Greenpeace
ha sido informada por parte de la Fiscalía
General del Estado del inicio de las actuaciones
- 27 febrero 2009 - Almería, España
— La Fiscalía Provincial de Almería
ha reabierto, tras recibir el mandato de la
Fiscalía General del Estado, las diligencias
de investigación sobre los presuntos
indicios de prevaricación y delitos
contra la ordenación del territorio
por parte de las administraciones públicas
en el caso del hotel ilegal de El Algarrobico.
Greenpeace ha recibido de
la Fiscalía General del Estado una
notificación comunicándole el
inicio de las actuaciones. El pasado dos de
febrero, la organización ecologista
presentó un escrito al fiscal general,
Cándido Conde-Pumpido, en el que le
informaba del cúmulo de pronunciamientos
judiciales que hacían necesaria su
intervención.
La sentencia dictada por
el Juzgado nº 2 de lo Contencioso–Administrativo
de Almería, ya se señalaba que:
“la abulia y la desidia del Ayuntamiento de
Carboneras y de la Junta de Andalucía
en la defensa del interés general ha
provocado que el hotel se construyese, y es
por tanto tarea de la Fiscalía General
del Estado investigar el porqué varias
administraciones pasaron por alto las leyes
que impedían construir el hotel”.
“A pesar de que la justicia
sigue su curso y ya lleva doce pronunciamientos
contra el hotel y que la Fiscalía estudia
si hay elementos probatorios con entidad jurídico-penal,
Greenpeace considera intolerable que la Junta
de Andalucía y el Ministerio de Medio
Ambiente sigan confundiendo a la opinión
pública, escudando su pasividad en
el proceso judicial en lugar de defender el
patrimonio público”, ha declarado Pilar
Marcos, responsable de la campaña de
Costas de Greenpeace.
La Junta de Andalucía
sigue afirmando que los terrenos son urbanizables,
como aparece recogido en un escrito de su
gabinete jurídico de cinco de noviembre
y en el nuevo Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de febrero de 2008
(paralizado cautelarmente por la justicia
tras la solicitud de Greenpeace). El Gobierno
andaluz también defiende que servidumbre
de protección de la playa no son 100
metros sino 50, lo que salvaría la
estructura del hotel. Por su parte, el Ministerio
de Medio Ambiente quiere desistir del proceso
de expropiación abandonando las posibilidades
reales de demoler el hotel y supeditando el
cumplimiento de la Ley de Costas a lo que
dictaminen los juzgados.
Hasta el momento 4.500 ciberactivistas
se han ofrecido a través de la web
de Greenpeace como voluntarios para “demoler”
el hotel en el momento en que la Administración
retome su compromiso por la defensa de la
legalidad.
+ Más
Greenpeace lamenta las graves
equivocaciones de Rosa Díez en materia
de energía nuclear
27 febrero 2009 - España
— Greenpeace lamenta las graves equivocaciones
de la dirigente y diputada de Unión
Progreso y Demogracia (UPyD), Rosa Díez,
en materia de energía nuclear. En recientes
declaraciones, Rosa Díez manifestó
que su partido se opone a la moratoria de
energía nuclear ya que “considera una
hipocresía cerrar las centrales nucleares
españolas mientras nuestro país
continúa comprando este tipo de energía
al exterior”.
“Las erróneas afirmaciones
de Rosa Díez sobre energía nuclear
demuestran, como mínimo, su grave desconocimiento
sobre el tema y resultan preocupantes, pues
distorsionan la realidad y por lo tanto desinforman
al ciudadano”, ha declarado Carlos Bravo,
responsable de la campaña Nuclear de
Greenpeace.
En primer lugar, desde 1997
no existe ninguna moratoria nuclear en España.
Desde entonces no está en vigor la
moratoria nuclear implantada en 1984 por el
Gobierno socialista de Felipe González.
Esta moratoria fue una decisión motivada
por el fracaso económico de la energía
nuclear y la subsiguiente bancarrota de las
compañías eléctricas,
a las que hubo que rescatar financieramente
con cargo a la tarifa (que pagan todos los
consumidores), como ha reconocido públicamente
Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria
en la época de González.
No obstante, la Ley 54/1997
del sector eléctrico, aprobada por
el Partido Popular en 1997, acabó con
la moratoria nuclear e implantó la
liberalización del sistema eléctrico.
Dicha Ley establece que “En la generación
de energía eléctrica se reconoce
el derecho a la libre instalación y
se organiza su funcionamiento bajo el principio
de la libre competencia”. Así pues,
la construcción de centrales nucleares
en España es libre, no está
sometida a ningún tipo de prohibición
legal.
Otra tergiversación
de la realidad expresada por Rosa Díez
es sobre la importación de electricidad
nuclear por parte de España. Como se
puede comprobar consultando datos oficiales
de Red Eléctrica Española (REE),
España desde 2004 es netamente exportadora
de electricidad.
Es más, según
REE, en 2008 los intercambios internacionales
de electricidad del Sistema Eléctrico
español registraron un saldo exportador
de 11.221 Gigavatios/hora (GWh), un 95% superior
al del 2007. El incremento se ha debido tanto
a la evolución de las exportaciones,
que han aumentado un 19%, como al descenso
de un 30% del volumen de importaciones.
Al contrario de lo afirma
insistentemente Rosa Díez y el lobby
nuclear, es falso que España dependa
energéticamente de la importación
de electricidad nuclear de Francia.
+ Más
En la fila de un vuelo a
Salta, Greenpeace reclamó al gobernador
Urtubey que pare los desmontes
25 febrero 2009 - Buenos
Aires, Argentina — Tres activistas de Greenpeace
realizaron esta mañana una protesta
en el aeroparque porteño, donde colocaron
un cartel y repartieron folletos a los turistas
que abordaban el vuelo a Salta para reclamarle
al gobernador Urtubey que pare con la fiebre
de desmontes en la provincia.
Un activista desplegó
un cartel con la frase “Urtubey: Basta de
desmontes”, mientras otros dos miembros de
la organización ambientalista repartían
folletos invitando a los turistas que hacían
la fila para tomar el vuelo a Salta a sumarse
al reclamo.
La organización lanzó
así una campaña en la cual invita
a la gente a ingresar a su página web
para enviar un correo electrónico y
llamar al gobernador salteño y reclamarle
“que pare con la fiebre de los desmontes en
la provincia”.
“Teniendo en cuenta que
la deforestación es una de las principales
causas del desastre en Tartagal y que los
desmontes están afectando seriamente
a las comunidades indígenas que los
habitan, esperamos que el gobernador Urtubey
termine con los desmontes y presente un Ordenamiento
Territorial que contemple las evaluaciones
y las opiniones de las organizaciones ambientalistas
y de las comunidades que habitan los bosques”,
señaló Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Bosques
de Greenpeace.
El 17 de diciembre último,
la legislatura salteña aprobó
una ley de ordenamiento territorial seriamente
cuestionada por las comunidades indígenas
y organizaciones campesinas y ambientalistas.
Esta norma establece un plazo de 60 días
para que el poder ejecutivo provincial elabore
el mapa de las zonas de “alto valor de conservación
que no podrán transformarse”.
La ley aprobada por los
legisladores salteños no tomó
en cuenta el proyecto de zonificación
que realizó el Poder Ejecutivo provincial,
mediante la Unidad Ejecutora del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos, luego de realizar
talleres y reuniones consultivas con actores
locales de las diferentes regiones de la provincia,
durante el año pasado. Esta propuesta
establece cerca de 2 millones de hectáreas
para la Categoría I - Rojo (áreas
protegidas, que no permiten desmonte ni aprovechamiento),
aproximadamente 6.200.000 hectáreas
para la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento
sustentable, no permite desmonte), y alrededor
de 1.300.000 hectáreas para la Categoría
III - Verde (permite desmontes).
Salta es una de las provincias
con mayores niveles de deforestación
del país. Según datos de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, entre 1998
y 2002 la superficie deforestada en la provincia
fue de 194.389 hectáreas, mientras
que entre 2002 y 2006 se duplicó la
superficie desmontada, alcanzando las 414.934
hectáreas.
“Continuar con este ritmo
de destrucción de los recursos forestales
producirá un desastre ambiental y social
que afectará seriamente la biodiversidad,
el clima, la regulación hídrica,
a cientos de comunidades campesinas e indígenas
que dependen de los bosques para su subsistencia,
y a los habitantes de la provincia en general”,
afirmó Giardini.
