Paso
histórico que convierte a España
en uno de los primeros estados en ratificar
- 18 marzo 2009 - Madrid, España —
Madrid / Barcelona.- El pleno del Congreso
de los Diputados ha ratificado hoy, por asentamiento,
el Tratado de Prohibición de las bombas
de racimo. España se convierte así
en uno de los primeros países en incorporar
esta norma a su ordenamiento legal y da un
paso muy importante hacia el objetivo de lograr
treinta ratificaciones. Éste es el
número necesario para que el Tratado
entre en vigor y se convierta en norma del
Derecho Internacional.
Las organizaciones que trabajan
para lograr esta prohibición valoran
muy positivamente este paso y piden al Gobierno
que anime a otros países a seguir su
ejemplo para que el Tratado sea una realidad
lo antes posible.
El Tratado fue firmado el pasado mes de diciembre
en Oslo por 94 gobiernos, aunque hasta hoy
sólo cinco lo habían ratificado.
Con este paso, España se convierte
en uno de los primeros en hacerlo, poniéndose
a la cabeza en un proceso que va a llevar
a que las bombas de racimo queden prohibidas
a escala internacional.
El Gobierno español
ya había adoptado medidas unilaterales,
prohibiendo de facto la fabricación
y exportación de estas bombas, e iniciando
la destrucción de los arsenales en
poder del ejército español.
Sin embargo no se puede minusvalorar el paso
de la ratificación ya que es decisivo
para que el Tratado se convierta en una realidad
internacional. La Fundació per la Pau,
Justicia i Pau, Greenpeace y el Moviment per
la Pau han expresado su satisfacción
por estos hechos.
Ésta no es la única
buena noticia en relación con este
tipo de armamento en los últimos días.
El día 11 de marzo, el nuevo presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, firmó
una ley que prohíbe exportar la inmensa
mayoría de las bombas de racimo que
se fabrican en aquel país. Sólo
podrán exportarse las que tengan una
tasa de error inferior al 1%, es decir, que
menos de un 1% de sus submuniciones queden
sin estallar en los territorios donde se usen.
Además, se pide a los gobiernos receptores
que no las utilicen en zonas donde haya población
civil.
Se trata de un giro radical
en la política estadounidense en esta
materia, que acerca a este país al
camino elegido por la mayoría de la
comunidad internacional, y que permite albergar
más esperanzas de que finalmente puedan
también sumarse al Tratado. Además,
es relevante porque EEUU es uno de los principales
vendedores de armamento en el mundo. Por ejemplo,
parte de las bombas de racimo que Israel utilizó
contra Líbano en el verano de 2006
eran de fabricación estadounidense.
El Tratado que prohíbe
la fabricación, almacenamiento, uso
y venta de bombas de racimo es un paso histórico
en materia de desarme. Fue firmado en diciembre
de 2008 en Oslo por 94 gobiernos, y refleja
el consenso de la comunidad internacional
sobre que ciertos tipos de armas deben quedar
prohibidos por su impacto indiscriminado en
las población civil.
Es el caso de las bombas
de racimo, bombas “contenedor” que al ser
lanzadas y abrirse expulsan entre decenas
y cientos de submuniciones explosivas. Estas
armas matan a los civiles durante los bombardeos
y, después, ya que una parte de las
submuniciones no estallan y permanecen sembradas
sobre amplios territorios, actuando como minas
antipersonales durante años, e incluso
décadas, después de que los
conflictos hayan terminado.
Greenpeace pide a los líderes
europeos que den el primer paso hacia un acuerdo
climático internacional
La organización teme que la UE siga
escudándose en la crisis económica
para no asumir compromisos financieros para
salvar el clima19 marzo 2009
Madrid, España —
La Cumbre Europea que comienza hoy en Bruselas
es para Greenpeace una gran oportunidad para
mostrar el compromiso de la Unión Europea
(UE) en la lucha contra el cambio climático
a nivel global. El próximo mes de diciembre
debe alcanzarse un acuerdo climático
internacional que vinculará tanto a
los países desarrollados como a los
que están en desarrollo. Para empezar
a negociar, es necesario que la UE ofrezca
el apoyo financiero preciso para corresponder
al esfuerzo que se solicita de los países
más pobres en la lucha por el clima.
La organización espera
que los líderes europeos muestren su
apoyo al establecimiento de nuevos esquemas
financieros internacionales que permitan obtener
los fondos necesarios para la lucha contra
el cambio climático en los países
en desarrollo. Este gesto permitiría
a estos países recuperar la confianza
perdida en la cumbre de Poznan y facilitaría
el inicio de unas negociaciones internacionales
fructíferas de cara al acuerdo climático
global que debe alcanzarse en Copenhague.
Sin embargo, Greenpeace
considera que este paso debería ir
acompañado de la expresión de
las cifras concretas que van a dirigirse a
los países en desarrollo para la promoción
de energías limpias, a la protección
de los bosques y a la adaptación a
aquellos efectos del cambio climático
que ya son inevitables.
“Las inversiones necesarias
para el clima son ridículas en comparación
con las que se han destinado al rescate de
los bancos. Si llevamos las cantidades al
plano doméstico, podríamos decir
que nuestros líderes se han puesto
de acuerdo para pagarle una gran cena semanal
a los bancos pero están dudando cuando
se trata de invitar al clima a un café”,
ha declarado Aida Vila, responsable de la
campaña de Cambio Climático
y Energía de Greenpeace.
Según Greenpeace,
los países industrializados deberían
aportar 110.000 millones de euros anuales
para 2020, a los que la UE debería
contribuir en 35.000 millones y España
en 2.700. Estos fondos, exclusivamente públicos,
se destinarían a la lucha contra el
cambio climático en los países
en desarrollo en los siguientes campos:
40.000 millones de euros para inversiones
en energías limpias.
30.000 millones de euros para protección
de los bosques.
40.000 millones de euros para ayudar a los
países en desarrollo a enfrentarse
a aquellos efectos del cambio climático
que ya son inevitables.
Greenpeace hace un llamamiento a la UE para
que no pierda más tiempo y aproveche
la cumbre que empieza hoy para establecer
un plan concreto de financiación para
el clima. La organización considera
que el elemento clave en estas negociaciones
debe ser la voluntad conjunta de romper con
un pasado basado en la dependencia de energías
sucias y anticuadas y la apuesta por el futuro
prometedor que ofrecen la eficiencia energética
y las renovables.
Greenpeace defiende la apuesta
por las energías limpias como la opción
más favorable tanto a nivel climático
como en términos de crisis económica,
sobretodo en países líderes
en estas tecnologías como España.
”Apoyar la movilización
de fondos públicos internacionales
para inversiones verdes en los países
más pobres significa asegurar el desarrollo
de un sector líder en nuestro país
como es el de las energías renovables.
Por ello, no podemos permitirnos el lujo,
a nivel estatal, de dejar pasar esta oportunidad.
En España, luchar contra el cambio
climático puede ser sinónimo
de generar empleo”, ha añadido Vila.
+ Más
Greenpeace pedirá
a la Fiscalía General que recurra el
auto judicial sobre el Prestige
21 marzo 2009 - Madrid,
España — La organización considera
que los peritos demostraron que la decisión
de la Administración de alejar el barco
fue determinante para que se produjera la
mayor marea negra de la historia de España
Greenpeace considera que
las conclusiones de la fase de instrucción
crean un grave precedente ante futuros accidentes
marítimos puesto que abren un espacio
de impunidad frente a decisiones de la Administración
que como en el caso del Prestige provocaron
una marea negra que afectó a cerca
de 3.000 metros de costa.
Greenpeace considera que
la actitud errática de la Administración
alejando el
barco provocó la mayor catástrofe
ambiental que ha conocido este país.
Además, los peritos que han informado
la instrucción han ratificado que esta
decisión era la menos indicada. Por
estos motivos, los servicios jurídicos
de Greenpeace están estudiando el auto
y se dirigirán en los próximos
días a la Fiscalía General del
Estado para que lo recurra y se pueda corregir
este grave error. Además la organización
ecologista apoya las medidas hechas públicas
por Nunca Mais ante esta decisión.
La decisión tomada
por la Administración fue determinante
en el caso de la mayor marea negra de la historia
de este país que, además, exigió
enormes inversiones para extraer el fuel del
Prestige a más de 4.000 metros de profundidad,
lo que supuso un alto coste para las arcas
públicas.
Es inadmisible que los gestores
públicos responsables de la mayor catástrofe
ambiental de este país queden libres
de cualquier tipo de responsabilidad. Esto
abriría la puerta a que ante futuras
situaciones similares se opten por las mismas
medidas erróneas que se tomaron en
ese momento y que provocaron una catástrofe
ambiental sin parangón, además
de la mayor movilización social frente
un desastre ambiental que haya conocido este
país, ha declarado Mario Rodríguez,
Director de Campañas de Greenpeace
