15
abril 2009 - DF, México — Veinticinco
activistas de Greenpeace desplegaron una manta
para exigirle a Barack Obama, durante su visita
a México, y a Felipe Calderón,
que se comprometan de manera decisiva a tomar
medidas que permitan hacer frente al cambio
climático
En el marco de la visita
del presidente de Estados Unidos, Barack Obama
a México, Greenpeace desplegó
una manta gigante en la explanada del Monumento
a la Revolución con las imágenes
de Obama y del presidente mexicano Felipe
Calderón, con la leyenda “Save the
climate, act now!” (salven el clima, ¡actuén
ahora!).
Veinticinco activistas de
Greenpeace desplegaron la manta, de 12 por
18 metros, para exigirle a ambos mandatarios
que se comprometan a tomar medidas que hagan
frente al cambio climático y evitar
sus efectos catastróficos. Originalmente
la manta sería desplegada desde el
monumento, pero elementos de seguridad pública
del Distrito Federal lo impidieron.
“El encuentro de Obama y
Calderón abre la oportunidad para que
asuman el liderazgo que se necesita no sólo
para resolver temas como la inseguridad, el
narcotráfico, la migración o
la crisis financiera, sino también,
y en primer lugar, el cambio climático,
que es una amenaza global, y un fenómeno
cuyos impactos han sido devastadores sobre
ambas naciones. Les demandamos que incluyan
el tema en su agenda de trabajo y que lidereen
la estrategia mundial para hacer frente a
este desafío”, señaló
María José Cárdenas,
coordinadora de la campaña de cambio
climático y energía.
México ha hecho declaraciones
positivas sobre el cambio climático,
pero sus políticas no coinciden: si
bien el gobierno se ha comprometido en reuniones
internacionales a reducir un 50 por cierto
sus emisiones de gases de efecto invernadero,
en los hechos no ha puesto en marcha acciones
efectivas.
Sin embargo, en estos días
el gobierno de Felipe Calderón anuncia
la construcción de una nueva refinería
en el estado de Hidalgo, "y con ello
demuestra que en la política interior
impera el apego a los combustibles fósiles
causantes del calentamiento global mientras
que en los foros internacionales dice estar
comprometido para salvar el clima. Este doble
discurso es inaceptable”, afirmó Patricia
Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace
México.
Greenpeace demanda al presidente
Obama que demuestre su compromiso con el proceso
internacional hacia un acuerdo post Kyoto
mediante el establecimiento de un objetivo
general de su país de reducción
de sus emisiones del 25 por ciento por debajo
de los niveles de 11000 para el año
2020.
Las energías renovables
son tecnologías viables y comprobadas
para mitigar el calentamiento global como
lo demuestra la propuesta de Greenpeace denominada
[R]evolución Energética que
ha sido desarrollada en diversos países,
incluyendo Estados Unidos y México.
“Mediante la combinación
del potencial de México en energías
renovables con la capacidad tecnológica
y la influencia global de Estados Unidos,
ambos países pueden revolucionar el
panorama energético”, finalizó
Cárdenas.
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Denuncia Greenpeace a Calderón,
Cárdenas y Elvira por infringir leyes
sobre OGM
14 abril 2009 - DF, México
— Greenpeace interpuso una denuncia penal
ante la Procuraduría General de la
República (PGR), en contra de los servidores
públicos que infringieron la ley para
modificar su reglamento para permitir las
siembras experimentales de maíz transgénico
en México
Greenpeace interpuso una
denuncia penal ante la Procuraduría
General de la República (PGR), en contra
de los servidores públicos que, infringiendo
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM), modificaron su reglamento
para permitir las siembras experimentales
de maíz transgénico en México,
a pesar de que el país carece de un
sistema de salvaguardas de bioseguridad eficiente
y de que es el centro de origen y diversidad
del maíz.
La violación de la
LBOGM es constitutivo del delito de coalición
de servidores públicos, previsto en
el artículo 216 del Código Penal
Federal (CPF), que dice: “los que teniendo
tal carácter se coaliguen para tomar
medidas contrarias a una ley o reglamento,
impedir su ejecución, (…) se le impondrán
de dos a siete años de prisión
y multa de treinta a trescientos días
de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal en el momento de la comisión
del delito, y destitución e inhabilitación
de dos a siete años para desempeñar
otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Los funcionarios denunciados
son: el jefe del ejecutivo, Felipe Calderón
Hinojosa, el titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Alberto Cárdenas Jiménez, el
titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira
Quesada, y el secretario de Salud, José
Ángel Córdova Villalobos, quienes
de manera coordinada derogaron el artículo
octavo transitorio del reglamento de la LBOGM
para incumplir lo dispuesto en el artículo
2, fracción XI, relativo al Régimen
especial de protección del maíz;
y en el artículo 86, relativo a los
centros de origen y diversidad genética.
“Estamos presentando estas
denuncias penales porque lo que están
haciendo las autoridades con el maíz
no sólo es una amenaza para nuestra
biodiversidad, sino que también es
una abierta violación a las leyes aprobadas
en nuestro país. Si quienes tienen
que hacer cumplir las leyes y preservar nuestra
biodiversidad y proteger a nuestro campo no
lo hacen, es necesario que enfrenten su responsabilidad
por estas omisiones y rindan cuentas pública
y penalmente. ¡Basta de impunidad!”,
afirmó Patricia Arendar, directora
ejecutiva de Greenpeace México.
“Con esta denuncia solicitamos
a la PGR que tome las medidas precautorias
establecidas en la LBOGM y en el CPF para
impedir la continuación de los delitos
denunciados, así como que se ejerza
acción penal en contra de quien o quienes
resulten responsables de dichos delitos”,
afirmó Aleira Lara, coordinadora de
la campaña de agricultura sustentable
y transgénicos de Greenpeace México.
El pasado 6 de marzo fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados”
(LBOGM), el cual reforma el artículo
65, adiciona los artículos 66 al 73,
reforma el quinto transitorio y deroga el
octavo transitorio.
“Con estas nuevas disposiciones,
el ejecutivo federal le da la vuelta a la
ley para evadir su responsabilidad de crear
el régimen de protección especial
al maíz o expedir los acuerdos que
determinen los centros de origen y de diversidad
genética, así como las medidas
necesarias para su protección”, agregó
Aleira Lara.
La decisión del gobierno
mexicano de autorizar siembras experimentales
de maíz transgénico en México
es contraria incluso a las recomendaciones
hechas por el organismo responsable de la
biodiversidad en nuestro país, la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio).
Por medio de una comunicación
escrita, fechada el 9 de mayo de 2006 y remitida
al director en jefe del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), la Conabio urgió a tomar
medidas especiales respecto al maíz,
así como al apego al principio precautorio,
dado que “no todos los riesgos relacionados
con los organismos genéticamente modificados
en lo general ni en lo particular son conocidos”.
En el mismo sentido, en
comunicaciones dirigidas a la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (Cibiogem),
a la Sagarpa y a la Semarnat, el 7 de agosto
de 2006, el coordinador nacional de la Conabio,
dr. José Sarukhán Kermez, insistió
en que es fundamental condicionar la autorización
de las siembras de maíz transgénico
a la determinación de los centros de
origen y diversidad genética, así
como al establecimiento de un régimen
de protección especial al maíz,
recomendaciones que fueron desechadas con
la modificación al reglamento de la
LBOGM.
Una cita textual y contundente
de dicha carta enviada a las secretarías
establece que: La CN-Conabio (Coordinación
Nacional de la Conabio) se opone totalmente
a una liberación comercial de maíz
genéticamente modificado, ya que en
este caso y con razones de mucho peso, el
principio precautorio es ineludible por los
riesgos tan graves en que se colocaría
a las variedades de maíz en nuestro
país.
El gobierno mexicano tiene
un claro interés en que se otorguen
permisos para la liberación de maíz
transgénico en México, en el
mismo sentido que las empresas productoras
quieren comercializarlo en el mercado nacional;
dejando de lado los estudios científicos
que demuestran los daños al medio ambiente
y a la biodiversidad que provocaría
su siembra, así como los graves riesgos
que éste representa para la salud humana.
“Mientras no se publiquen
en el Diario Oficial de la Federación
los acuerdos y las normas oficiales mexicanas
relativas a la bioseguridad del maíz,
no será jurídicamente posible
el otorgamiento de permisos de liberación
de maíz transgénico al ambiente.
Sin un sistema de bioseguridad debidamente
instrumentado se carece de parámetros
jurídicos, científicos y técnicos
idóneos para garantizar la bioseguridad
del maíz. De ser autorizada la siembra
experimental de maíz transgénico,
los funcionarios acumularían un precedente
más de violación a la ley y,
por lo tanto, tendrán que asumir responsabilidad
legal ante todos los mexicanos”, finalizó
Lara.
