21
abril 2009 - Buenos Aires, Argentina — Greenpeace
denunció hoy que la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR), el organismo oficial
que debe cumplir con el plan integral de saneamiento
de la cuenca, muestra un funcionamiento errático
y sin liderazgo.
Como muestra de esta situación,
la organización ambientalista destacó
que, en lo que va del año, el organismo
no invirtió un solo peso en el saneamiento
del curso de agua más contaminado del
país, pese a que dispone de 135,4 millones
de pesos para todo este ejercicio, un 70 por
ciento más que el año anterior
(1).
Además, Greenpeace
presentó este martes un informe donde
realiza una evaluación crítica
de la actuación de la ACUMAR en los
diferentes aspectos que debe conformar el
Plan de Saneamiento al que la obliga el fallo
de julio de 2008 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. En dicho informe se incluye
una evaluación realizada en conjunto
con la Universidad de Exeter (Gran Bretaña)
que muestra que, en los últimos 10
años, la situación de las aguas
del Riachuelo no ha variado y en varios puntos
se evidencia un agravamiento de la situación.
Los resultados muestran que se mantienen altos
los niveles de sustancias peligrosas, entre
las que se destacan metales pesados, organoclorados,
pesticidas e hidrocarburos (2).
Como forma de ilustrar la
variedad de contaminantes presentes en la
cuenca, Greenpeace desplegó esta mañana,
sobre la boca del Riachuelo en su desembocadura
en el Río de la Plata, una decena de
globos flotantes con la inscripción
de los símbolos químicos de
las principales sustancias tóxicas
presentes en las aguas.
“Hace diez años realizamos
muestras y comprobamos la presencia de numerosas
sustancias peligrosas en las aguas. En febrero
de 2009, volvimos a tomar las mismas muestras
y, lamentablemente, confirmamos lo que temíamos:
que en diez años todo está igual
o peor y que los planes y anuncios oficiales
siguen sin cambiar la realidad de los casi
cinco millones de habitantes de la cuenca”,
sostuvo Juan Carlos Villalonga, director Político
de Greenpeace (3).
El 28 de julio de 2008,
en un fallo histórico, la Corte Suprema
de Justicia condenó al Estado Nacional
a sanear el Riachuelo y creó un Cuerpo
Colegiado, integrado por el Defensor del Pueblo
y un grupo de organizaciones no gubernamentales
(Greenpeace entre ellas) al que encomendó
el control de la sentencia dictada.
Entre los muchos incumplimientos
en los que incurrió la ACUMAR, el Cuerpo
Colegiado advirtió que hasta la fecha
no se realizó ninguna medición
sobre la calidad del aire y que los plazos
previstos no se condicen con lo exigido por
la Corte.
También indicó
que, hasta el momento, no se relocalizó
a las personas que viven sobre los basurales
y, pudo armar un mapa sociodemográfico,
los datos no son concluyentes para determinar
la población en riesgo.
El informe de Greenpeace,
basado en muestras de descargas líquidas
y sedimentos tomados en distintos puntos de
la cuenca, arrojó como resultado niveles
altos de sustancias contaminantes como nonilfenol,
que daña el sistema reproductivo; exaclorociclohexano
que es cancerígeno; clorobencenos,
que provocan alteraciones en el hígado,
los riñones y el sistema nervioso;
tolueno que afecta el cerebro y los riñones;
tetracloruro de carbono que daña los
riñones y el hígado; bromodiclorometano,
cloroformo y herbicidas (4).
La falta de liderazgo y
ejecutividad de la ACUMAR se demuestra en
especial en la baja utilización de
sus recursos asignados ya que en 2009 no invirtió
un solo peso en las tareas de saneamiento
y lo mismo sucedió durante los primeros
once meses de 2008 en los que se subejecutó
un 65% del presupuesto asignado.
“La Autoridad de Cuenca,
ACUMAR, es la gran responsable del incumplimiento
de las medidas y los plazos establecidos por
la Corte, el Gobierno Nacional es quien tiene
la responsabilidad de dotar a ese organismo
de la capacidad de gestión necesaria
para comenzar a revertir la situación
del Riachuelo, una situación que los
argentinos no podemos seguir tolerando”, concluyó
Villalonga.
+ Más
Tres accidentes en Garoña
en menos de un mes
Greenpeace pide al Gobierno
que ordene ya su cierre definitivo en 2009
24 abril 2009 Acción
de Greenpeace con sesenta activistas en la
central nuclear de Garoña.
Madrid, España — Dos paradas no programadas,
por fallos en las válvulas de seguridad
y en el generador principal, y una explosión
de un transformador eléctrico, nuevas
pruebas de la falta de seguridad de Garoña
Greenpeace considera que
los tres nuevos accidentes en menos de un
mes en la central nuclear de Garoña
(Burgos) demuestran su falta de seguridad.
Además de la parada forzosa de anoche
(el problema se produjo a las 23:10 según
Red Eléctrica Española) debido
a un fallo en el generador principal, el pasado
6 de abril se produjo otra parada no programada
debido a un mal funcionamiento en una de las
válvulas de alivio/seguridad de la
central nuclear, un problema que viene de
lejos y que nunca no ha sido resuelto satisfactoriamente.
Hay que sumar que el pasado
1 de abril, cuando Garoña procedía
a arrancar tras la parada de recarga que hizo
en marzo, se produjo una explosión
e incendio en un transformador eléctrico
de la central. Este suceso se mantuvo en secreto
por parte de Nuclenor (la propietaria de Garoña)
y se conoció porque Greenpeace y Ecologistas
en Acción informaron públicamente
de ello unos días más tarde,
gracias a las denuncias que les hicieron llegar
los vecinos de la zona.
Ante el cúmulo de
fallos en la central nuclear de Garoña,
conocidos a pesar del los esfuerzos de Nuclenor
por ocultarlos, Greenpeace pide al Gobierno
socialista, presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero, que no demore por
más tiempo la decisión de cerrar
definitivamente la central de Garoña
en julio de 2009, cuando acaba su permiso
de explotación.
“No hay ningún motivo
económico, ni energético, ni
medioambiental ni social al que el Gobierno
pueda agarrarse para incumplir su compromiso
de cerrar inmediatamente y de forma definitiva
la obsoleta y peligrosa central nuclear de
Garoña”, ha declarado Carlos Bravo,
responsable de la campaña Nuclear de
Greenpeace.
El PSOE tiene el compromiso
de “sustituir de forma gradual la energía
nuclear en España por energías
seguras, limpias, y menos costosas, cerrando
las centrales nucleares (…) potenciando el
ahorro y la eficiencia energética y
las energías renovables, la generación
distribuida y las redes de transporte y distribución
local”.
Greenpeace recuerda que
la central nuclear de Garoña está
totalmente amortizada desde hace años,
que su escasa producción eléctrica
está sobradamente compensada por el
incremento anual de la electricidad renovable,
que es una instalación obsoleta (fue
inaugurada en 1971), aquejada de graves problemas
de seguridad (serios problemas de agrietamiento
por corrosión), y que el rechazo social
que genera es manifiesto.
