La
acción habría tenido como fin
debilitar la campaña de oposición
de la organización ecologista a la
energía nuclear
01 abril 2009 - Madrid,
España — Tres personas que trabajaban
para la empresa eléctrica estatal gala,
Electricité de France (EDF), entre
ellos dos altos responsables de la compañía,
han sido inculpados por espiar a Greenpeace.
La organización ecologista estudia
emprender acciones legales contra la empresa.
Los hechos fueron descubiertos
durante una investigación policial
relacionada con una red de ciber-espionaje.
Una de las víctimas de esa red es Frederik-Karel
Canoy, colaborador de Greenpeace. Este hallazgo
llevó a la investigación a descubrir
niveles de espionaje mayores a Greenpeace.
Pierre Francois, segundo
máximo responsable de seguridad de
EDF y ex investigador de la policía,
habría contratado a una compañía
de inteligencia informática denominada
Kargus Consultants para vigilar las actividades
de Yannick Jadot, anterior director de Programas
de Greenpeace Francia.
Junto a Pierre Francois,
también han sido inculpados Thierry
Lorho -director de Kargus y antiguo miembro
de los servicios secretos franceses- y Alain
Quiros -el hacker encargado de conseguir la
información de Greenpeace. Tanto Pierre
Francois como Thierry Lorho han negado todas
las actividades. Sin embargo, Alain Quiros
ha declarado ante el juez que se le pidió
que obtuviera información de Greenpeace.
De acuerdo a la información recogida
por el periódico Mediapart, Pierre
François fue responsable de desarrollar
las actividades de inteligencia de EDF para
prevenir posibles ataques terroristas y también
para desestabilizar las campañas del
movimiento antinuclear, incluyendo a Greenpeace.
La “célula” liderada por Pierre François
se habría infiltrado en los grupos
antinucleares, a veces con el beneplácito
de los servicios especiales franceses de los
que provienen la mayoría de sus integrantes.
Esta red de espionaje es
otra nueva demostración de la incapacidad
de la industria nuclear de participar en un
debate democrático y abierto. Lo mejor
que sabe hacer es aplicar tácticas
de la guerra fría contra Greenpeace,
una organización ecologista y pacifista.
Greenpeace condena enérgicamente
el espionaje de EDF y la invasión de
la privacidad de ciudadanos y ONG. "El
espionaje de EDF es un síntoma del
secretismo inherente a la industria nuclear.
Repetidamente se demuestra que la industria
nuclear no casa bien con la democracia”, ha
declarado Rianne Teule, responsible de energía
nuclear de Greenpeace International.
Con el apoyo del presidente
Sarkozy, EDF, la compañía eléctrica
que opera todos los reactores nucleares franceses,
está haciendo una agresiva campaña
de marketing mundial para vender sus reactores.
Sin embargo, una expansión de la industria
nuclear significará una disminución
de la transparencia en el debate energético.
NOTA:
El escándalo ocupa desde ayer las portadas
de los medios franceses:
http://www.liberation.fr/societe/0101559335-espionnage-contre-greenpeace-une-affaire-considerable);
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.leparisien.fr
http://www.20minutes.fr/
+ Más
Greenpeace llevará
a la Generalitat a los tribunales por ocultar
información sobre la fuga radiactiva
de Ascó
Ni la Generalitat ni el
Consejo de Seguridad Nuclear han dado a conocer
aún la cantidad total de radiactividad
liberada al medio ambiente durante el escape
- 02 abril 2009 - Madrid, España —
Greenpeace llevará a la Generalitat
de Cataluña ante la Justicia para reclamar
la información sobre el escape radiactivo
de Ascó que el Ejecutivo catalán
le está denegando de facto. La Generalitat
está adoptando una actitud secretista
y está violando la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regula el acceso
a la información ambiental, al no responder
varias solicitudes de información sobre
el escape radiactivo realizadas por Greenpeace
hace meses. Esta Ley establece el plazo de
un mes para contestar ese tipo de peticiones.
El 5 de abril de 2008 Greenpeace
dio a conocer a la opinión pública
la existencia de un escape de partículas
radiactivas de Cobalto-60 que la central nuclear
de Ascó (Tarragona) había ocultado
durante varios meses y del que el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN), conocedor del
asunto con cierta anterioridad, había
guardado silencio.
A pesar de haber pasado
un año, ni el CSN ni la Generalitat
han dado a conocer aún la cantidad
total de radiactividad que salió al
medio ambiente exterior.
El CSN y la Generalitat
comparten la gestión de la Red de Vigilancia
Radiactiva Ambiental (REVIRA) en Cataluña.
Está demostrado que los monitores de
la REVIRA detectaron la fuga de partículas
radiactivas emitidas al medio ambiente por
la central nuclear de Ascó-1, que tuvo
lugar en varios episodios a partir del 29
de noviembre de 2007. La Generalitat se percató
de la existencia del escape cuando éste
ocurrió, pero prefirió guardar
silencio. Incluso encargó informes
técnicos al respecto, cuyas conclusiones
nunca han sido expuestas.
Ante esa situación,
Greenpeace tramitó dos solicitudes
de información ambiental al Departamento
de Economía y Finanzas de la Generalitat,
dirigido por el Conseller Antoni Castells,
responsable de la gestión de la REVIRA.
Tras haberse superado en más de ocho
y en tres meses, respectivamente, el periodo
de un mes para dar respuesta a tales solicitudes,
establecido en la citada Ley 27/2006, Greenpeace
ha presentado dos nuevos escritos en los que
reclama al Departamento de Economía
y Finanzas la información requerida.
Si en el plazo de un mes la Generalitat sigue
sin cumplir con la ley, Greenpeace la llevará
a los tribunales.
La información solicitada
es la siguiente:
- El 13 de junio de 2008,
Greenpeace introdujo en el registro (con el
número 0098E/4320/2008) una solicitud
para que le fueran proporcionadas las medidas
registradas, desde el 15 de noviembre de 2007
hasta el 13 de junio de 2008, por los monitores
de vigilancia de la radiación de la
red REVIRA y de la red de Protección
Civil que están ubicados en la provincia
de Tarragona. Hasta el momento, la única
respuesta a esta solicitud ha sido una carta
del Gabinete del Conseller, con fecha 26 de
junio, en la que se informaba a Greenpeace
de que se estaban tomando las medidas necesarias
para dar respuesta a su escrito. Desde entonces
no ha habido ninguna contestación.
- El 24 de noviembre de
2008, Greenpeace presentó en el registro
(con el número 0259E/3917/2008) una
segunda solicitud de información en
la que se inquiría sobre la existencia
de un estudio sobre el escape radiactivo encargado
por la Generalitat al profesor Carlos Tapia,
de la Universtitat Politècnica de Catalunya
(UPC), y en caso afirmativo se pedía
una copia del mismo. Greenpeace también
solicitó saber si la Generalitat había
encargado otros estudios acerca del escape
radioactivo de Ascó-1 o de otros incidentes
relativos a la seguridad en las centrales
nucleares catalanas, así como copia
de todos esos informes.
Para Greenpeace, la falta
de respuesta de la Generalitat a sus demandas
de información concuerdan con la política
ocultista y de sumisión al CSN que
el Gobierno catalán ha practicado desde
que la organización ecologista hizo
público el escape radioactivo de Ascó-1
en abril del año pasado.
Es la explicación
que da la organización ecologista ante
las declaraciones del Conseller de Política
Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat, Joaquim Nadal, quien expresó,
sin datos que sustentaran sus afirmaciones,
que el escape no había supuesto ningún
peligro para la población y el medio
ambiente. Esas mismas declaraciones fueron
repetidas por el Conseller de Interior, Joan
Saura, que rehusó establecer un programa
de seguimiento epidemiológico de la
fuga radioactiva. Sin embargo, de los datos
procedentes de la respuesta a una solicitud
de información ambiental de Greenpeace
al CSN se concluye que más del 86%
de las partículas radiactivas recogidas
por el CSN hasta principios de junio de 2008
producían una radiactividad suficiente
como para superar los límites legales
aplicables a miembros del público en
caso de contaminación interna.
En un intento de transmitir
a la opinión pública un esfuerzo
por tener algún tipo de control sobre
lo que acontece en las plantas nucleares catalanas,
Joan Saura anunció por todo lo alto
una serie de contactos con el CSN para obtener
un protocolo de notificación e intercambio
de información en relación con
sucesos en instalaciones o actividades nucleares
y radiactivas, y en situaciones de emergencia
radiológica. “Mientras que de cara
a la galería la Generalitat presumió
de haber forzado al CSN a mejorar los mecanismos
de información, negaba a Greenpeace
el acceso a la información ambiental
imprescindible para esclarecer los hechos
y que, por ley, debía transmitirnos
en menos de un mes”, ha declarado Anna Rosa
Martínez, delegada de Greenpeace en
Cataluña.
