19
febrero 2009 - DF, México — El gobierno
federal debe cumplir con los preceptos de
bioseguridad para resguardar las semillas
básicas para alimentar a los mexicanos
en el marco del Protocolo de Cartagena
¿Qué es el
Protocolo de Cartagena?
Documento: El origen y la
diversidad del maíz en español
e inglés.
Firma la petición:
¿Transgénicos?... ni maiz
México será
el anfitrión irresponsable de la reunión
del Protocolo de Cartagena sobre responsabilidad
y compensación por los daños
producidos por Organismos Genéticamente
Modificados, que se realizará en la
Ciudad de México, debido a que el gobierno
federal ha permitido la contaminación
del maíz nacional con grano transgénico
procedente de Estados Unidos y ha puesto en
riesgo la bioseguridad de nuestro país.
La reunión, que se
realizará del 23 al 27 de este mes
en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
tiene como objetivo establecer con claridad
quienes deben ser los responsables por la
contaminación transgénica de
campos de cultivo y de semillas que son básicas
para la siembra en cada país firmante
del protocolo y cómo deben compensarse
esas afectaciones al medio ambiente y a los
productores.
“Felipe Calderón,
como jefe del Ejecutivo y como anfitrión
de esta reunión, debe actuar con congruencia
y cumplir con los preceptos del Protocolo
de Cartagena a fin de preservar las semillas
que son básicas para la siembra y alimentación
de los mexicanos y no permitir por ningún
motivo que éstas queden en manos de
monopolios de empresas transnacionales. Es
preocupante que el Presidente de la República
prefiera reunirse con Monsanto (1) en vez
de atender las demandas de los campesinos
mexicanos y la urgencia de la preservación
de la diversidad genética y biológica
de nuestro país”, demandó Aleira
Lara, cooridinadora de la campaña de
agricultura sustentable y transgénicos
de Greenpace.
La siembra de transgénicos
es ilegal en México, de acuerdo con
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM) que está vigente,
sin embargo, el gobierno federal ha sido incapaz
de evitar su propagación. Es momento
de reparar el daño, de fincar responsabilidades
a la empresas que contaminan nuestros campos
con el fin de comercializar sus variedades
patentadas.
La organización ambientalista
hizo un llamado a los asistentes a la reunión
que se realizará en México para
que se impulse la creación de un régimen
jurídicamente vinculante y que se establezca
con claridad la definición de los daños
por contaminación con transgénicos
en cultivos, semillas y la cadena alimenticia,
tomando en cuenta el restablecimiento, la
recuperación, la degradación
y las medidas preventivas, así como
los daños causados a la propiedad privada,
las pérdidas económicas, las
lesiones o las enfermedades. Este régimen
también debe incluir claramente los
daños y perjuicios socioeconómicos
provocados a las comunidades locales e indígenas,
según el Artículo 24 del Protocolo.
“La liberación al
ambiente de organismos genéticamente
modificados produce daños y perjuicios
para los ecosistemas en que se realiza, para
los cultivos cercanos que son orgánicos
o tradicionales y representa una contaminación
genética inminente. Es preciso fortalecer
el principio de que “quien contamina, paga”
y garantizar su aplicación a fin de
que los campos de cultivo y los agricultores
no queden a merced de las acciones legales
que emprenden las transnacionales”, agregó
Lara.
Para Greenpeace es preciso
crear un fondo de indemnización por
los daños que ocasionan las empresas
de biotecnología por la introducción
de los transgénicos en tierras de cultivo,
y se puede tomar como modelo el de los Fondos
Internacionales de Indemnización de
Daños debidos a Contaminación
por Hidrocarburos (2).
El caso Chihuahua, contaminación
y omisión
Las secretarías de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) cometieron graves omisones y no
tomaron medidas que garanticen un nivel adecuado
de protección de las variedades nativas
e híbridas de maíz frente a
semillas transgénicas, altamente contaminantes,
ingresadas y sembradas de manera ilegal en
la región del Valle de Cuauhtémoc,
en el Estado de Chihuahua.
Entre estas medidas debieron
incluir desde la revisión y control
transfronterizo entre México y Estados
Unidos de América, hasta evaluaciones
previas sobre los riesgos de abrir el mercado
de semillas sin un control sanitario; todas
estas omisones contravienen el cumplimiento
del Protocolo de Cartagena, así como
de la legislación ambiental: la Ley
General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA),
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM) y el Código Penal
Federal (CPF); pues son actos y omisiones
que atentan contra el ambiente, la bioseguridad
y la gestión ambiental en el Estado
de Chihuahua.
“La única respuesta
que el gobierno federal ha dado respecto al
caso Chihuahua es la persecución de
los agricultores a los que se les detecten
transgénicos en sus parcelas. La falta
de un mecanismo de responsabilidad y compensación
deja en estado de vulnerabilidad a campesinos
e indígenas frente las grandes empresas
biotecnológicas, por lo que exigimos
al gobierno mexicano un régimen sobre
responsabilidad y compensación para
los agricultores contaminados en Chihuahua
y que esto se extienda a los estados donde
se ha detectado la presencia de maíz
transgénico (3), de acuerdo como lo
establece el Protocolo de Cartagena.”, exigió
Lara.
La Comisión Intersecretarial
de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados (CIBIOGEM) dentro de su “Primer
Informe Nacional Ordinario sobre aplicación
del Protocolo de Cartagena sobre seguridad
de la biotecnología” (mayo 2007) (1)
reconoció que existieron movimientos
ilícitos de organismos vivos modificados
provenientes de Estados Unidos, los cuales
se siguen reproduciendo hasta el momento.
EU no es un país firmante del Protocolo
y en su territorio está autorizada
la siembra, comercialización y consumo
de transgénicos:
No hubo una notificación
oficial sobre el potencial movimiento transfronterizo
ilegal.
A pesar de que el movimiento era sobre un
evento que nunca fue liberado comercialmente
en el país de origen (evento experimental),
no hubo ningún informe sobre las razones
que pudieran explicar dicha presencia en embarques.
No se aplicaron sanciones
a los involucrados en estos movimientos a
pesar de que se violó la legislación
nacional en la materia.
No se tuvo acceso inmediato
a la totalidad de la información requerida
para realizar las evaluaciones de riesgos
pertinentes.
No se llevaron a cabo acciones
de emergencia ante la posibilidad de dichos
movimientos y cuando se tuvo constancia del
movimiento ilegal, no hubo buena coordinación
entre las dependencias involucradas.
Greenpeace México
Notas:
1. Reunión en Davos, 30 de enero de
2009. http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=15237
2. Fondos Internacionales de Indemnización
de Daños debidos a Contaminación
por Hidrocarburos http://sp.iopcfund.org/
3. Se han registrado otros casos de contaminación
con maíz transgénico en Oaxaca,
Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México
(delegaciones Magdalena Contreras y Milpa
Alta), Sinaloa, Veracruz.
2. Álvarez, Ariel. Primer Informe Nacional
Ordinario sobre Aplicación del Protocolo
de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología,
Mayo 2007. Secretariado Ejecutivo de la CIBIOGEM
+ Más
El respeto al maíz
mexicano es la paz
23 febrero 2009 - DF, México
— Greenpeace exige al gobierno federal que
cumpla el Protocolo de Cartagena y preserve
el centro de origen del maíz; la soberanía
alimentaria no debe quedar en manos de empresas
de biotecnología que patentan transgénicos
México, anfitrión
irresponsable
Documento: El origen y la
diversidad del maíz en español
e inglés.
Revisión al caso
de contaminación y siembra ilegal en
Chihuahua en español e inglés
Firma la petición:
¿Transgénicos?... ni maiz
Con una manta de tres metros
de ancho por cuatro de largo, con la leyenda
“El respeto al maíz mexicano es la
paz”, Greenpeace hizo un enérgico llamado
al gobierno federal y a los representantes
de los países firmantes del Protocolo
de Cartagena para que la aplicación
de los principios de responsabilidad y compensación
sobre los daños que ocasionan los transgénicos
a la biodiversidad, sean de carácter
obligatorio.
Una veintena de activistas
de la organización ambientalista desplegaron
el mensaje en el Hemiciclo a Juárez,
monumento que se encuentra enfrente de la
sede de la reunión sobre responsabilidad
y compensación, en el marco de este
Protocolo, que se realiza desde hoy y hasta
el 27 de este mes en la Secretaría
de Relaciones Exteriores y que cuenta con
la asistencia de más de 150 personas
de diferentes naciones, entre representantes
y observadores internacionales.
A pesar de que México
forma parte de este Protocolo, y por ello
tiene la obligación de preservar los
granos básicos para la agricultura
y la alimentación, en los hechos, el
gobierno federal ha permitido la introducción
de maíz transgénico y la contaminación
de campos de cultivo en Chihuahua y en otros
estados, violando con ello la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM),
el Código Penal y el propio Protocolo
de Cartagena, aumentando la incertidumbre
sobre la forma en que se ha afectado la biodiversidad
en nuestro país, que es centro de origen
y diversidad genética de maíz;
así como los riesgos para la salud
humana.
“No basta con la firma de
acuerdos y tratados internacionales si estos
no se cumplen. El gobierno del Presidente
Felipe Calderón ha violado sistemáticamente
los mandatos del Protocolo de Cartagena respecto
a la implementación de medidas de bioseguridad
en la esfera de la transferencia, manipulación
y utilización de transgénicos
debido a sus efectos adversos para diversidad
biológica, la salud humana y la producción
campesina. Es tiempo de que México
deje de ser candil de la calle y oscuridad
de su casa”, declaró Aleira Lara, coordinadora
de la campaña de agricultura sustentable
y transgénicos de Greenpeace México.
La liberación de
transgénicos al ambiente plantea daños
y perjuicios y una contaminación genética
inminente. Un régimen obligatorio es
el sistema más adecuado para garantizar
la aplicación del principio de “quien
contamina, paga”. Siguiendo este principio,
la definición de daños debe
tener en cuenta la remediación y las
medidas preventivas, así como los daños
socioeconómicos ocasionados a las comunidades
indígenas y campesinas, según
el Artículo 26 del Protocolo (1).
“La falta de un mecanismo
de responsabilidad y compensación deja
en estado de vulnerabilidad a campesinos,
indígenas y consumidores frente a las
grandes empresas biotecnológicas que
promueven la siembra de transgénicos.
Hoy en día la siembra de este tipo
de granos es ilegal en México según
la LBOGM, pero el gobierno federal no ha logrado
evitar su propagación. Es momento de
reparar el daño, de fincar responsabilidades
a la empresas que contaminan nuestros campos
con el fin de comercializar sus variedades
patentadas, no necesitamos más evidencias,
ni más estados con alertas sobre contaminación
que pongan en riesgo nuestra soberanía
alimentaria”, exigió Lara.
Actualmente, la industria
biotecnológica ha creado variedades
de maíz transgénico que contienen
sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos
que son empleadas para elaborar fármacos
y productos industriales. En cualquier momento
estas variedades de maíces podrían
llegar a la red alimenticia debido a la falta
de monitoreo por parte de las autoridades
mexicanas. Por éstos, y otros riesgos,
un verdadero régimen de responsabilidad
es indispensable.
“Exigimos al gobierno mexicano
que en esta reunión actúe como
le corresponde, promoviendo activamente un
régimen de responsabilidad y compensación
obligatorio, que incluya medidas preventivas
y de remediación frente a las afectaciones
de los transgénicos al ambiente, la
biodiversidad y la salud; un fondo de indemnización
que incluya claramente los daños y
perjuicios socioeconómicos provocados
a las comunidades y que, bajo el principio
de quien contamina paga, se finquen responsabilidades
a las empresas dueñas de las patentes
de los transgénicos, explicó
Lara.
Greenpeace demandó
a la delegación mexicana que asiste
a la reunión del Protocolo de Cartagena,
que actúe con congruencia para proteger
nuestras variedades de maíz, nuestro
medio ambiente, el campo y a los campesinos
de México.
Asimismo, la organización
ambientalista hizo llamado al resto de los
países asistentes que son parte del
Protocolo para que impulsen la creación
de un régimen de responsabilidad y
compensación de aplicación obligatoria.
Greenpeace México
Nota:
1. Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados.
http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf
