrador de la reglamentación
con los gobiernos provinciales para lavar
y flexibilizar la norma. Así, buscan
que la reglamentación les permita a
las provincias más comprometidas con
la deforestación cobrar los fondos
que la ley establece y seguir con la fiebre
de las topadoras", afirmó Giardini.
Frente a esta situación,
más de cincuenta organizaciones ambientalistas,
campesinas e indígenas de todo el país
presentaron una carta dirigida al Secretario
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, Homero Bibiloni, y al Consejo
Federal del Medio Ambiente, en la que señalaron
que “la excesiva demora en su reglamentación
pone en crisis su operatividad y genera una
profunda preocupación por el futuro
de la misma”.
Las organizaciones reclamaron
que la reglamentación respete el espíritu
original de la Ley de Bosques y sea una herramienta
eficaz para detener la deforestación,
y señalaron que para ello es imprescindible
“la adopción de mecanismos que permitan
a la sociedad civil y sus instituciones participar
del control de la efectiva implementación
de la misma, y en la consideración
de mecanismos de transparencia tanto para
la aplicación de la ley como así
también para el monitoreo de su cumplimiento,
asignación, distribución y ejecución
de fondos.”
En ese sentido, alertaron
que es necesario asegurar que los fondos para
la protección de los bosques que la
norma establece “promuevan de manera eficaz
y transparente la protección y manejo
sostenible de la mayor superficie posible
en cada jurisdicción, y que la compensación
para los titulares de bosques que realicen
tareas de conservación o manejo sostenible
de los recursos forestales resulte un incentivo
eficaz para detener la deforestación”.
La Ley de Bosques fue sancionada
el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña
que logró juntar un millón y
medio de firmas, y establece que las provincias
no pueden emitir nuevos permisos de desmonte
hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial
de sus zonas boscosas bajo diez criterios
ecológicos y categorías de conservación
que apuntan a evitar la fragmentación
y degradación del bosque nativo y a
preservar las tierras utilizadas por las comunidades
campesinas e indígenas.
La norma crea el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (cerca de mil millones
de pesos al año) para distribuir entre
las provincias que sancionen por ley provincial
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques,
con el objetivo de fortalecer la capacidad
técnica y de control, compensar a los
titulares que realicen tareas de conservación
y manejo sostenible, y para fomentar las actividades
productivas que los pequeños productores
rurales y comunidades indígenas realizan
en zonas boscosas.
